La Sociedad Interamericana de Prensa pide a gobiernos de la región terminar con los obstáculos a la libertad de prensa. En el caso de Argentina aseguran que se registraron ataques con el fin de controlar a medios.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre los graves problemas que enfrentan periodistas y medios de las Américas para acceder a información pública.
En la 78° Asamblea General celebrada en España, la organización exhortó a los gobiernos a suspender las prácticas de obstrucción al trabajo de la prensa y al derecho de la ciudadanía a mantenerse informada sobre asuntos de interés general.
Qué dicen de Argentina
En el caso de Argentina, según la SIP, el país “varió levemente en relación con el año anterior, pero no se presentan mejoras claras. Subió del puesto 14 al 12 y se ubicó 1,45 puestos por encima del Promedio Global, pero aún es sensible la cantidad de casos denunciados de actos de violencia contra periodistas, además de dos ataques graves a medios de comunicación. Además, pareciera que la estrategia contra el periodismo consiste en amedrentar, acusar y desprestigiar. Se suman a esto los esfuerzos por controlar a los medios.
Con una mejora de más de dos puntos con respecto al período anterior, se observa que no existen en Argentina mayores restricciones institucionales para el ejercicio de la libertad de expresión. En esta subdimensión, Argentina obtiene una calificación cercana al máximo teórico (10 de 12). Han desaparecido las restricciones existentes a la circulación y el acceso a ciertos ámbitos que se habían impuesto por la pandemia.
Entre las conclusiones, la SIP informó que en 16 de los 22 países analizados, el Poder Ejecutivo aparece como el entorno más influyente en las situaciones desfavorables a la libertad de expresión.
Por otro lado, en cuatro de los cinco países peor evaluados aparece el entorno Judicial como el segundo con mayor influencia en situaciones desfavorables a la libertad de expresión y prensa: Cuba, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.
Además, la SIP viene denunciando las restricciones, directas e indirectas, que las autoridades imponen a los periodistas al no ofrecer conferencias de prensa o entrevistas y presionar a funcionarios y fuentes informativas para que se abstengan de brindar información a la prensa.
