Santa Cruz, bajo la sombra de Lázaro

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  • La Provincia cuenta con una ley de Acceso a la Información, pero las dependencias no siempre responden. Cuando lo hacen incumplen plazos o las respuestas son incompletas. La historia de la autovía entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, el emblema de la corrupción en la obra pública de la provincia.

Santa Cruz no cuenta con un portal de Licitaciones donde publique los llamados o los procesos de compra. La única herramienta web disponible se encuentra en la página oficial de la provincia, bajo la pestaña “Puertas Abiertas – Licitaciones”.

Allí están publicadas desde 2017 algunos llamados a licitación de diferentes áreas, de forma salteada e incompleta. Un recorrido por las 39 pestañas con 10 licitaciones cada una permite observar que los llamados no están separados por área de gobierno. Esa es la única información accesible, pero no es posible realizar a través de la web un seguimiento de las obras, de quienes fueron los adjudicatarios, si hubo redeterminaciones de precios, si las obras se concretaron o bien si quedaron inconclusas.

En cuanto a los Boletines Oficiales, los mismos se encuentran digitalizados en formato PDF desde 1999, pero tienen dos grandes falencias: no respetan el orden cronológico de las medidas de gobierno y se publican con retraso de varios meses y sin orden numérico. Esta situación impide analizar la continuidad de los actos administrativos de gobierno, incluido el devenir de las licitaciones, dado que las publicaciones salen con retraso y en forma caótica.

Para esta investigación se realizaron dos pedidos de acceso a la información en octubre de 2021 y se reiteraron el 15 de diciembre. Uno de ellos fue presentado ante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, IDUV, con la consulta sobre dos obras que involucraban hospitales públicos, pero no fue respondido.

El segundo fue presentado ante la Administración General de Vialidad Provincial en fechas similares, para solicitar información sobre cinco rutas anunciadas. El 15 de enero, el organismo respondió que las obras –que fueron anunciadas oficialmente- aún no estaban en ejecución.

Es importante consignar que si bien Santa Cruz cuenta con ley de Acceso a la Información Pública desde 2017, la reglamentación suele complicar los pedidos de Acceso, dado que debe ser presentada en soporte papel y en forma personal por el solicitante. Es decir, sólo puede ser presentada en Río Gallegos, la capital provincial, y no hay posibilidad de dar continuidad al trámite a distancia, ni vía web o telefónica.

Lo que se consiguió

La información obtenida para este informe responde al rastreo en publicaciones oficiales de gobierno sobre las obras, y al expediente investigado por la vocal de la minoría en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Y a otros expedientes judiciales además de información periodística.

De todos modos, al no tener respuesta de los organismos oficiales, no pudimos establecer cómo fue el proceso de redeterminación de precios en el caso de la obra “Ampliación Servicios de Guardia Pediátrica Hospital Río Gallegos”.

En tanto que para la obra testigo se recopiló información en la causa caratulada “Grupo Austral y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, causa 5048/2016.-

Diferencia entre contrato original y monto final

Ampliación Servicios de Guardia Pediátrica Hospital Río Gallegos: la obra fue licitada por $ 11.425.000 en diciembre de 2016. Es decir, por el equivalente a $72.638.009 en precios actuales (de febrero 2022).

La obra de la Ampliación de Guardia Pediátrica Hospital Río Gallegos estaba prevista a realizarse en un plazo inicial de 12 meses y una fecha de finalización en agosto de 2018. Sin embargo, recién fue puesta en marcha en enero de 2021.

En el medio hubo una paralización de la obra, cuyo expediente y procesos fueron observados en el Tribunal de Cuentas de la provincia, por la vocal de la minoría, Yanina Gribaudo. Los peritos del organismo encontraron un marcado retraso en los plazos de ejecución y falta de documentación respaldatoria en los adicionales de obra, entre otros aspectos. Las observaciones derivaron en una denuncia penal presentada en el juzgado de instrucción N°1 de Río Gallegos, como parte de una múltiple denuncia en la justicia de Santa Cruz.

En agosto de 2020 el gobierno provincial informó, a través de su área de prensa, un monto final de $30.000.000. Es decir, por el equivalente a $56.355.346 en precios actuales (de febrero de 2022), en tanto que se precisaba que el plazo de la obra era de 4 meses y, dados los avances, estaría terminada en septiembre de 2020.

Emblema de la corrupción

La autovía Comodoro Rivadavia-Caleta Oliva sobre la Ruta Nacional 3 fue uno de los 51 casos estudiados por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, que investigaron lo que denominaron como un “plan criminal” encabezado por Néstor y Cristina Kirchner para supuestamente enriquecer a su amigo y socio Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz.

Por esta causa imputaron a 34 personas y la expresidenta Cristina Kirchner fue indagada por primera vez como acusada de un hecho de corrupción en la causa conocida como “Vialidad”. El juicio oral en el Tribunal Oral Federal N°2 aún está en curso.

