Sábado 29 de octubre de 2022. Raya la siesta en el Camino a las Altas Cumbres. Al volante de una BMW X3 negra, Oscar González sube a la ruta provincial N° 34, va serpenteando entre quebradas y parajes, cruza las Sierras Grandes de Córdoba rumbo al Valle de Traslasierra. Conoce el camino. Lo recorre con frecuencia, de día, de noche, con nieve, con lluvia y con sol, como ahora. No necesita chofer. Es el caudillo peronista del oeste cordobés, fue diputado, funcionario nacional, ocupó cargos claves en la gestión provincial y en esta tarde de octubre en la que se desliza por la cima de la provincia, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, está también en la cúspide de su poder: a los 75 años, es el presidente provisorio de la Legislatura cordobesa, el tercer hombre en importancia en el gobierno. Va apurado González, no sabremos si así maneja siempre o intenta llegar a una reunión clave que a esa hora ya se desarrolla en Villa Dolores, maneja al borde de lo permitido y en el kilómetro 17, cuando falta poco para bajar de la montaña, se cruza de carril y luego choca de frente con un Renault Sandero rojo (que, según la pericia oficial, también habría cometido una infracción previa). Tres mujeres viajan en ese auto. Lo último que dice Alejandra Bengoa, maestra, de 56 años, es “¡Ay, hijo de puta!”. Muere en el acto. Su hija Mariana, de 16 años, queda inconsciente. Alexa, su amiga, no volverá a caminar. Lo último que ve, antes de perder en conocimiento, es un bulto negro que se les viene encima.
Ahora los autos son dos amasijos de chapa con las cuatro ruedas al cielo. Los curiosos paran, van en auxilio de las víctimas. Otros filman. Oscar González está aturdido, pero se baja por sus propios medios. Habla por teléfono. Un rato después, más rápido que las ambulancias, llegan dos personas que van directo a sacar bolsos negros del baúl de la BMW, que está dada vuelta. La escena queda filmada por una de las tantas personas pasan por el lugar. En el cuadro se ve a dos policías que los dejan hacer. Tirado en el pasto, Oscar González mira, vigila, tiene los lentes puestos, viste pantalón blanco, chomba azul; de fondo, la tragedia, dos familias destruidas.
Verano en prisión
A dos años y cuatro meses, Oscar González transita lo que queda de este verano caluroso y húmedo cumpliendo prisión domiciliaria en la casa que su actual pareja, Cristina Vidal, alquila en Camino a Piedra Pintada, un tranquilo balneario cercano a Villa Dolores, cabecera del departamento San Javier y principal centro económico, social y cultural de Traslasierra.
El lunes 10 de febrero, el juez federal Miguel Vaca Narvaja hizo lugar al pedido de detención del fiscal Maximiliano Hairabedian, que lo acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en una causa que derivó del siniestro vial. La medida incluye una caución de 150 millones de pesos y el uso de una tobillera electrónica pero, para alegría del dirigente del PJ, no había en stock.
Luciana Echavarría, legisladora por el MST y autora de la denuncia, calificó la detención como “un hecho político muy importante”.
Es que Oscar González es una figura clave en la construcción hegemónica de lo que se conoce como “cordobesismo” y que gobierna la provincia desde 1999. Su influencia se extiende por todo el corredor oeste de la provincia, dirige las estrategias electorales en cada rincón de la región y, como legislador, influía el manejo de recursos que genera el Gobierno provincial a través del Centro Cívico del Oeste, el organismo que conducía hasta hace poco Cristina Vidal, y de la cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo), la empresa de mayor facturación de la región, que está a cargo de la provisión eléctrica de varios municipios y genera, por ejemplo, cemento y adoquines para las obras públicas.
