Siete intendentes y cinco ex intendentes de Tucumán, Catamarca y Salta están sospechados de utilizar los fondos de sus municipios para el lavado de activos, al comprobarse que extrajeron por su cuenta o por vía de terceros autorizados la friolera de $39.487.306.943,14 en distintos períodos entre 2023 y 2024.
Lo hicieron mediante el cobro de cheques por ventanilla y la mayoría no justificó los motivos de esas extracciones, que en muchos casos se hicieron con un sistema de “hormiga”.
La UIF (Unidad de Información Financiera) advirtió a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) que el mayor número de extracciones coincidió con las fechas en las que se realizaron las elecciones municipales, provinciales y nacionales de 2023.
El grueso del dinero denunciado se retiró de bancos en Tucumán: son más de $36.840.000.000, que representaron el 93,3% del total de lo denunciado. En Catamarca se retiraron $2.508 millones, lo que pretendió justificarse con el pago de personal no bancarizado y becados, pero sin documentación que lo respaldara. En San Carlos, Salta, se extrajeron 131,7 millones pero además el intendente recibió en su cuenta dinero que se transfirió desde el municipio.
Las actuaciones se giraron a las distintas dependencias de la Justicia Federal, que investigan si es que existió lavado de dinero de orígenes delictivos.
En Tucumán, la sospecha es que el dinero se depositó luego en cuentas que lo utilizaron para comprar dólares MEP. Uno de los acusados negó esta posibilidad.
En el último informe que le dio al Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete Guillermo Francos recibió cuatro preguntas sobre este tema pero no dio mayores precisiones. La explicación oficial fue que “no existe prescripción normativa alguna que autorice a la UIF a compartir y/o divulgar la información que eventualmente pudiera existir en los registros”.
Los municipios donde se detectaron las maniobras
Hay ocho municipios en la lupa: cuatro de Tucumán (Banda de Río Salí, Famaillá, Monteros y San Isidro de Lules), tres de Catamarca (Icaño, Corral Quemado y Belén) y uno de Salta (San Carlos).
En Tucumán se retiró 93,3% del total:
- $17.256.585.514 en la Banda de Río Salí. Están implicados Jorge Darío y Gonzalo Darío Monteros, padre e hijo. El primero fue intendente y ahora es ministro del Interior de Tucumán. El segundo es el actual intendente.
- $11.449.650.000 en Famaillá. Están implicados Enrique y José Orellana, hermanos mellizos. Se alternan la intendencia hace 34 años. Enrique es el actual intendente, José es el exintendente y ahora es legislador.
- $4.217.726.577,99 en San Isidro de Lules. Están involucrados Francisco Serra padre y Francisco Serra hijo. El padre fue intendente y es legislador actualmente. El hijo es el actual intendente.
- $3.923.287.500,5 en Monteros. Está involucrado el exintendente Carlos Sebastián Gallia, que actualmente es legislador.
En Catamarca se retiró el 6,3%:
- $1.113.312.192.65 en Icaño. Está involucrado el actual intendente, Franco Carletta.
- $771.000.000 en Corral Quemado. Está involucrado el actual intendente, Osvaldo Isidro Gómez.
- $623.996.158 en Belén. Está involucrado el exintendente Daniel Ríos.
En Salta se retiró el 0,4%:
- $131.749.000 en San Carlos. Están involucrados el exintendente Héctor Raúl Vargas y la actual intendenta María del Carmen Vargas. La última denunció a su antecesor por la maniobra, pero el retiro de fondos siguió existiendo.
Qué pasó en Tucumán
- La Banda del Río Salí
El exintendente Jorge Daría Monteros y el intendente Gonzalo Darío Monteros, padre e hijo, están apuntados por ser parte de los responsables de la extracción de cheques por ventanilla de un total de $17.256.585.514 pesos, en el período de un año y medio entre enero de 2023 y junio de 2024.
