- El Gobierno no entregó información sobre las obras requeridas: en algunos casos son inaccesibles y en otros pide pagar hasta entre 35 mil y 74 mil pesos en fotocopias de expedientes.
Ruido intentó averiguar el desarrollo de cinco obras públicas bajo ejecución del Gobierno de Tierra del Fuego. Para esto se presentaron pedidos formales de acceso a la información, en el marco de la Ley Provincial 653 (de acceso a la información pública).
Una singularidad inicial es que el Gobierno de Tierra del Fuego no cuenta con direcciones electrónicas para realizar presentaciones de cualquier índole. Sólo figura una pestaña (Contacto) con un número de teléfono de línea fija que deriva en un conmutador que generalmente no responde llamadas.
Tampoco hay correos institucionales.
Las 5 obras requeridas:
1.Ampliación del Puerto de Ushuaia.
2. Refacción del Hospital Regional Ushuaia
3.Hospital Modular de la ciudad de Ushuaia, ubicado sobre la Avenida Costanera (Prefectura Naval Argentina y/o Jorge Garramuño y otra denominación, emplazado junto a la playa de contenedores del Puerto de la ciudad de Ushuaia)
4. Ampliación del Hospital Regional Ushuaia
5. Pavimentación de la Ruta 1 (Tramo Hostería Kaiken con la ciudad de Tolhuin sobre la cabecera del Lago Fagnano).
Respuestas
La Ley 653 establece un plazo de respuesta de 10 días hábiles con una prórroga que debe notificarse a la parte de igual plazo.
El 9 de diciembre de 2021 (un mes después de la presentación) la Dirección Provincial de Puertos envió una cédula notificando que la información se encontraba disponible en las oficinas institucionales, pero no digitalizada. Por eso era necesario abonar 4783 copias, a un valor de 7,50 pesos cada una, lo que arrojaría $35.873.
La presentación ante la Fiscalía de Estado
No habiendo obtenido respuestas de las restantes 4 obras, el 28 de diciembre se realizó una denuncia ante la Fiscalía de Estado.
El 11 de enero la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, desde su correo personal comunicó que era necesario abonar la cifra correspondiente a 9887 copias (74.152 pesos si costaran 7,5 cada una), referenciando la Ley Fiscal Provincial para fijar el valor por copia, a pesar de lo establecido por la Ley de Acceso a la Información que indica que no puede cobrarse tasa o impuesto por las copias solicitadas.
A su vez, se ofreció digitalizar los expedientes solicitados recién dos meses después de la solicitud. Lo que, hasta ahora, no ha sucedido.
En síntesis:
Ninguna de las obras solicitadas se encuentra digitalizadas.
El Gobierno de Tierra del Fuego no cuenta con canales electrónicos de comunicación.
Los últimos datos presupuestarios de obra pública publicados en forma global refieren a junio de 2021.
El gobierno cobra las copias solicitadas a valores que terminan siendo un obstáculo al acceso a la información.
El gobierno no dio detalle alguno sobre la obra de ampliación del HRU en los plazos que impone la Ley de Acceso a la información Pública y no dio respuesta alguna sobre la obra vial solicitada.
Polémica entre Vialidades
El Gobierno de Tierra del Fuego anunció la pavimentación de la Ruta Nª 1, en el tramo comprendido entre la hostería Kaiken y la bajada del lago de la localidad de Tolhuin.
Informó que la obra se realizaría con fondos nacionales. El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Enrique Sandri, explicó que las demoras se debieron a la «inacción de Vialidad Nacional, que es quien financia la obra», aunque la ejecución corre por cuenta de la provincia.
En principio, el ente provincial (DPV) licitó el proyecto a través de la Licitación Pública N°1/2021, con un presupuesto oficial de $595.907.508,53. La apertura se realizó 02/07/2021, sin intervención alguna de la Dirección Nacional de Vialidad.
La solicitud de fondos a la Nación fue presentada el 30/04/2021, 18 días antes de que el presidente de la DPV realizara el llamado a licitación, y nunca se presentó en la tramitación inicial el Estudio y Proyecto de Obra.
La DNV interviene a casi tres meses de la apertura de la licitación. Tomó intervención cuando el proyecto fue licitado y preadjudicado a la segunda propuesta en orden económico.
A esto hay que sumarle que el presupuesto no fue analizado inicialmente por las áreas técnicas de la DNV.
En el comienzo de la obra, a pesar del financiamiento nacional, no figuraba la aprobación por parte de las áreas técnicas de la DNV sobre las presentaciones que tendría que haber realizado la DPV.
La obra fue también observada por el Tribunal de Cuentas por detalles que desde el comienzo del contrato no han sido subsanados.
