Secreto absoluto en Tucumán

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  • Por segunda vez consecutiva, el Gobierno de Tucumán no aportó los datos requeridos para el informe sobre las compras y contrataciones del Estado en el marco de la pandemia de coronavirus.

Los pliegos y las adjudicaciones relativos a estas operaciones no son publicados en las distintas plataformas de la Provincia, como el Boletín Oficial y el resto de los sitios web estatales (Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, Economía, etcétera).

Tucumán es una de las provincias de la Argentina sin ley de Acceso a la Información Pública, ya sea a través de la adhesión a la ley nacional 27.275 o mediante la puesta en vigencia de una normativa provincial.

A pesar de esto, se presentaron pedidos de informes ante la Secretaría General de la Gobernación (SGG) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) el 21 de mayo de 2021. Generaron los expedientes 755 y 756-110-L-2021 (SGG) y 2.977-400-2021 (MSP).

Los escritos requerían datos sobre «todas las compras y contrataciones públicas relacionadas con motivo de prevención, control y lucha contra la pandemia de coronavirus, de todos los organismos provinciales que las hubieren realizado, ya sean de la administración central, entes autárquicos o descentralizados, y cualquier otro tipo de sociedad que integre el Estado provincial, desde enero a marzo de 2021».

El abogado constitucionalista Luis Iriarte describió el escenario en Tucumán en materia de acceso a la información pública: “Hay un secretismo tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, y eso es lo más anti republicano que uno pueda concebir. La publicidad es uno de los elementos que conforman el concepto de república; entonces, si no hay acceso a la información pública y hay secretismo, no hay república. En consecuencia, estamos ante un régimen realmente autoritario, que favorece casos de malversación de fondos públicos. Es un tema que debe debatirse. Es preocupante”, indicó Iriarte, quien en abril pasado se jubiló como docente de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.

“En Tucumán, ni siquiera podemos saber cómo gasta el Poder Ejecutivo los fondos públicos que se recaudan todos los años. La Cuenta de Inversión (un informe contable sobre la aplicación anual de los recursos presupuestados) que envía el gobernador a la Legislatura nunca se trata, a pesar de lo ordenado a nivel constitucional. Es un problema de gravedad institucional, y la oposición tampoco cumple con sus deberes”, insistió Iriarte.

El abogado tiene experiencia en haber recurrido a los tribunales provinciales por esta temática. Hace casi un año, planteó una acción de amparo para acceder a la información relativa a la administración de los recursos en el Poder Legislativo (sobre todo, a la contratación del personal). En ese sentido, consideró que “por ahora” el balance “es positivo”, dado que se llegó a la finalización del proceso y se está a la espera de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). De todos modos, aclaró que el máximo tribunal provincial “está en mora”. “Una vez vencido el período de pruebas, tiene 48 horas para dictar sentencia. Pero ya pasaron varias semanas, y la CSJT no emite (el fallo)”, explicó Iriarte.