Nadie sabe cuánto tienen

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“Es secreta”. “No es resorte mío”. “Este tema no lo manejo yo». “Cumple con la ley”. “Su patrimonio está declarado por su mujer que es senadora”. Estas fueron algunas de las respuestas que obtuvo Infobae cuando intentó acceder a las declaraciones juradas de 11 mandatarios provinciales que no hacen públicos sus bienes, aún cuando sobre algunos de ellos pesan sospechas o denuncias por el aumento de su riqueza. La opacidad que hay sobre sus patrimonios va a contramano de los amplios consensos a nivel internacional y en el ámbito nacional sobre la importancia de la transparencia en el Estado, empezando por los funcionarios públicos.

Para un informe especial que Infobae viene publicando desde el domingo último sobre los bienes declarados por los mandatarios, la Unidad de Datos de Infobae hizo un relevamiento de los sitios oficiales de gobierno, tribunales de cuentas, escribanías generales y organismos de ética pública provinciales, incluida la consulta al sitio de la Oficina Anticorrupción dependiente del Ejecutivo Nacional. Así detectó que seis mandatarios publican su DDJJ on line, y otros seis accedieron a enviarla a pedido de este medio. Así, Infobae publicó en dos notas, una el domingo y otra ayer lunes, el patrimonio declarado por esos 12 mandatarios.

Pero otros 11 gobernadores de distinto signo político no lo hacen pública amparándose en distintas normas provinciales -muchas de décadas atrás-, que si bien los obligan a presentarla ante el Tribunal de Cuentas de sus distritos o la Escribanía General de Gobierno, no contemplan su publicidad.

Son Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Ahuad (Misiones), Omar Perotti (Santa Fe), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Estos mandatarios la presentan al inicio y final del mandato -en algunos casos también anualmente- en sobre cerrado y lacrado, y solo es posible acceder a su contenido por una orden judicial, una investigación legislativa o un pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, cuando existe ese organismo en la provincia. Pero no es posible para el periodismo ni la ciudadanía, ni aún con pedido de Acceso a la Información Pública.

Fuente: Infobae