- La Provincia no sólo no difunde información sobre las obras públicas requeridas, sino que buscó justificar de manera activa la negativa a entregar esos datos. Para el Tribunal de Cuentas, el pedido de acceso a la información realizado por Ruido no solicita información pública.
El acceso a la información en la Provincia de Mendoza fue nulo. No hubo respuesta de organismos oficiales. A diferencia del informe de Compras Públicas 2020 y 2021 -con un portal en el que figuran las licitaciones y compras directas de todos los organismos del Estado-, en el caso de las obras pública esos ministerios y secretarías prefirieron guardar silencio o ser esquivos en sus respuestas.
Este informe se nutrió de notas periodísticas y de gacetillas de prensa del Gobierno de Mendoza.
Las obras elegidas para el monitoreo fueron:
Ruta Provincial 82 (Panamericana).
Ampliación Hospital Schestakow (San Rafael).
Acueducto Monte Comán – La Horqueta.
Un laberinto con obstáculos
En el proceso de búsqueda de información, Ruido se topó con un verdadero laberinto que parece hecho adrede para obstaculizar y desmoralizar a cualquier ciudadano que pretenda conocer información que es pública. No hubo manera de hacerlo.
Se enviaron pedidos de acceso a la información a cinco personas -funcionarios de gobierno y del Tribunal de Cuentas- y a mails colectivos, en tres ocasiones a cada uno, entre octubre y diciembre de 2021.
No sólo no se entregó ninguna información, sino que tanto el Gobierno de Mendoza como el Tribunal de Cuentas trabajaron de manera activa para fundamentar la negativa.
En el caso del Tribunal de Cuentas, se respondió con una interpretación particular sobre la ley de Acceso a la información, a través de un dictamen. Allí se señala que la “Ley N° 9070 en su art. 2, considera información pública a ‘… toda constancia producida por el Estado, en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, cuya producción haya sido emanada, y/o financiada total o parcialmente por el Estado, que obre en su poder o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa o de parte del Estado Provincial y cuya finalidad u objeto sea el interés público’. Y tal como ya ha sido dictaminado anteriormente por esta Relatora, debe entenderse, que una cosa es requerir documentación que obra en el Tribunal y otra muy diferente es requerir a este órgano que ‘elabore documentación’ que interesa al peticionante. En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto y la información específica que se detalla a fs. 3/4, estimo que no corresponde a este Tribunal dar curso al pedido de informe requerido, por cuanto dicha información obra en los organismos licitantes de tales obras”.
En otras palabras, el TC no considera que un pedido de información específica equivalga a información pública, salvo que se trata de copias de documentos. Una diferencia que cuesta interpretar.
Pero no sólo eso: desde el Gobierno provincial, el 16 de diciembre de 2021 (más de dos meses después de la primera consulta) respondieron que la consulta debía realizarse por un sistema de tickets que utiliza el Gobierno de Mendoza para diferentes solicitudes.
Así lo hizo Ruido. Pero el 15 de febrero (dos meses después, y a cuatro de la primera consulta), respondieron que “las notas mediante las cuáles se dirige al Ministerio de Planificación no han ingresado por el sistema on line Tickets para pedidos de acceso a la información pública y tampoco poseen constancias de su presentación ante dicho Ministerio, requisitos éstos esenciales para dar curso al presente recurso bajo el imperio de la Ley 9070; es por ello, que se lo emplaza en el término de cinco (5) días hábiles a fin de que acompañe constancias documentada de la presentación pedido de información pública que aduce no le ha sido evacuado, ello bajo apercibimiento de archivo de las presentes actuaciones”. Firma: Diego Mariano Seoane, subdirector de Acceso a la Información Pública OIAyEP.
Ruido no sólo había presentado las notas a todos esos organismos, sino que las mismas habían sido adjuntadas en dicho reclamo a través del sistema de tickets a la Oficina de Acceso a la información y a las demás reparticiones involucradas (tickets 3035478 y 3035573).
Un laberinto imposible de seguir para cualquier ciudadano y/u organización que pretenda conocer cualquier información pública como, en este caso, cuánto costaron obras públicas que pagaron todos los mendocinos.
Acueducto fallido
El Acueducto Monte Comán – La Horqueta es un obra muy esperada ya que busca mejorar las condiciones socioproductivas de 89 explotaciones agropecuarias de la zona Monte Comán-La Horqueta en más de 434.580 hectáreas, a través de obras de infraestructura (acueducto: 291 kilómetros de cañería, 31 bornas, y 83 puntos de entregas); capacitaciones y asistencia técnica y fortalecimiento institucional.
La construcción y operación del acueducto propone una distribución estratégica de agua apta para bebida de ganado, lo que permitiría mejorar la competitividad del sector ganadero, incrementando su productividad y sustentabilidad.
El presupuesto oficial de la obra (agosto 2019) rondaba los $645.810.000 e iba a ser financiada por el Programa de Mendoza Tecnológica con préstamo BID 3169 OC-AR y Aporte Provincial.
En octubre de 2019 se abrió la licitación, participaron 12 oferentes y se adjudicó la obra a Ceosa-Obras Andinas UTE a pesar de que era más alta que otras propuestas.
Uno de los oferentes, la UTE integrada por Laugero- Corporación del Sur denunció irregularidades en la selección de las constructoras. Esta denuncia fue la que provocó la decisión del BID de retirar el financiamiento.
El 8 de julio de 2020, el superintendente del Departamento General de Irrigación reconoció a los medios periodísticos que el Banco Interamericano había retirado el financiamiento del acueducto por problemas en el proceso de la adjudicación de la licitación.
Según versiones periodísticas, “en los papeles se hablaba de la violación de una cláusula de confidencialidad pero el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, reconoció que hubo denuncias cruzadas y sospechas que asustaron al ente internacional de financiamiento”.
El 21 de julio del mismo año, el titular de Irrigación fue a la Legislatura para explicar las razones por las que el organismo retiró los fondos.
