- Según una investigación de INECIP no están siendo eficaces en el cumplimiento de sus funciones más básicas. Cinco provincias no brindaron respuesta a pedidos de información.
Los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina no están siendo eficaces en el cumplimiento de sus funciones más básicas. Esas funciones son, en primer lugar, darle una respuesta de calidad básica a la mayor cantidad posible de conflictos que ingresen al sistema penal y, por el otro, lograr respuestas que tengan algún tipo de incidencia político-criminal.
Esta información se desprende de la investigación sobre “La eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) en Argentina” elaborada por INECIP en la cual se evaluó el desempeño de esos organismos durante 2019.
Principales conclusiones a las que se llegó en la investigación:
- Los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina no están siendo eficaces en el cumplimiento de sus funciones más básicas. Esas funciones son, en primer lugar, darle una respuesta de calidad básica a la mayor cantidad posible de conflictos que ingresen al sistema penal y, por el otro, lograr respuestas que tengan algún tipo de incidencia político-criminal.
- Esa ineficacia implica que las fiscalías no estén gestionando adecuadamente los intereses de las víctimas ni logrando incidir sobre el control de la criminalidad.
- El riesgo de esta ineficacia es el aumento de los niveles de violencia social.
- Esta situación puede tener muchas causas. La única forma de identificarlas correctamente y mejorar el desempeño de las fiscalías es a través de la evaluación periódica.
- Para poder realizar esas evaluaciones, es fundamental contar con información sobre la realidad sobre la cual se pretende intervenir, y sobre los recursos y funcionamiento interno de los propios Ministerios Públicos.
- También es imprescindible una planificación estratégica, que requiere la fijación de objetivos. Sólo así los Ministerios Públicos podrán orientar su actuación de un modo que les permita cumplir con sus funciones elementales.
Se informó desde la institución que para la elaboración de estas tasas, se ha confrontado la cantidad de causas ingresadas al sistema de justicia penal en el plazo de un año, con la cantidad de salidas durante ese mismo año. La base utilizada es 2019, para evitar que el análisis se vea distorsionado por la excepcionalidad que implicó la pandemia de Covid-19.
En el mismo documento aseguran que para esta primera etapa se enviaron pedidos de acceso a la información pública a todos los Ministerios Públicos Fiscales del país –federal y provinciales– y, en los casos en los que estos organismos no contaban con información completa, a los Poderes Judiciales correspondientes.