Para justificar las extracciones en efectivo, el intendente aseguró en mayo de 2023 que el dinero fue para “pago de haberes del personal no bancarizado a fin de evitar posibles situaciones conflictivas”, pero la UIF rechazó los argumentos al señalar que esa informalidad no permite determinar qué tipo de servicios habría brindado el personal y si efectivamente fueron realizados, además de que no era posible establecer la trazabilidad de los fondos extraídos.
A la UIF le llamó la atención la cantidad de operaciones concertadas en un mismo día, y a modo de ejemplo señaló que el 10 de mayo de 2023 se extrajeron $340.000.000 en efectivo mediante 12 operaciones.
Además, se determinaron dos períodos concretos en los que hubo mayor flujo de extracciones: entre abril y junio de 2023, y entre agosto y octubre del mismo año. Este patrón coincidió con la campaña y las fechas de las elecciones provinciales de Tucumán (de junio de 2023), las PASO y las elecciones generales de ese mismo año.
Esas operaciones se realizaron con cartulares (autorizaciones firmadas) por importes superiores a $50.000 instrumentadas por al menos dos de los firmantes de las cuentas del municipio, entre los que estaban los dos Monteros, el tesorero Manuel Enrique Padilla, el contador general Luis Crescencio Plaza, el secretario de Hacienda Fernando Bautista Arias y la secretaria María Eugenia Padilla.
La UIF catalogó las extracciones como “sospechosas” en los términos de la ley de lavado de activos de origen delictivo, concluyendo que ese flujo de fondos públicos extraído en efectivo realizado sin justificación económica pudo haber sido utilizado, al menos en parte, para fines electorales.
Jorge Darío Monteros es el actual ministro del Interior de Tucumán. Además, entre sus actividades económicas tiene registrado el servicio de transporte automotor de mercaderías a granel, pero al momento de la investigación no tributaba ningún impuesto. Un mes antes de dejar de ser intendente, el 10 de noviembre, adquirió cuotapartes de Pulire SRL junto a dos socios. La empresa hace servicios de limpieza, alquiler de maquinarias y equipos, y tiene un solo empleado.
Por otro lado, Gonzalo Darío Monteros es el actual intendente, es hijo de Jorge Darío, y no declaró ninguna actividad económica ni registra impuestos activos. Antes de asumir ya tenía dos vehículos a su nombre.
- Famaillá
Los mellizos Orellana, Enrique y José, están investigados por la extracción de $11.449.650.000 mediante cheques por ventanilla, también en el período entre enero de 2023 y junio de 2024. En este caso, las extracciones no tienen justificación alguna ya que no se aportó documentación que permitiera sustentar esas transacciones.
En promedio, cada una de las operaciones era para una extracción de $79.000.000; pero durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, dicho promedio fue de unos $123.000.000 por operación.
Al igual que con el intendente Montero en La Banda del Río Salí, el mayor flujo de fondos fue en dos períodos de abril a junio de 2023 y entre agosto y octubre del mismo año, coincidentes con las fechas de elecciones.
En Famaillá, las cartulares se hicieron con la firma del intendente Juan Enrique Orellana, su hermano y exintendente José Fernando Orellana; la tesorera Lorena Elizabeth Orellana; el representante legal, Enrique Pedro Pablo Orellana; el secretario de Hacienda, Jorge Antonio Pérez; o el secretario Héctor René Soria. Había una séptima firmante, Lastenia Del Tránsito Pereyra, que fue secretaria de Hacienda hasta julio de 2024.
La UIF también caratuló las maniobras como “sospechosas” y consideró que esos de fondos públicos extraídos en efectivo y sin justificación económica pudo haber sido utilizado, al menos en parte, para fines electorales.
Los hermanos Orellana se alternaron el poder en Famaillá desde 1991, aunque en 2015 fue electa Patricia Lizárraga, esposa de Enrique. Sandra Mendoza, la esposa de José, es senadora nacional.
