- Sólo siete provincias respondieron en tiempo y forma el pedido de información. Nada más que cinco cuentan con más del 50% del personal judicial capacitado en materia de género.
La rendición de cuentas y la transparencia del sistema de justicia se opaca al conocer que sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El 17% no respondió -Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan- y el 46% de las provincias lo hicieron de manera incompleta, en incumplimiento a la Ley de acceso a la información pública.
El informe fue elaborado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la transversalización de la perspectiva de género mediante pedidos de información pública a todos los Poderes Judiciales del país sobre la implementación de la Ley Micaela.
Del relevamiento se desprende que sólo cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%).
El documento fue elaborado por Fundación Micaela García; Proyecto Generar; la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir; ABOSEX, ABOFEM y CLADEM.
Más y menos capacitadas
Nada más que el 25% de las jurisdicciones de todo el país completaron la capacitación enmarcada en la ley. Las respuestas sobre los contenidos varían según las jurisdicciones, así como la capacitación por jerarquías.
Catamarca capacitó al 63% de su Suprema Corte, mientras que en Tierra del Fuego y CABA ya lo hicieron todos los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia.
En el informe se hace mención a las provincias donde hubo una demora significativa entre la adhesión a la citada Ley a nivel provincial y el inicio de las capacitaciones en los Poderes Judiciales, atribuyendo esto a la composición de tribunales sin perspectiva de género.
“Conocer es el primer paso para transformar un sistema que debe impostergablemente incorporar las demandas del movimiento feminista en la administración de la justicia”, se lee en las conclusiones del informe que monitoreó la manera en que se implementa y el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en los Poderes Judiciales de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
La Ley Nacional Nº 27.499 -conocida como Ley Micaela- se sancionó el 19 de diciembre de 2018 y fue promulgada el 10 de enero de 2019. En ella se establece la capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
