Mendoza: denuncia penal y suspensión de un inspector por presunta malversación de fondos públicos

¡COMPARTÍ!

Alejandro Currenti, empleado de la Inspección de Cauce Canal Vertientes Los Corralitos, de Guaymallén, fue suspendido de su cargo hasta que concluya una investigación administrativa que lo tiene como sospechoso de haber cometido diversas irregularidades, según informó Los Andes.

Todo comenzó cuando el Departamento General de Irrigación (DGI) detectó anomalías en la mencionada Inspección, y resolvió la intervención. Por ejemplo, irregularidades en la rendición de cuentas de 2021, tras lo cual otras denuncias por hechos de corrupción se fueron acumulando y llegaron a la Justicia. 

Así, salieron a la luz polémicos contratos realizados entre Currenti y su esposa Romina Cagol en enero de 2024, un comodato firmado para trasladar la inspección de cauce a un terreno de su propiedad en 2018. Currenti había construido la sede de la inspección en su propiedad sin la debida aprobación. Fue uno de los primeros indicios de la mala administración de los fondos y recursos.

José Pozzoli, concejal del Partido Justicialista y uno de los denunciantes, comentó sobre las irregularidades detectadas: «Currenti recibía dinero de Irrigación para hacer obras, y aparte el municipio le daba materiales. El recibo por el combustible lo firmaba el empleado de la inspección, que se lo llevaba en un tanque de 1500 litros y después no hay un registro de a dónde iba eso«, según comentó al medio MDZ Radio.

Otra acusación grave es la utilización de la firma de un fallecido durante más de un año y medio para validar rendiciones de cuentas mediante la utilización del token bancario para poder firmar cheques digitales y realizar transferencias bancarias. Se trata de Vicente Pelayes, fallecido en octubre del 2022, quien fue elegido como primer delegado del Cuerpo de Autoridades en las elecciones en las que Currenti fue reelegido por el periodo 2022-2026.

A su vez, Currenti tiene un expediente abierto por el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) por el supuesto desmanejo de recursos públicos por una cifra que, en principio, ronda los $30 millones, los cuales estaban destinados a la construcción de obras que nunca se hicieron.

Ingresá a la nota completa

Fotografía: El inspector de cauce, Alejandro Currenti. (Los Andes)