El nepotismo es la cara pública de la casta política, gente que puebla el Estado sin mérito comprobado, pero con una mochila de obligaciones y/o complicidades para con sus patrones familiares o políticos.
Su magnitud es vox populi, pero los detalles se esconden detrás de un muro cómplice de confidencialidad y de contratos eternos, que hacen del empleo estatal un botín para unos, y una pesadilla para los supuestos beneficiarios.
A pesar de la pésima evaluación que tiene el público sobre los servicios que presta el Estado, la calidad de sus trabajadores entró a las campañas políticas de este año por otra ventana.
Todo comenzó con la propuesta del candidato libertario de usar una motosierra para reducir drásticamente el tamaño del Estado, en línea con una visión ideológica que favorece al mercado sobre lo público en la solución de los problemas de los ciudadanos.
Frente al desafío, que tomó cuerpo por el inesperado éxito del libertario en las elecciones primarias, los otros partidos reaccionaron.
Juntos por el Cambio reafirmó su intención de racionalizar y eficientizar al Estado, y la oficialista Unión por la Patria alertó a la planta pública que el libertario, en particular, amenazaba con dejarla sin empleo.
“El eslogan de este gobierno es el Estado presente”, dijo Maximiliano Campos Ríos, director ejecutivo de la Asociación Civil Espacios Políticos. “El Estado está presente, pero en realidad para la gente está ausente en la prestación”.
Abordar el tema al nivel nacional sería sumamente complejo por la descentralización institucional de Argentina, con autonomía federal y municipal, y por ser culturalmente persistente a través de la historia del país.
Tiene raíces profundas, y hasta premodernas. Llega a los extremos en algunos organismos del Estado el hecho de contemplar la prerrogativa de sangre, mediante la cual un empleado del Banco Nación o de distintas municipalidades, al morir puede dejar su cargo a su hijo o hija, explica Campos Ríos.
De todos modos, no es un tema totalmente olvidado.
Organismos internacionales como la OCDE monitorean el tema, promoviendo más control sobre cómo el Estado contrata su personal.
Algunos políticos también lo tienen presente. Mercedes Joury, diputada de Juntos por el Cambio, presentó hace dos años un proyecto de ley para prohibir el nepotismo en la administración pública nacional, incluyendo a las empresas del Estado. Hasta ahora no ha avanzado.
“Debemos profesionalizar la administración pública y promover su ingreso en base a la idoneidad y al mérito”, dice Joury. Agrega que su proyecto cuenta con apoyo de amplios sectores de Juntos por el Cambio, pero no del oficialismo.
El tema también quedó reflejado como preocupación de los ciudadanos en una encuesta a nivel nacional que llevó a cabo Espacios Políticos en el primer trimestre de 2023.
Más de 80% de los 1.133 encuestados consideraron que las personas ingresan a trabajar al Estado por parentesco o por afinidad política. Y 85,8% consideran que la burocracia estatal no está capacitada para satisfacer sus necesidades.
Según la encuesta, más de la mitad de la ciudadanía asocia la burocracia con las palabras “desastre”, “corrupción”, “favores”, “casta”, “enojo” o “negativa”.
Ahora bien: mientras el nepotismo es la faceta más visible, analistas locales e internacionales afirman que la raíz del tema es la falta de estándares profesionales para acceder al empleo estatal.
“El nepotismo en realidad es una de las caras de la absoluta discrecionalidad y ausencia de control, de procedimientos y de normas en el nombramiento de empleados, empleadas y funcionarios”, señala Campos Ríos. “Si realmente vas a un modelo en donde el ingreso sea por concurso, por mérito o por antecedentes, es más difícil que haya nepotismo”, agrega.
Cada uno de los siguientes títulos es un enlace a un análisis más completo de cada tema:
Es prácticamente imposible saber la dimensión real del tema debido a la falta de transparencia de los municipios, de las provincias y del gobierno federal. No piden ni confidencialmente la información de parentesco necesaria para prevenir el nepotismo, ni toman como norma las medidas para asegurar que el ingreso sea por mérito. De todos modos, la percepción del público, según la encuesta antes mencionada, es que hay un alto nivel de nepotismo en el Estado.
La Constitución nacional y pactos internacionales suscriptos por Argentina aseguran a todos los ciudadanos igualdad ante la ley, lo que implica que nadie puede ser favorecido por razones de parentesco.
De todos modos, las referencias de los textos no son suficientemente explicitas en sus particularidades como para ser aplicadas de manera eficiente y transparente.
No hay estudios en Argentina sobre la relación entre nepotismo y la eficiencia de los servicios que prtesta el Estado, en sus distintos niveles.
Un estudio en profundidad sobre el tema en Colombia mostró que altos niveles de nepotismo en distintas agencias del Estado estaban relacionados con menores niveles de eficiencia.
No obstante, una encuesta de 2023 mostró que el público relaciona nepotismo y amiguismo con la insatisfacción por la calidad de los servicios estatales.
El nepotismo es una forma de corrupción, ya que expresa cómo se da privilegio a un interés particular por encima del bien común.
En muchas situaciones puede crear conflictos de interés, algo que ocurre no solamente en el interior del Estado, sino también cuando este hace negocios con terceros. Por tal motivo, las regulaciones deben hacerse extensivas no sólo a los contratos de empleo, sino también a los negocios entre el Estado y terceros.
El nepotismo y amiguismo son problemas con raíces históricas profundas.
Es importante aprobar legislación específica que regule las contrataciones de familiares en el Estado, pero es probable que eso no sea suficiente dada la habilidad nacional para encontrar formas de esquivar la ley.
Lo fundamental es que haya un cambio cultural y ético para que la utilización del Estado en beneficio propio sea reemplazada por una cultura de mérito al servicio del bien común.
