- En sus 27 años de funcionamiento en Argentina, el Consejo de la Magistratura de la Nación recibió 5.170 denuncias, pero sólo 64 de las 4.910 que se cerraron terminaron con la sanción o remoción de magistrados y magistradas.
- En ese contexto, ACIJ publica la investigación “¿Justicia intocable?”, en la que evidencia los problemas de un mecanismo que torna remota la posibilidad de que la judicatura sea responsabilizada por sus actos.
Al analizar el comportamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), parecieran ser remotas las posibilidades de que jueces y juezas sean responsabilizados por mal desempeño o comisión de delitos.
En efecto, si se estudia lo que pasó con las 5.170 denuncias presentadas en los 27 años de funcionamiento del organismo, se observa que de las 4.910 denuncias que ya están cerradas, solo el 1,3% (64) llegó a una sanción o destitución del Jurado de Enjuiciamiento.
Problemas múltiples en el deber de control, que abarcan desde la falta de participación de denunciantes en las investigaciones e inacción de quienes las instruyen hasta la transgresión de las obligaciones legales de publicar los procesos y de brindar acceso a esa información, explican la edificación de una Justicia blindada.
A partir de la consulta de fuentes normativas, documentales y bibliográficas, del análisis de bases de datos oficiales y respuestas a pedidos de acceso a la información pública y de entrevistas a consejeros, denunciantes y especialistas en el tema, esta investigación del equipo de ACIJ/JusTA revela por qué la buena conducta como requisito para ejercer la magistratura nacional y federal se desvanece en nuestro país.
Muchas causas disciplinarias se encaminan al olvido, y ni siquiera funcionan como obstáculo para ascender al interior del Poder Judicial.
Casos paradigmáticos
Federico Villena. Juez federal del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nº 2. En 2023, fue denunciado por el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, por atribuirse de manera sistemática competencias que no le correspondían.
Por ejemplo, la intervención en una investigación por contrabando en el aeropuerto de Ezeiza; el sobreseimiento, como juez de feria y sin vista fiscal previa, de la hija de Hugo Moyano; y la investigación de una financiera fuera de su jurisdicción. Solo se solicitaron copias de los expedientes. La causa caducará el 1 de diciembre de 2026 si el Consejo no se expide.
Ariel Lijo. Juez federal del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4. En sus 22 años como juez recibió un total de 41 denuncias disciplinarias por irregularidades en el manejo de determinadas causas (en particular, de corrupción, como “Ciccone” y “Siemens”), y por situaciones de violencia e irregularidades que sucedieron en su juzgado.
En algunos de los expedientes no se pidió medida de prueba alguna y la mayoría de las denuncias fueron rechazadas. Aunque tenía denuncias en trámite, fue propuesto como candidato a la Corte Suprema.
Diego Hernán Papa. Juez nacional del Juzgado en lo Comercial N° 12 de CABA. En 2023, Diego Hernán Papa, había sido designado como camarista por el ex mandatario Alberto Fernández y aguardaba el acuerdo del Senado, donde su nombramiento había recibido el visto bueno de la Comisión correspondiente, cuando dirigentes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) encabezados por el secretario Julio Piumato solicitaron su investigación por supuesto maltrato y acoso laborales, entre otros hechos de posible mal desempeño.
Al momento del ingreso de la impugnación de la UEJN en el CM, Papa ya había salido indemne en tres procesos disciplinarios previos tramitados en el Consejo de la Magistratura (expedientes 158/2016 -”Del Río”-; 130/2019 -”Andreani”- y 214/2019 -”Centro de Asistencia Judicial Federal de la CSJN”-).
En un proceso donde intervinieron las comisiones de Acusación y de Disciplina, el CM recibió 58 declaraciones testimoniales y descargos del juez; debatió dos sanciones 2 posibles (dictamen de mayoría y dictamen de minoría) y, como ninguna logró la mayoría de votos exigida, la denuncia terminó archivada por el transcurso de tres años sin definicion (plazo legal de caducidad).
Mediante la Resolución 105/2026, el plenario del cuerpo resuelve archivar el caso del juez Papa tras constatar que habían transcurrido más de tres años desde la interposición de la denuncia (plazo de caducidad establecido en el artículo 7 de la ley 24.937).
La Resolución relata que, antes de disponer el archivo, el plenario había votado en forma sucesiva tres mociones sin lograr la mayoría de dos tercios: 1) aplicar al magistrado una multa del 30% del salario; 2) desestimar la denuncia o 3) sancionarlo con un apercibimiento. Mientras tanto y por el carril político, Milei sucedió a Fernández y retiró los pliegos judiciales pendientes de acuerdo en el Senado, entre ellos el del ascenso de Papa. Para cerrar este proceso disciplinario, el Consejo se tomó 1.121 días corridos (tres años y 25 días).
¿Intocables?
El hecho de que menos de 2 de cada 100 magistradas o magistrados denunciados hayan sido sancionados o destituidos genera interrogantes sobre la eficacia de estos procesos. Los problemas que exhiben hoy los mecanismos disciplinarios son múltiples: su opacidad impide que la ciudadanía controle el curso de las investigaciones, el bloqueo a la participación de quienes hacen las denuncias en esas instancias los priva de impulsar el avance de las causas y la arbitrariedad en la selección de quienes investigarán las denuncias puede determinar el éxito de un proceso o su fracaso.
A ello se suma la inacción del propio Consejo: entre 1999 y agosto de 2026, 469 denuncias caducaron por el mero paso del tiempo. 469 denuncias que quedaron sin investigar.
“¿Justicia intocable?” reúne datos oficiales del Consejo de la Magistratura, información extraída de respuestas a pedidos de acceso a la información pública presentados por ACIJ al organismo, testimonios de denunciantes y análisis de especialistas con el propósito de explorar el funcionamiento de la atribución de vigilancia sobre la magistratura.
Equipo de trabajo
(*) Equipo de investigación: Irene Benito, Celeste Fernandez, Clara Lucarella, Ezequiel Nino y Emir Salomón.
Edición de contenidos web: Pablo Boyé. Programación: Cristhian Sosa Zurita. Diseño: Catalina Magnetti.
Esta investigación del equipo de JusTA de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia fue elaborada con el apoyo de una beca de IPYS-AECID.
