Salta: La Corte se niega a transparentar sus sueldos

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  • La Justicia salteña rechazó la apelación de Salta Transparente por un pedido de acceso a la información pública sobre los sueldos de la Corte provincial.

La Corte de Justicia de Salta resolvió rechazar el recurso de apelación que presentó la organización Salta Transparente contra la sentencia que rechazó la acción de amparo para conocer los sueldos de los jueces del máximo ente judicial. Con un fallo dividido, con una votación de cinco votos contra cuatro, esta información pública continuará siendo secreta.

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Los antecedentes del caso

El 11 de agosto de 2020, ante la negativa de la Corte a proveer información relativa a las remuneraciones percibidas en los últimos dos años por los jueces de la Corte de Salta, Salta Transparente interpuso una acción de amparo ante el juez Leonardo Araníbar, vocal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. 

El juez rechazó el amparo y la organización apeló.

En este marco, dada la materia del litigio, se constituyó una Corte ad hoc, enteramente conformada por camaristas de distintos fueros.

Cabe remarcar que posterior a la demanda, el Poder Judicial comenzó a publicar en su página web las escalas salariales de su personal, incluidos los magistrados. Sin embargo, estas publicaciones no informaban el total de los ítems percibidos en los salarios, ni permitía conocer con certeza los montos.

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La sentencia de la Corte Ad Hoc

Recientemente, el 11 de agosto de 2022, en fallo dividido, la Corte Ad Hoc rechazó el recurso de apelación.

Los jueces que votaron por el rechazo fundaron sus votos en cuestiones como: a) el supuesto carácter “personal” de los datos solicitados, que eximiría al Poder Judicial de la obligación de publicarlos (Arias Nallar), b) que la publicación en la página web del Poder Judicial ostenta “contenidos mínimos suficientes” (Arancibia) c) Lávaque estimó que al no haber pruebas de que existieran conceptos adicionales a los publicados en la página web no podría realizarse un informe formal sobre la existencia y entidad de las “sobreasignaciones”.

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Los cuatro jueces de la minoría destacaron la diferencia entre la llamada “transparencia activa”, que es la obligación legal de mantener publicada y disponible cierta información, y la obligación de proporcionar información a requerimiento de los ciudadanos. 

Mientras la primera es un piso mínimo, la segunda debe regirse por el principio de máxima divulgación. 

Coincidieron, por otro lado, en que tampoco puede decirse que la publicación de la página web del Poder Judicial cumpla siquiera con el estándar mínimo de la transparencia activa fijado por la ley 27.275, dado que ha quedado evidenciado que la información publicada respecto de las escalas salariales es incompleta.

Accedé al texto completo de la sentencia.