La tragedia de las Altas Cumbres dejó al descubierto los alambres de esa estructura y expuso un modo de actuar. Por primera vez en décadas, vecinos y vecinas de pueblos salieron a repudiarlo en su ciudad natal y en varios pueblos del valle y las fichas fueron cayendo de a una. Primero se supo que González usaba una licencia de conducir irregular, otorgada por el municipio de Las Tapias (una comuna “amiga” de Traslasierra donde no tiene domicilio legal) que no está adherida al sistema nacional de antecedentes (lo hizo dos años después). Luego, que la camioneta BMW tenía la patente duplicada de una del mismo modelo radicada en La Plata. Gabriel Kohan, el dueño original, denunció que no paraban de llegarle infracciones de tránsito desde Córdoba por exceso de velocidad y mal estacionamiento. “Fue una pesadilla”, dijo. La camioneta había sido secuestrada por la justicia cordobesa y era uno de los tantos autos de lujo que el Tribunal Superior de Justicia le entregó a González en calidad de “depositario” para uso oficial, pero le sacaba rédito particular y era un infractor serial. Fue entonces que los legisladores de su propio bloque le pidieron la renuncia a la banca. Era apenas la punta de la cola del chancho.
Tres meses después del accidente, González transfirió en concepto de donación a sus tres hijos, una casa en Villa Dolores y dos departamentos en Nueva Córdoba, el barrio más caro de la capital. Por eso Echevarría, que siempre acompañó a las familias de las víctimas, denunció que González buscaba “frustrar de manera fraudulenta el derecho de las sobrevivientes a obtener una reparación integral”.
La investigación que terminó con su detención se centra en la declaración patrimonial “subvaluada”, en palabras del fiscal Hairabedian. En 2020, ante la Legislatura, declaró tener 11 inmuebles entre cocheras, departamentos, casas y lotes en la capital y en las sierras, que estaban valuados por la irrisoria suma de 3.332.250 pesos en total. Y en realidad es propietario de 17 inmuebles.
Para lograr esa hazaña matemática declaró, por ejemplo, un departamento en Nueva Córdoba por 35 mil pesos, una cochera en el mismo barrio, de 20 mil pesos, o un lote en Yacanto valuado a 0,5 centavos. Entre esas propiedades, la más ostentosa es una casona en San Javier, al pie del cerro Champaquí, emplazada en un predio de seis hectáreas que fue construida por la condesa austríaca María Eugenia Wenckheim, nacida en Viena en abril de 1924 y fallecida en enero de 2005. Ese año, González la compró en 135 mil dólares, pero figura como “baldío” en los informes catastrales. En Traslasierra, todos la conocen como “La mansión del Oscar”, y a los pocos días del siniestro de las Altas Cumbres, las pintadas con insultos y repudios para el dirigente comenzaron a aparecer en la fachada.
En la mesa chica del cordobesismo
Hijo de un comerciante y de una ama de casa, familia pionera de Villa Dolores, González fue la joven promesa cuando en 1971 egresó con medalla de oro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. “Era un médico joven y profesional exitoso que trabajaba en su consulta particular. Lo recuerdo cuando atendía en el centro médico, a media cuadra de la casa, cerca de la plaza principal. Tenía cuerpo de palito, flequillo y usaba un guardapolvo extremadamente largo”, dice Luis Heredia, peronista y militante del espacio gonzalista en Villa Dolores. Incluso sus actuales detractores recuerdan como un médico “con muchas capacidades sociales, comprometido y muy carismático”.
“Una vez lo escuché decir que, a la salida de la dictadura, adhería a las ideas del Partido Intransigente, porque pensaba que las guerrillas debían entrar a la vida política democrática a través de la apertura de los partidos”, cuenta Federico Iribarren, tres veces candidato opositor al espacio de González en San Javier.
Más allá de esa adherencia, Gonzalez se acercó al peronismo luego de la guerra de Malvinas. Junto a Juan Manuel de la Sota y a Juan Schiaretti armaron el espacio Córdoba Primero y apostaron por Cafiero en la Renovación Justicialista. En 1987 llegó al Congreso de la mano de ese armado que tuvo fuerte interna con Menem, pero luego se sumó a las huestes del riojano ocupando varios cargos. Una fuente cercana que prefiere no identificarse sostiene que en esos años está la clave fundacional y distintiva del cordobesismo. “Desde entonces, Oscar tiene juego propio y una silla en la conducción que lo pone a la par de De La Sota y Schiaretti. Es el ingeniero intelectual de la hegemonía del cordobesismo”, dice. O, como le define el sociólogo Federico Zapata en su libro Los Muchachos cordobeses, es “el Eduardo Bauzá del peronismo cordobés”.
