- Ruido elaboró un buscador donde se pueden ver en una sola lista los 1500 proveedores de publicidad oficial.
El Gobierno de Córdoba pagó en 2025 unos $ 30.332,3 millones para la contratación de servicios publicitarios y de propaganda a través de los programas de “Información pública” y “Vinculación estratégica”, según surge de los datos publicados en el Portal de Transparencia, el sitio que reúne los datos de la administración financiera de la Provincia. Son datos parciales puesto que no se incluyen en ese registro los gastos de las agencias y de las empresas controladas por el Estado cordobés.
El número es coincidente con el registrado en 9 expedientes que pasaron por el Tribunal de Cuentas de la provincia: la cifra global ascendía a $30.500.000.000. Al igual que en los datos del Portal de Transparencia, no se contempla lo que gastan los entes autárquicos (agencias Córdoba Turismo, Córdoba Deportes, etc.), que no son controladas por el Tribunal de Cuentas provincial. El relevamiento de Ruido se concentra en los programas Información Pública y Vinculación Estratégica, pero hay otras partidas minoritarias para difusión que explican la diferencia.
De todas maneras, el presupuesto que sigue figurando para Publicidad y Propaganda en 2025 es de casi 37 mil millones.
Dos empresas vinculadas a la agencia japonesa Dentsu, experta en acciones digitales, son las que concentraron ese año el mayor porcentaje de las contrataciones: se trata de Iprospect Media y Carat Argentina, ambas con el mismo ecosistema societario liderado por Juan Pedro Mc Cormack y con domicilio en el mismo edificio de calle Manuel Ugarte 1674, en la ciudad de Buenos Aires, y enfocadas en el marketing digital y las redes sociales, uno de los territorios de la batalla política.
La fuerte apuesta al marketing digital no es la única novedad que surge del análisis de los gastos hecho por Ruido: el Gobierno peronista de Martín Llaryora contrató hasta pauta publicitaria para la empresa dueña de La Derecha Diario (Madero Group), un sitio de periodismo militante libertario que se concentra en difundir las acciones de Javier Milei.
También quedó en evidencia que hay un repliegue del esquema del consultor Guillermo Seita, que concentró acciones de comunicación durante el gobierno de Juan Schiaretti.
Para desentrañar cómo se reparte la pauta oficial en Córdoba y qué servicios se contratan, Ruido analizó y los datos del Portal de Transparencia del Gobierno. Por la estructura de la página, los datos son de difícil acceso para el público, por lo que se necesitan conocimientos específicos para su rastreo. Ruido procesó los datos publicados hasta noviembre de 2025 y construyó una tabla interactiva que permite visualizar y buscar todos los pagos realizados por el gobierno provincial.
Publicidad y Propaganda
En total, se identificaron 1.504 empresas y personas físicas que recibieron fondos a través del subprograma “Publicidad y propaganda” (la amplia mayoría se origina en los programas «Información pública» y «Vinculación estratégica»).
La base reúne (hasta el 31 de octubre de 2025) 19.154 pagos, agrupados por razón social, lo que permite visualizar con mayor claridad quiénes fueron los destinatarios de la pauta oficial. Los datos se pueden ordenar por monto y razón social, e incluye un buscador que, por primera vez, permite visualizar de una sola vez TODOS los proveedores de publicidad oficial.
Los hallazgos
En noviembre de 2025, cuando se hizo el corte para este informe, el principal destinatario de la publicidad y propaganda del Gobierno de Córdoba era el combinado de empresas vinculadas a Dentsu. Iprospect Media llevaba facturados $ 909,9 millones y Carat Argentina, $ 892,4 millones.
Al cerrar el año, la facturación de Iprospect Media fue de $ 1.497,9 millones; y Carat Argentina facturó al Gobierno de Córdoba $ 1.127,7 millones. El holding se llevó $ 2.625,6 millones, según los datos del Portal de Transparencia.
La ausencia de detalle en la facturación que figura en el Portal de Transparencia impide saber con exactitud a qué estrategias de comunicación en redes sociales están destinados estos recursos, que podrían incluir la contratación de trolls, como los que se relevaron en el informe.
Por debajo de las agencias publicitarias hermanas aparece Telecor, la razón social de El Doce, que en 2025 facturó $ 1.853,1 millones y fue el medio de comunicación tradicional que más recursos recibió del Gobierno provincial.
Unos millones más abajo está Telefé y su subsidiaria MTV Networks, ambas con sede en Matheu 1558 (Buenos Aires), donde funciona el canal. Sumaron $ 1.493,2 millones que se dividieron de la siguiente manera: $ 1.142,6 millones para Televisión Federal (Telefe) y $ 350,7 millones para MTV Networks.
