Pauta oficial: los requisitos que deberán cumplir los medios audiovisuales

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  • Los medios que accedan a esos fondos deberán evitar la difusión de discursos de odio, promover diversidad de voces y el federalismo.

Para acceder a la publicidad del Estado, los medios tendrán que cumplir con diversos requisitos, entre los que destacan la expresa mención a evitar la difusión de discursos de odio, promover diversidad de voces y federalismo.

Así aparece en la reciente modificación de la Resolución 247/16 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece criterios para la distribución de la pauta oficial. 

La resolución 9090/2023 fija criterios objetivos para medios que quieran acceder a pauta oficial. Sin embargo, se conservan las consideraciones de pertinencia del mensaje, alcance y zona geográfica.

La nueva normativa crea un punto específico para promover el federalismo, otro para los medios sin fines de lucro y, por último, incorpora la obligatoriedad de cumplimiento de los artículos 70 y 71 de la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

  • El 70 refiere a “evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”.
  • El artículo 71 sostiene que se deberá velar por el cumplimiento de normas para erradicar los consumos problemáticos como así también la discriminación y la violencia.

La medida le otorga al Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) la facultad de quitar o suspender el envío de pauta oficial a medios por supuestos actos de discriminación, el ejercicio de violencia simbólica o ataque a minorías.

El marco normativo prevé como una de las sanciones posibles la suspensión para el medio de la posibilidad de vender sus espacios publicitarios tanto a públicos como a privados.

Últimas cifras oficiales

De acuerdo al último informe oficial, 21% del total presupuestado se dirigió a publicidad en sitios web y 20% tuvo como destino la televisión por cable. 

El total destinado a la pauta publicitaria oficial para que el Gobierno comunique medidas o información que considere importante o de interés público en la web fue de $1.868 millones. 

En detalle, seis medios percibieron más de $100 millones cada uno. El principal desembolso fue dirigido a Infobae, $178 millones; seguido por Clarín con $150 millones; en tercer lugar La Nación, $142 millones; luego El Destape, con alrededor de $128 millones; Perfil recibió $106 millones; y cierra esta lista Artear con $102 millones.

En lo que respecta a la TV por cable, gran parte del presupuesto se lo llevan TN y C5N, con casi $400 millones entre ambos, repartidos de forma equitativa. Por debajo se encuentran Crónica TV, Canal 26 y A24, superando en todos los casos los $100 millones cada uno.

En televisión abierta, los más beneficiados fueron Telefé y Canal 13, con $162 y $154 millones respectivamente. Le siguen América TV, Canal 9, Net TV y, por último, la TV Pública.

El último informe de AGN halló debilidades

El último informe de la AGN sobre la gestión en la asignación de la publicidad oficial abarca 2017 y el primer trimestre de 2018. El documento fue aprobado en julio de 2021 y presentó debilidades y falencias como falta de documentación, carencia de criterios objetivos a la hora de distribuir y sobre ejecuciones.

El organismo de control explicó que Comunicación Pública no elaboró un plan anual de publicidad oficial para los períodos analizados, que enuncie las campañas presentadas por los organismos y en el que se especifique objetivo, descripción y fundamentos, entre otros, que justifiquen la ejecución de cada caso.

Tampoco se halló documentación que acredite el cumplimiento de los criterios objetivos que promueven la asignación en búsqueda de una mayor libertad de expresión. “La carencia de estos registros ha expuesto al Estado Nacional a diversos problemas en el pasado, entre ellos demandas judiciales que han resultado desfavorables”, agregó el documento de la Auditoría.