Con Menen fue Secretario de Estado de la Tercera Edad, desde donde condujo la tercerización de la atención de Pami, la obra social más grande de América latina, a través del sistema de redes. En 1993 pasó a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) junto a Germán Kammerath (condenado por hechos de corrupción en la Municipalidad de Córdoba), cuando se abrió el mercado de la telefonía móvil.
El patrón de las sierras
Oscar González se convirtió, entonces, en el cirujano que no opera en los quirófanos. Su carrera como funcionario provincial fue prolífica y polémica, mientras que a la par fue acrecentando su influencia territorial en Traslasierra. “Lo que él hace es muy simple. Es el padre protector de todo el valle. Te consigue todo. Tiene la capacidad de retener los nombres y las pertenencias familiares de cada persona en cada pueblo, yo lo he visto en la calle”, dice Federico Irribarre, y sostiene que eso “le permite colocar intendentes, concejales, y armar un esquema de reparto discrecional de recursos a través de varias cajas”.
Gonzalez ocupó cargos claves durante las gestiones de De la Sota y Schiaretti: ministro de Salud y luego Jefe Coordinador de Gabinete. Estuvo a cargo de la negociación con los policías durante el motín de 2013, que escaló hasta el caos y dejó dos muertos. Durante el “Narcoescándalo” que involucró a parte de la cúpula policial, soltó una de sus frases más célebres: “Esa droga es para los perros”, dijo, para justificar el hallazgo de marihuana y cocaína en el techo de una dependencia policial.
En febrero de 2014 estalló el mayor escándalo financiero y político de Córdoba, con la quiebra de la financiera CBI Cordubensis, en realidad la vidriera de una mesa de dinero donde se lavaban fondos de empresas con vínculos políticos. Dos días después, el vicepresidente de CBI, Jorge Suau, apareció muerto en su camioneta estacionada junto a la ruta camino a Alta Gracia. Según la Justicia Federal, se quitó la vida inhalando los gases del caño de escape, conectado con el interior del vehículo. Antes, dejó dos cartas dirigidas al fiscal federal Enrique Senestrari, en las que pedía que su muerte “no sea gratis para los ingratos, codiciosos” en quienes confió y que se enriquecieron utilizándolo, quienes “hoy dicen desconocerme y desconocer la situación”.
“Mi hermano era muy cercano a González”, explica hoy Cecilia Suau. “Fue González quien lo llevó desde la Democracia Cristiana al peronismo, después lo llevó a trabajar a Buenos Aires a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. De la mano de él se acerca a Antonio Cafiero y a Menem, participa de esas campañas. En Córdoba se involucra en las campañas de De la Sota, en una fue apoderado. Cuando De la Sota gana, Jorge asume el cargo de Secretario de Culto un tiempo corto”, explica Cecilia.
Sin embargo, a la salida del velorio de Suau, González lo desconoció, dijo que fue a darle el pésame a su padre, Atilio, a quien dijo conocer “de toda la vida de Villa Dolores”. Sobre Jorge, dijo que se enteró “por los diarios” de que tenía una financiera y agregó: “No conozco ninguna financiera en todo el mundo”.
La causa CBI fue la primera sentencia por intermediación financiera ilegal del país, en 2019. En la sentencia, constan testimonios de ahorristas que aseguran haber visto a González en las oficinas de CBI, y que eso, incluso, les brindaba confianza para dejar su dinero. Luego González los denunció por falso testimonio, y finalmente fue desvinculado de la causa.
“González dijo públicamente que no lo veía hacía años a mi hermano, pero en el velorio estuvo con su ex pareja y le dijo que habían tomado un café un día antes. En ese tiempo Jorge se juntaba con mucha gente, estaba buscando una salida para la maniobra que le habían hecho”, dice Cecilia Suau. En el celular de Suau consta una llamada telefónica a González el día previo a su muerte, según contó Horacio Verbitzky en Página 12.
Pese a que la justicia determinó que Jorge Suau se quitó la vida, para su hermana se trató de una muerte inducida.
Tormenta en Traslasierra
A dos años y medio del siniestro vial de las Altas Cumbres, la Cámara del Crimen todavía no tiene fecha para el juicio contra Oscar González por presunto homicidio culposo agravado por conducción imprudente y por lesiones culposas agravadas. La querella reclama que sea juzgado por homicidio simple por dolo eventual, un delito con pena más seria. “Si no fuera porque es González, creo que ya tendríamos fecha de juicio y resolución. Queremos terminar esto para poder irnos al extranjero a hacer un tratamiento, queremos cerrar esta etapa”, dijo Gustavo Álvarez, padre de Alexa, la joven que quedó parapléjica luego del choque.