Enrique es el intendente en este período. Tiene declarada como actividad principal la de servicios generales de la Administración Pública desde 2013, y como actividad secundaria servicios minoristas de agencias de viajes desde enero de 2024. Tiene cuatro vehículos, con la particularidad de que uno de ellos, una Toyota Hilux, fue comprado en julio de 2023. Tiene el 100% del registro de las marcas “Empanadas del Famaillá” y “Empanadas de Famaillá”.
Está procesado por administración fraudulenta en un caso en el que se investigan irregularidades en el manejo de los programas municipales de gestión integral de residuos sólidos urbanos entre 2013 y 2015, con un pedido de elevación a juicio en 2019.
José ahora es legislador. También registra como actividad económica principal la de servicios generales de la Administración Pública desde 2013 y como secundaria la de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados desde febrero 2014, aunque no posee impuestos activos. Tiene seis vehículos y dos de ellos los compró tras dejar el último mandato: una Ford Ranger 4×4 y un semirremolque de tres ejes. En diciembre de 2022 fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por un hecho de abuso sexual ocurrido en 2016, tras la denuncia de una asesora que trabajaba para él en el Congreso de la Nación cuando era diputado nacional.
- Monteros
Al exintendente Francisco Serra le observaron operaciones de extracción realizadas entre marzo y octubre de 2023 mediante “cheques por ventanilla” por un monto de al menos $3.923.287.500,5 con un destino “incierto”.
Las cuentas de las que se extrajeron los recursos habían recibido $6.992.863.892,24 del Fondo Fiduciario Municipio Monteros y $1.340.000.000 del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.
Para extraer el dinero, se hicieron 172 cobros de cheques por ventanilla, que habían sido instrumentados por el exintendente Francisco Serra, el secretario de Finanzas, Carlos Enrique Alderete, y el tesorero general, Julio César Daoua. Entre los apoderados de la cuenta también estaban Francisco Serra (hijo), que es el actual intendente y era secretario de Gobierno de su padre; el entonces presidente del Concejo Deliberante, Diego Fabián Giménez (luego fue director de Planes y Programas Especiales de Trabajo del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Tucumán) y el entonces vicepresidente primero del Concejo Deliberante, Omar Eduardo Pérez, quien actualmente es secretario de gobierno.
El dinero se retiró con cobros “hormiga”, que variaron entre $13.950 y $50 millones. En los ocho meses estudiados, la Municipalidad de Monteros recibió $10.408.384.899,94, por lo que la UIF concluyó que el 37,7% de los fondos acreditados se retiró en efectivo bajo esta modalidad.
Como en los otros distritos, los días con mayor cantidad de retiros fueron el 8 de junio, tres días antes de las elecciones provinciales de 2023; el 11 de agosto, dos días antes de las PASO; y los días 13 de septiembre, 9 de octubre, 15 de octubre y 18 de octubre, todos en la previa de las elecciones generales en las que se eligió presidente.
La UIF solicitó documentación que respaldara las operaciones, pero no se presentó justificación alguna. Como los retiros fueron muy numerosos y de mucho dinero, se avanzó sobre la hipótesis del posible desvío de fondos para el financiamiento de la campaña.
Francisco Serra (h), el actual intendente, además está registrado para prestar servicios sociales sin alojamiento desde 2018 y tiene impuestos activos. Tiene un auto que compró antes de asumir. Francisco Serra (p) tiene como actividad económica las pompas fúnebres y servicios conexos, y tributa impuestos varios.
- San Isidro de Lules
Al exintendente Carlos Sebastián Gallia lo apuntaron por extracciones en efectivo de al menos $4.217.726.577,99 entre marzo y octubre de 2023, también con destino incierto debido a la pérdida de trazabilidad que representa el retiro mediante el cobro de cheques por ventanilla.
Ese monto se retiró con 1.776 operaciones distintas. Buena parte se hizo en extracciones “hormiga”, por montos de entre $2.200 y $50.000.000 por transacción y que sumaron retiros el 98% del total de las extracciones en efectivo.
