Por qué Argentina deja de recaudar más de un billón y medio de pesos cada año

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AFIP continúa sin esclarecer la información -que debe ser pública- relativa al régimen de reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos. 

 ACIJ presentó una solicitud de acceso a la información pública con el fin de obtener una respuesta que complemente la información relativa al régimen de reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos, previstos mediantes Ley 23.018 y Decreto 2.229/2015. Este pedido fue realizado en noviembre de 2018 y aún continúa sin respuesta.

Este régimen fiscal es uno de los diversos beneficios también denominados genéricamente gastos tributarios, exenciones o incentivos fiscales. En 2015 y 2016 este beneficio fue aplicado a 149 exportadores pero no se publicó y aún no se ha publicado información respecto a las cantidades o porcentajes percibidas por estos, denuncian desde ACIJ.

Estos beneficios otorgados se traducen en recursos que el Estado deja de percibir aplicando tratamientos impositivos diferenciales que operan como transferencias de recursos públicos a través del sistema tributario, y que de esta manera reducen la carga tributaria de determinados contribuyentes, a fin de alcanzar ciertos objetivos económicos y/o sociales, expresan desde ACIJ en pedido de acceso a la información.

Por este beneficio otorgado, cada año Argentina deja de recaudar alrededor de $ 1.587.258.000.000 en concepto de gastos tributarios, es decir más de un billón y medio de pesos, monto que representa entre el 2 y el 3% del Producto Bruto Interno, el 12% del gasto público o más de 4 veces la Asignación Universal por Hijo/a, afirman desde ACIJ.

La información relativa a transferencias de fondos estatales -como lo es la solicitada por ACIJ en este caso- reviste evidente interés público y es indispensable para un adecuado escrutinio, control social y debate por parte de la ciudadanía. Sin embargo, y a pesar de su alto costo fiscal, los gastos tributarios aún se definen y ejecutan de forma opaca y poco participativa

Sobre el Caso

En 2018 el pedido de acceso a la información pública presentado por ACIJ fue derogado a través del Decreto 1199/2016, entre otros argumentos, por significar “un desmesurado sacrificio fiscal de las cuentas públicas”

En respuesta la Agencia de Acceso a la Información Pública intimó a la AFIP a entregar toda la información pública solicitada por ACIJ y señaló que el Estado debería publicar dicha información activamente en el marco de las obligaciones de la Ley 27.275 (art. 32 inc. f), en tanto se trata de transferencias de recursos públicos. Sin embargo, el organismo recaudador desconoció la resolución de la Agencia y se rehusó a entregar la información, limitándose a invocar -en primer lugar- la excepción de datos personales y -tardíamente- la del secreto fiscal, sin justificar por qué debía privilegiarse la protección del interés privado de empresas que recibieron beneficios impositivos por sobre el interés público comprometido en el caso. 

Frente a la denegatoria de la AFIP, ACIJ presentó una demanda judicial reclamando el cumplimiento de la resolución de la Agencia. Luego de una arbitraria sentencia de primera instancia, la asociación obtuvo una decisión favorable de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que ordenó entregar la información pública relativa a las personas y empresas beneficiadas por el régimen de promoción de puertos patagónicos.

La Cámara confirmó que los datos requeridos por ACIJ resultaban de carácter público, en tanto habían sido entregados a la AFIP por parte de contribuyentes para percibir un beneficio tributario, lo que implica una excepción al principio general de igualdad que rige las cargas públicas (art. 16 de la Constitución Nacional). También indicó que dicha información no está protegida por el secreto fiscal dado que no se refiere a declaraciones ni manifestaciones para la percepción de tributos, sino que se trata de beneficios promocionales. 

Pese a esta decisión de la Cámara, la AFIP recurrió la sentencia para que la Corte Suprema de Justicia resuelva el caso, y todavía mantiene en secreto la información sobre las empresas beneficiarias de exenciones fiscales. El recurso se encuentra en trámite ante el máximo tribunal, instancia ante la cual la Procuradora Laura Conti ratificó que la información sobre montos y beneficiarios de gastos tributarios no está protegida por el secreto fiscal.

Accedé al dictamen de la Procuración acá.

La demanda puede consultarse acá

Sentencia de primera instancia

Sentencia de Cámara