- Advierte sobre el «mal uso del sistema judicial” y muestra un incremento de la difamación penal y civil para obstaculizar la labor de periodistas.
Los delitos de difamación persisten en 29 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe y siguen siendo un arma contra periodistas, según los datos publicados en un nuevo informe de la serie Tendencias Mundiales en materia de Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de Comunicación de la UNESCO.
Los datos sobre el “uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión” muestran un incremento de la difamación penal y civil y de las Demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). El 80 % de los países del mundo aún criminalizan la difamación. Y siguen siendo un arma contra periodistas y blogueros.
También señala que en los últimos cinco años se han aprobado varias leyes nuevas para luchar contra la desinformación, la ciberdelincuencia o la incitación al odio, pero «con consecuencias potencialmente nefastas para la libertad de los medios de comunicación».
SLAPP y «búsqueda del foro más favorable»
El estudio pone de manifiesto el aumento de prácticas abusivas como la «búsqueda del foro más favorable», que se refiere a la práctica de seleccionar el tribunal en el que presentar una demanda basándose en la perspectiva del resultado más favorable, incluso cuando no hay ninguna o sólo una tenue conexión entre las cuestiones legales y la jurisdicción.
«Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) por parte de actores poderosos que quieren silenciar las voces críticas y socavar el escrutinio han ido en aumento en diferentes regiones. Han suscitado una gran atención por parte de defensores y organismos internacionales», apunta.
El verdadero objetivo de las SLAPP, según se explica, «no es ganar un caso judicial, sino abrumar al demandado mediante procedimientos judiciales prolongados, costas excesivas -incluso con riesgo de quiebra- y la carga psicológica correspondiente».
En este sentido, alerta que las SLAPP centradas en acusaciones de difamación se utilizan con frecuencia para «disuadir a los periodistas de avanzar en su trabajo, impidiendo la publicación o la retirada de determinados contenidos y disuadiendo a otros de cubrir los mismos temas».