La autovía atravesó varios procesos licitatorios, empezó la construcción pero quedó abandonada en varias oportunidades y aún está inconclusa, pese a tratarse de una obra medular para las dos provincias, que une la actividad económica en el polo petrolero patagónico.

El proyecto original de la Autovía Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia se financió con fondos nacionales que fueron ejecutados por Santa Cruz a través de la Administración General de Vialidad Provincial y constaba de tres tramos adjudicados por primera vez en 2008 por un monto total de $674 millones. El monto equivale a $32.175 millones al actualizarlo por inflación (a precios de febrero de 2022).

Tras sucesivas actualizaciones de costo, el monto total de la obra ascendió a $2.892 millones, de acuerdo a los datos denunciados por la Dirección Nacional de Vialidad en marzo de 2016, cuando fue rescindido el contrato, y contaba con un avance de obra inferior al 30%. Al actualizar el monto de 2016 a precios actuales, el presupuesto equivaldría a $22.564 millones.

Los tramos:

1) “Comodoro Rivadavia km. 1.843-1.867”, adjudicada por $214.046.867 a Kank y Costilla SA.

2) “Km 1.867KM 1908,6-Caleta Olivia” adjudicada por $313.592.865 a la empresa Austral Construcciones.

3) “Circunvalación Caleta Olivia”  adjudicada por $146.110.804 a Austral Construcciones.

En 2016, las obras fueron licitadas otra vez, con un presupuesto inicial de 1.900 millones de pesos, es decir, el equivalente a $14.824 millones en precios actuales (de febrero 2022)  y fue adjudicada a CPCSA, empresa del empresario chubutense Cristóbal López. Sin embargo, entre una catástrofe climática y las denuncias del organismo vial contra la empresa por el atraso en las obras, la misma quedó nuevamente paralizada en 2017. En 2021 se hizo una nueva licitación.

Para los tramos 1 y 2 el presupuesto se definió en $9.994 millones, es decir, el equivalente a 11.971 millones.

Licitación N 26/07 expediente N 16957/2008 – Tramo KM 1867 a KM 1908,6 Caleta Olivia.

Para los efectos de la presente investigación se realizó el seguimiento del tramo de la RN3 entre el “Km 1.867 y el km 1.908,6”: fue licitada en 2007 y adjudicada en julio de 2008 por un monto de $314 millones que, actualizado por inflación, equivale hoy a $14.970 millones (en precios de febrero de 2022). El plazo inicial fue de 36 meses, pero  se amplió a 113 meses, pese a ello el avance de obra no alcanzó al 30%, según el informe de la DNV de 2016 cuando se rescindieron los contratos a Austral Construcciones.

En 2021 se hizo una nueva licitación, por el mismo tramo de ruta (entre el Km 1.867 y el km 1.908,6), esta vez para realizar “obras faltantes”. El 28 de diciembre, la obra fue adjudicada otra vez a CPC SA por la suma de $ 6.693 millones con un plazo de obra de 30 meses. Es decir, el equivalente a 7.280 millones en precios actuales (de febrero de 2022).  En este caso, el monto presupuestado equivale, en precios constantes, al 49% del presupuesto de la licitación adjudicada en 2008.

En la “Causa Vialidad”, cuyo juicio oral aún está en curso, se investiga a funcionarios nacionales y provinciales por la presunción de haber integrado una asociación ilícita para favorecer al empresario santacruceño Lázaro Báez y que le habrían costado al Estado nacional $16 mil millones.

La investigación judicial puso así la lupa sobre los hechos ocurridos con la obra pública en Santa Cruz, en el período 2004/2015, que se basaba en un convenio particular firmado entre la Dirección Nacional de Vialidad con la Administración General de Vialidad Provincial por medio del cual se delegó a esta última la responsabilidad del llamado a licitación, contratación, inspección, medición y pago de los certificados de las obras viales que se realizaron en la provincia de Santa Cruz con fondos nacionales.

Si bien la obra conecta las dos provincias, en este caso el control estaba en manos de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, provincia donde la obra pública fue la acción visceral del gobierno tanto entre 1991 y 2003, como entre 2003 y 2015.

Para explicarlo mejor e interpretar esos vínculos, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que instruyeron la causa, se valieron de una suerte de cuadro genealógico para visibilizar la operatoria donde los funcionarios se interconectaban para decidir obras, ampliar partidas presupuestarias, realizar licitaciones y determinar el principal destinatario de la obra pública en Santa Cruz.

Al dibujar el flujo del dinero, los fiscales, a través de las pruebas de vínculos y transacciones recolectadas en la causa Hotesur, plantearon como hipótesis que los fondos de la obra pública terminaron en las sociedades y hoteles de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Y también recrearon de qué manera ubicaron en lugares claves a viejos conocidos. Los contratos fueron rescindidos con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, y las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad presentaron la denuncia federal por sobreprecios por esta y por otras 50 obras, Baéz quedó detenido y se inició la debacle de sus empresas que cerraron en la provincia.