Los meses de mayores extracciones durante el año 2023 fueron junio con $630.118.835,14, octubre con $694.355.545 y marzo por $1.012.335.020. Los días con mayor cantidad de movimiento fueron, como en los otros distritos, en fechas coincidentes con los días previos a las elecciones.
La UIF comparó el volumen de esos débitos con el total de los créditos registrados durante el período investigado, y determinó que 45% de los fondos acreditados en las cuentas de la Municipalidad se retiró en efectivo bajo esta modalidad.
Además del intendente Gallia, que luego fue electo legislador provincial, está implicada la tesorera interna, Fátima Daniela Pacheco; el actual jefe de Gabinete y por entonces secretario de Hacienda, Gustavo Luis Rosa; el tesorero Juan Franco Villa; el secretario de Gobierno, Germán Roque Graneros; y el actual secretario de Hacienda y ex contador auxiliar, Marcos Agustín Barrionuevo.
Los recursos provenían del Fondo Fiduciario que pertenece al Municipio de San Isidro de Lules y se retiraba con operaciones idénticas y en serie: 32 operaciones de $50 millones, 10 de $40 millones y 14 de $30 millones, por citar ejemplos.
Nunca se presentó documentación que respaldara esta maniobra, por lo que se catalogó como sospechosa la actividad. También se cree que el desvío de fondos públicos habría sido destinado, al menos en parte, al financiamiento de actividades proselitistas.
Carlos Sebastián Gallia es actualmente legislador tucumano, está registrado para prestar servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal desde 2013 y como prestador de servicios o locación 2015. También trabaja para el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación. Tiene tres vehículos de los cuales dos compró después de dejar la Intendencia: un Bronco Sport Wildtrak y un Volkswagen Nuevo Polo.
Qué pasó en Catamarca
- Icaño
El intendente Franco Carletta, de Unión por la Patria, retiró $1.113.312.192,65 en 86 operaciones mediante el cobro de cheques por caja, durante el período comprendido entre diciembre de 2021 y junio de 2024, sin aportar documentación de respaldo suficiente para justificar las maniobras. Las extracciones fueron desde $1 millón hasta $90 millones, y más de la mitad de esos fondos se retiraron entre mayo y agosto de 2023; es decir, en coincidencia con los meses previos a las elecciones primarias de ese año, en el que Carletta fue reelecto. Esto fue remarcado por la Procelac en la denuncia.
Además del propio Carletta, las autorizadas a retirar el dinero de esas cuentas eran la secretaria de Acción Social, Jorgelina del Valle Luna; la secretaria de Hacienda, Rita Ramona Aragón; y María Florencia Cabrera, la secretaria de Finanzas.
Aunque el municipio oportunamente informó que utilizó los recursos para el pago de sueldos, becas y ayudas sociales; como único registro aportó una planilla de Excel correspondiente al mes de diciembre de 2021 por un total de $4.946.400: es decir, justificó el 0,4% de los recursos extraídos.
Carletta llegó a la Intendencia sucediendo a su padre, Pío. Declaró como actividad económica principal la cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas en 2013 y como actividad secundaria la cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche en 2023, pero no registra impuestos activos. Junto a su familia es propietario de La Colonia SRL. Es titular de una Toyota Hilux 4X4 que compró ya siendo intendente. Tiene causas no resueltas por abuso sexual.
- Corral Quemado
El otro apuntado es Octavio Isidro Gómez, electo por Juntos por el Cambio, quien cursa actualmente su cuarto mandato consecutivo. En la Municipalidad de Corral Quemado extrajeron $771.000.000 entre diciembre de 2021 y junio de 2024, también bajo la modalidad del cobro de cheques en efectivo, en operaciones que iban desde $1,5 a $85 millones.