Álvarez, hijo de un militante desaparecido en el centro clandestino La Perla, llegó a Traslasierra a los 16 años con su familia y conoce lo que significa Oscar González en la zona. “Ahora él no ocupa ningún cargo público, pero sigue su gente, sigue teniendo poder”, dice.
Desde el accidente, el nombre de Oscar González es una brasa caliente dentro del peronismo cordobés. Hay quienes aseguran que los operadores de prensa del gobernador Martín Llaryora estuvieron detrás de los legisladores peronistas que pidieron su renuncia. Pero en Traslasierra la figura paternalista del político pragmático sigue presente. En diciembre de 2023, meses después de la tragedia, estuvo sentado en primera fila en la asunción de Silvina Cabezas, intendenta de San Pedro. “Entre los dirigentes locales, cada vez que decís que a González se le acabó el piolín, te dicen ‘eso es público’, pero sigue siendo el Oscar el que maneja los hilos”, dijo un referente de la oposición en Villa Dolores.
Por ahora, preso en su casa, investigado por corrupción y a la espera de un juicio por el brutal siniestro de las Altas Cumbres, la vertiginosa carrera política de Oscar González parece haber encontrado un final. Y no fue por vía de las urnas, sino por la vía judicial.
Lo mismo sucedió con uno de sus dirigentes de mayor confianza en la región, su mano derecha, Roberto Clavero, detenido en marzo de 2022. Clavero presidía desde 2016 la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste, desde hacía décadas era el titular del gremio de Comercio, el presidente del PJ del Departamento San Javier y había ocupado cargos provinciales. En ese momento, sonaba como candidato a intendente de Villa Dolores, la ciudad que nunca pudo ganar González. Había logrado atravesar casi 20 años de vida política con una denuncia por delitos de instancia privada radicada en 2005 por su hijastra, Antonella, quien lo acusaba de haberla abusado desde los 3 a los 19 años.
La historia de ese expediente judicial sirve para graficar el caudillismo de los líderes políticos de la zona. “Para mucha gente, Roberto era un ídolo; casi todos los días llegaban regalos a casa, de gente que le agradecía por algún trabajo que le habían dado: lechones, tortas, ropa; era algo común”, contó Antonella -la víctima y denunciante de los abusos- a La Voz del Interior.
Por eso, cuando fue detenido, reinó la incredulidad en Villa Dolores, donde se hablaba en voz baja del caso, pero sabían de la protección judicial. Durante 17 años, Antonella y quienes la acompañaron en la denuncia, como la psiquiatra Ingrid Angela, padecieron el acoso judicial y político. Ni siquiera el “Punto Mujer”, dependencia del Ministerio de la Mujer en Villa Dolores a cargo de Vidal, la pareja de González, escuchaba su reclamo. Hasta que Antonella, con 33 años, logró radicar nuevamente la denuncia en Córdoba y fue entonces cuando Clavero cayó preso y fue condenado, en mayo de 2024, a 28 años de prisión por abuso sexual agravado.
El sábado 29 de octubre de 2022, en Villa Dolores, se realizaba la asamblea para elegir el reemplazo de Clavero. “La asamblea comenzó a las 8 y terminó a la tarde. Nos enteramos del accidente durante un descanso, a la siesta. Fue impresionante. Muy triste. Hasta ese momento, no se sabía si Oscar González venía o no”, contó Luis Heredia.
En Traslasierra todavía muchos creen que González viajaba para pagar las facturas de luz de los morosos de la cooperativa y de esa manera influir en la elección. La justicia desestimó esa hipótesis, pero la creencia todavía perdura como telón de fondo de la tragedia.
El final de la carrera política del candidato, dirigente y funcionario todo terreno del cordobesismo parece cantado, mientras -recluido en los suburbios de su Villa Dolores natal- espera el juicio oral que determinará su responsabilidad o no en aquel brutal choque que lo dejó en la banquina. Las familias de las víctimas intentarán por todos sus medios que acabe sus días en la prisión de Bouwer.
