- Un cartel de obra con la firma de la gobernadora en el edificio del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz motivó un reclamo al presidente del organismo. Finalmente fue retirado.
En el último relevamiento de Ruido se comprobó que más de la mitad de los gobernadores e intendentes hacen uso de fondos públicos para publicitar su imagen junto a las obras de gestión y/o su nombre en publicidad oficial. Tal práctica va en contra de las indicaciones de la Ley de Ética Pública 25.188.
Entre esos funcionarios no figuraba la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
Pero luego de la publicación de Ruido, apareció en Río Gallegos un cartel de obra pública que incluye el nombre de la mandataria provincial, junto al detalle técnico de la ampliación del edificio del Tribunal de Cuentas. Esto dio origen a una nota de la vocal de ese organismo, Yanina Gribaudo, dirigida al presidente del mismo, solicitándole que adopte medidas ante una acción que transgrede la Ley de Ética Pública que prohíbe a los funcionarios imprimir sus nombres propios o imágenes en publicidades oficiales. Finalmente, en menos de una semana el cartel fue retirado.
De acuerdo a la noticia, publicada originalmente en winfo, el letrero apareció el jueves 14 de julio en el edificio del Tribunal de Cuentas. La nota fue elevada el 18 de julio al presidente del organismo, Carlos Ramos, por la vocal por la minoría. «El Gobierno usa los recursos públicos para promocionar a sus dirigentes y no respeta las leyes vigentes», aseguró Gribaudo a Winfo, en tanto que opinó que las autoridades máximas son las que «deben dar el ejemplo y ser las primeras en cumplir todas las leyes».
Gribaudo, en la nota elevada a Ramos, alude al artículo 42 de la ley de Ética en la Función Pública 25.188, en donde se lee que «la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal o de las autoridades o funcionarios públicos».
Las provincias se defienden alegando que la ley no obliga a aquellos distritos que no adhirieron a la misma.
Entre quienes sostienen lo contrario, el constitucionalista Rodrigo López Tais señala que el universo comprendido por la norma alcanza a todos los empleados y funcionarios del Estado. Además, el abogado afirma que “el hecho de utilizar fondos públicos en beneficio personal para dar publicidad a una persona en particular, es considerado una conducta contraria a la ley”.