Luego de las facturaciones de El Doce y Telefé, que están en el top de contrataciones de pauta, aparece Radiodifusora del Centro, propietaria de Cadena 3 y su red de radios FM, con una facturación de $ 1.106,3 millones. Bastante por debajo está La Voz del Interior, con $ 848,9 millones.
Otro de los hallazgos es el conglomerado de empresas porteñas contratadas para publicidad y propaganda.
Brana Vía Pública, con sede en la ciudad de Buenos Aires, facturó $ 561,9 millones. Mientras que la agencia Sentidos, propiedad de Andrés Bidart,facturó $ 582,5 millones. Al igual que la mayoría de los gastos, no hay un detalle en las facturas que indique dónde se contrataron esos espacios publicitarios: sólo se lee “proviene de SGP”, las siglas de la Secretaría General.
Casi en el cierre de este listado con las principales contratistas aparece Smart Consumer, la única empresa de Guillermo Seita que facturó en 2025 al Gobierno de Córdoba. Además del dinero ($ 349 millones), el dato principal es político: la pérdida de incidencia del asesor político.
En 2023, durante el último año de gestión de Juan Schiaretti, Smart Consumer facturó 179,6 millones de pesos, que equivaldrían a unos 1.600 millones de pesos actualizados por inflación. Seita es uno de los asesores principales del ex gobernador Juan Schiaretti en sus experimentos nacionales, en 2023 y en 2025. Además, articuló acciones con otros gobernadores de Provincias Unidas en la última campaña.
Hay un dato muy llamativo desde lo político: entre las empresas contratadas en 2025 por el Gobierno cordobés también figura Madero Media Group, un holding de empresas, portales y plataformas de difusión, cuyo dueño (Fernando Cerimedo) admitió de manera explícita que controla “granjas” con miles de trolls, cuentas bots y otras herramientas digitales que, en su momento, puso al servicio del presidente Javier Milei. Madero es, también, accionista de La Derecha Diario, el principal medio de propaganda de Milei y los libertarios. Madero Media Group recibió 12 millones de pesos de pauta del Gobierno de Córdoba.
Las empresas cordobesas
El esquema de empresas gemelas no es exclusividad de los grandes grupos mediáticos. El holding que integran Grupo Tres Punto Zero e Impulso Creativo sumó $ 464,2 millones.
La primera está integrada por el empresario Gerardo Velázquez y la corredora inmobiliaria Nadia Batallan; mientras que la última es propiedad de la abogada Mara Batallan, quien inscribió su SAS en enero de 2023. Tres Punto Zero facturó $ 243,5 millones e Impulso Creativo, 229,7 millones.
Imperio Televisión, el nombre societario de Canal 13 de Río Cuarto, propiedad de Ricardo Nosiglia, uno de los hermanos de “el Coti”, facturó $ 479 millones. Por debajo está Radio Mitre, la segunda radio en recibir publicidad oficial, aunque por un monto significativamente menor a Cadena 3: 352,5 millones de pesos.
Por fuera de los medios tradicionales asoma un ecosistema de empresas de tecnología, publicidad y producción audiovisual que canalizaron $ 1.787,8 millones. Son: la caroyense Conectar SRL, recientemente incorporada al mundo de las telecomunicaciones y comandada por Alejandro Márquez, facturó $ 340 millones; Marco Publicitario, la agencia de publicidad de la familia Smith, facturó al Gobierno $ 333,8 millones; y Señal VP, de cartelería en la vía pública, le vendió al Gobierno provincial espacios publicitarios por 304 millones.
Además, aparecen la productora audiovisual Uritorco, con facturas por $ 346,7 millones; la empresa especializada en centros de cómputos y digitalización de imágenes Cahuma, propiedad de Marcelo Bechara y su hijo “Max” Bechara, también dueños del call center Tecnovoz, facturó $ 281,6 millones; y Cravat Comunicaciones, de la familia Gurdulich, con pagos por $ 181,7 millones.
Problemas con el Tribunal de Cuentas
En 2024 el Tribunal de Cuentas de Córdoba frenó pagos de publicidad oficial por sospecha de uso político por parte del gobierno de Llaryora. Fue luego de que Ruido detectara pagos de esa pauta provincial a empresas que se crearon hasta 19 días antes de recibir los fondos oficiales.
Vale recordar que Llaryora es uno de los gobernadores -y antes como intendente de la capital cordobesa- que usaba fondos oficiales para promocionar su nombre e imagen, algo prohibido por la Ley de Ética Pública en la Función Pública (art.42).Sin embargo, en las últimas semanas tomó la decisión de despersonalizar la comunicación pública provincial.
Autor: Juan Manuel González