Además de Gómez, los autorizados a retirar el dinero eran también el secretario de Hacienda, Pedro Raúl Purulla; y el secretario de Finanzas, Jesús Waldo Ríos.
En este caso, los representantes legales de la Municipalidad habrían suscripto declaraciones juradas sobre el destino y aplicación de los fondos ante el BNA, informando que guardaría relación con gastos y pagos realizados por la Municipalidad que iban desde sueldos y aguinaldos, hasta bonos de fin de año, becas de estudio y de trabajo, proveedores, eventos públicos, honorarios diversos, almuerzos para personal de salud, pago por espacio publicitario, ayudas sociales, contratos municipales y de obras, subsidios, entre otros.
Sin embargo, la UIF advirtió que esto no pudo corroborarse porque la Municipalidad omitió aportar documentación que certificara el cobro e identidad de los beneficiarios de los pagos descriptos. Además, llamó la atención la inusualidad de las extracciones en efectivo por altos montos que se realizaron en coincidencia con los procesos electorales, por lo que intuyeron que «podría obedecer a proselitismo electoral».
Gómez no tiene registrada ninguna otra actividad económica y posee dos inmuebles.
- Belén
El exintendente Daniel ‘Telchi’ Ríos (UCR) fue investigado por extracciones realizadas entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, cuando concluyó su mandato. En ese período, se retiraron $623.996.158 mediante el cobro de cheques por montos que iban desde $25.000 hasta $66 millones.
En este sentido, a la UIF le llamó la atención que los meses en los que tuvieron lugar mayores extracciones habrían sido diciembre de 2022, junio de 2023, agosto 2023 y noviembre de 2023, siendo estos dos últimos períodos contemporáneos con las elecciones PASO y el balotaje de ese año, en el que Ríos no podía ser reelecto como intendente, pero fue precandidato a senador por el departamento Belén.
Además de Ríos, el habilitado a retirar el dinero era Julio César Barragán, su secretario de Hacienda y Finanzas.
Ríos está registrado para la venta al por menor de artículos nuevos desde fines de 2023 y no posee impuestos activos. Tiene dos imputaciones en investigaciones de la Justicia Federal de Catamarca vinculadas a posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público. En 2012 estuvo unos días detenido acusado de peculado.
Qué pasó en Salta
- San Carlos
En este municipio están implicados el exintendente Héctor Raúl “Rulo” Vargas, y la actual intendenta María del Carmen “Kukina” Vargas.
Comparados con sus pares de Tucumán y Catamarca, en San Carlos retiraron apenas $131.749.000 entre julio de 2023 y marzo de 2024. De hecho, a pesar de que en el cambio de gestión “Kukina” Vargas denunció a su antecesor por irregularidades, la modalidad no concluyó allí, sino que se extendió otros meses. Ninguno aportó ningún tipo de documentación de respaldo.
El dinero se retiró en al menos 39 operaciones de cobro de cheques ventanilla o cheques mostrador. De todos los fondos que recibía la Municipalidad, el 18,43% se retiró en efectivo. Entre agosto y noviembre de 2023 se retiraron unos $52 millones, y luego entre febrero y abril de 2024 otros $54 millones: fueron los períodos de mayor actividad, uno a cargo del intendente saliente y otro de la intendenta entrante; y los primeros fueron en cercanías a las elecciones nacionales y municipales.
Pero además de ese retiro, la UIF informó que desde la cuenta de la Municipalidad de San Carlos se transfirieron $42.820.178 a otra cuenta del Banco Macro, cuyo titular sería el ahora exintendente Héctor Raúl Vargas. Esto ocurrió entre julio y diciembre de 2023.
“Rulo” Vargas actualmente es diputado provincial, y también se dedica a la venta de mercadería en minimercados. “Kukina” Vargas fue empleada pública y empleada de las Hermanas Agustinas Misioneras de Cafayate. Al mes de empezar su gestión adquirió un Renault Logan.
Autor: Ezequiel Soria
Imagen: Grok
