La Justicia federal de Córdoba vuelve a estar en el centro de la polémica por su política de contratación y ascenso de personal: sin concursos -abiertos ni cerrados-, las promociones en los tribunales federales de Córdoba se producen por acuerdos internos entre los jueces.
Entre los últimos casos se encuentra el nombramiento de Joaquín Nicolás Sánchez Torres, hijo de Abel Sánchez Torres, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, tribunal federal más importante de la provincia.
El caso vuelve a poner sobre el tapete la opacidad en la designación del personal de la Justicia Federal y la falta de oportunidades para trabajar en la misma si no se cuenta con avales internos.
Cómo fue el caso
En una resolución del 25 de octubre del 2024, el tribunal resolvió proponer las designaciones de los siguientes funcionarios: como secretario a Marcelo Javier Frattari, ex secretario del Juzgado de Control de Alta Gracia; como prosecretaria administrativa a Josefina Bobone, ex jefa de Despacho del TOF2 e hija de la vocal de la Cámara Federal Graciela Montesi; como jefa de Despacho a María de la Paz Roqué, exoficial mayor en el mismo tribunal; y como escribiente a Augusto Roqué, hasta ese momento jefe de Despacho-Relator del Tof3.
En una nota dirigida por Zapiola a Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación del 1 de noviembre del 2024, comunica la designación de Joaquín Nicolás Sánchez Torres, de 26 años, como jefe de Despacho (Relator) “actual oficial Mayor del tribunal, siendo promovido al cargo que interinamente ocupaba el abogado Augusto Roqué, hasta su renuncia aceptada el 28/10/2024”.
Se deduce de la secuencia narrada en base a las notas oficiales del Tof3 que Roqué fue designado el 25 de octubre y tres días después presentó la renuncia para que fuera nombrado Sánchez Torres en su lugar.
Esa metodología es la que tuvo cuestionamiento gremial. El gremio elevó a los jueces del Tof3 una nota, fechada el 14 de noviembre. Le hicieron saber la preocupación que les generó que en seis meses dos trabajadores, incluso uno con cargo de funcionario, hubieran presentado su renuncia, algo que no es usual en los tribunales federales por la estabilidad que representa el trabajo en el Poder Judicial y por los salarios que se perciben. (Sin embargo, desde la UEJN señalan que no se referían al caso de Joaquín Sánchez Torres, sino a otros, aunque no se menciona ningún nombre propio. Aseguran que la misiva del pasado 14 de noviembre de 2024 tenía como contexto el caso de los «paracaidistas«, ocurrido un año antes -noviembre 2023-, cuando el gremio cuestionó otros nombramientos en el Tof3 por considerarlos arbitrarios y porque vulneraban al derecho a la carrera judicial. Agregan que la UEJN “nunca cuestionó un cargo de un afiliado que no está ni impugnado»).
Roqué pasó de ser jefe de Despacho a caer en el escalafón al cargo de Escribiente, con la consecuente disminución en sus ingresos salariales.
¿Por qué alguien renunciaría a un cargo para ocupar uno menos remunerado?
Según el informe de la Corte Suprema sobre las escalas vigentes a diciembre del 2024, un jefe de Despacho percibe $2,2 millones de sueldo básico –le corresponde a Joaquín Sánchez Torres- mientras que un Escribiente cobra a $ 1,4 millones de salario básico.
Antes de publicar la nota Ruido consultó a la Justicia Federal de Córdoba en busca de comentarios relacionados con estos hechos, pero desde allí se señaló que no habría declaraciones.
Por qué tantos nombramientos
El TOF3 fue el último en ser habilitado. Si bien su creación data de 2010, recién fue habilitado para funcionar en octubre de 2023. Los vocales habían sido designados en 2019. Tras una larga espera para ponerlos en funciones, uno de los vocales designados, Ángel Andreu, presentó la renuncia. Por esa razón, tras ser habilitado asumieron sólo dos jueces: Zapiola y Giordano.
Está en desarrollo el concurso para cubrir la vacante.
El año pasado, los dos vocales del tribunal de juicio comenzaron a promover las designaciones de los empleados. Sin concursos, esos nombramientos surgen de acuerdos internos entre los jueces, donde el mayor peso lo tienen los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones.
Cómo la Corte Suprema frena el acceso por concurso público
En 2013 se sancionó la Ley 26.861, pero inmediatamente la Corte Suprema frenó su ejecución con la Acordada 49-2013 en lo que respecta al personal del Poder Judicial.
En la práctica, no reglamentó la aplicación de la norma y dejó en las Cámaras Federales de todas las jurisdicciones la decisión de proponer nombramientos y ascensos.
Sin embargo, tampoco se cumple en la inmensa mayoría de provincias la norma que regula la carrera judicial de los empleados. La ley 5.143 señala en el artículo 36 que en caso de vacancia de un cargo, “el tribunal o funcionario de quien dependa el mismo, deberá llamar a concurso cerrado de antecedentes y oposición”.
El artículo siguiente indica que “sólo podrán inscribirse en el concurso los empleados que se desempeñan en el cargo inmediato inferior en cualquier fuero o instancia de la respectiva circunscripción, o departamento judicial, pudiendo extenderse a las categorías subsiguientes por si orden, cuando no hubiere ningún postulante”.
El gremio exige lo mínimo. Si no hay concurso cerrado, por lo menos que los ascensos no salteen los cargos según el escalafón establecido en la misma ley.
Esta es la situación por la cual se multiplica el nepotismo en los tribunales federales. El statu quo tiene su vertiente en la conveniencia de los jueces que ostentan poder en cada jurisdicción y que les permite generar nombramientos y ascensos a través de acuerdos internos de distribución de cargos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la principal responsable por no permitir, desde 2013 a la fecha, que se cumpla la ley de acceso democrático e igualitario al Poder Judicial.
Esta institución queda aun más expuesta si se tiene presente que los otros dos poderes que integran la Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, sí pudieron, con no pocas dificultades pero con grandes logros, permitir el ingreso por concurso de sus trabajadores.
Imagen de portada: Abel Sánchez Torres, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
