94% de los contratistas cree que hay corrupción en la obra pública

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  • Son datos oficiales de un informe elaborado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que también revela ausencia de datos abiertos, fallas de transparencia y falta de coordinación normativa y legal con las provincias. Es decir, lo que el informe de Ruido muestra en la práctica.

“El 94% de los contratistas encuestados considera que existe corrupción en la contratación pública (25% expresaron que es muy frecuente), mientras que sólo 5% cree que no hay corrupción. 28% conoce directamente (no a través de terceros) a alguna persona o empresa que ha ofrecido dádivas para que se le adjudique un contrato de obra pública. La calificación promedio (en escala de 1 a 5) sobre la eficacia de las medidas anticorrupción fue de 2,3. Al preguntar a los contratistas encuestados en pregunta abierta cuál es el principal problema de la contratación pública argentina, la palabra de mayor frecuencia en 34 de las respuestas fue corrupción, por encima de otras como burocracia, pliegos, pagos, funcionarios y precio”.

Esa es una de las conclusiones más lapidarias de una evaluación prospectiva realizada en 2020 por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la Nación, que tuvo escasa repercusión mediática.

Se trató de un informe impulsado por el actual gobierno nacional, durante su primer año de gestión.

La evaluación fue realizada por un grupo de expertos independientes, nacionales e internacionales, con la participación y el apoyo de los directivos y funcionarios del MOP y sus entidades adscritas, la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), otros ministerios, entidades públicas, organismos de auditoría y control, organizaciones de proveedores y contratistas privados y organizaciones de la sociedad civil vigilantes de la contratación pública.}

Fue liderada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel N. Katopodis, con el apoyo del secretario de Gestión Administrativa, Guillermo Sauro.

  • En casi 7 de cada 10 provincias no se sabe cuántoi cuesta una obra pública.

Entre otros hallazgos se mencionan los siguientes:

Limitaciones de información. “La contratación de obras públicas tiene severas restricciones en materia de información. Fue difícil y oneroso construir el universo de la investigación y el equipo de expertos en información cuantitativa tuvo grandes dificultades para abordar su acopio, depurar las bases de datos, construir una muestra y acceder a datos relevantes en ella”.

Falta de garantías de participación y competencia.

Vacíos de coordinación, información y monitoreo. Carencia de indicadores adecuados para el monitoreo y la promoción de la innovación en materia de contrataciones de obra pública.

Dispersión e incompatibilidad de la información sobre contrataciones. Estas observaciones están estrechamente relacionadas con el relevamiento de Ruido sobre Obra Pública en las provincias, ya que muestra en la práctica lo que el informe oficial explica: “En el ordenamiento federal argentino, la función normativa/regulatoria nacional de la ONC en materia de contratación de obra pública no compromete a los marcos normativos, regulatorios y operativos de las provincias, municipios y otras entidades que poseen facultades para establecer sus propios marcos de gestión.

Consecuentemente, existen en el país múltiples prácticas de contratación, sin que exista entre ellas posibilidad de tener una visión de conjunto, realizar análisis comparados o identificar las mejores experiencias e innovaciones. Sin vulnerar las autonomías provinciales, hace falta acordar reglas básicas de generación e intercambio de información que puedan promover objetivos globales de competencia, eficiencia y transparencia.

Ausencia de datos abiertos. Los datos de conjunto publicados son incompletos y están desactualizados.

Hay fallas de transparencia y los procesos son ineficientes.

Rendición de cuentas. Los procedimientos actuales son débiles en rendición de cuentas y difícilmente evaluables.

Fallas en la gestión de los contratos y demoras en la ejecución. En relación a las prácticas relativas a la gestión de la ejecución se detectó que hay problemas significativos. Con mucha frecuencia los contratos no se implementan a tiempo: el 59% de las obras presentan retrasos, los cuales corresponden en promedio al 67% del plazo inicialmente pactado y pareciera que hay un acostumbramiento al retraso.

El acceso a la información por parte del público no es suficientemente adecuado y oportuno.

Falta de confianza para la denuncia de fraude y corrupción.

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