Legislaturas secretas: Tucumán, el reino de los datos secretos

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Más de 20 denuncias penales presentadas desde 2002 habían advertido que la práctica de solicitar, exigir, hacer pagar o recibir indebidamente una contribución a empleados públicos se había generalizado en la política de Tucumán. Pero recién en 2019, por primera vez, la Justicia provincial consideró probadas las exacciones ilegales de esa tónica. 

Fue en el caso de Agustín Ruiz, el director municipal y concejal electo de la ciudad de Las Talitas que había sido grabado mientras reclamaba a un grupo de colaboradores la entrega del 60% del salario que ellos percibían. 

Este es uno de los datos del relevamiento sobre contrataciones de personal o manejo de fondos que revela la investigación de Ruido y Poder Ciudadano, «Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos«.

Los ñoquis de Las Talitas

En el caso tucumano, la sentencia inusual referida a una municipalidad periférica de la capital provincial corroboró cuánto se había extendido entre las autoridades estatales el ánimo de lucro y la conducta abusiva con las designaciones de personal, un mecanismo ilegal de financiamiento de los políticos popularmente asociado a “los ñoquis” del Poder Legislativo.

Fuera de quienes manejan el sistema, nadie sabe cuántos empleados tiene la Legislatura de Tucumán: es uno de los misterios mejor guardados de la Provincia a juzgar sólo por las numerosas piezas que el diario La Gaceta ha publicado al respecto -la misma oscuridad se extiende a otros organismos incluso judiciales o de control: por ejemplo, recién en 2018 se pudo saber cuál era la planta de la Junta Electoral provincial

Tucumán, sin respuestas

El Poder Legislativo no contestó el pedido de acceso a la información pública que presentó Ruido a su presidente, el vicegobernador Miguel Acevedo, el 21 de febrero de 2024. Tampoco lo hicieron los legisladores a título personal. 

Ante el silencio de Acevedo y el anhelo de ofrecer la posibilidad de adoptar una tesitura diferente a los miembros de la Cámara, la solicitud de datos relativa a los nombramientos fue enviada por correo electrónico a los 49 legisladores. Ninguno contestó. 

En la Legislatura ni siquiera pudieron corroborar si están activas las casillas asignadas a cada parlamentario e informadas en el portal oficial.

La falta de respuesta a las preguntas sobre la nómina; las escalas salariales; los controles de asistencia, y los presupuestos por legislador y por bloque ya constituye una especie de regla en el órgano de los representantes del pueblo, donde por lo bajo nadie se atreve a desmentir la existencia de “chocolates” como el identificado en la Legislatura bonaerense. 

La lógica es simple: el ambiente se presta a los abusos. El secretismo imperante no ha podido ser desbaratado. 

Intentos fallidos por pedir información

«Otros intentos de saber qué pasa con el personal realizados en el pasado incluso fortalecieron el hermetismo, como el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en 2021 denegó el listado de empleados legislativos al abogado constitucionalista Luis Iriarte por considerar que se trataba de “datos sensibles” protegidos cuya publicidad podría dar lugar a estigmatizaciones. 

La posición de la Corte provincial se compadece con el hecho de que Tucumán carece de leyes de ética; de acceso a la información pública y de control de las cajas de los partidos, y de que aún rige una norma de 1973 que penaliza la difusión de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios obligados a confeccionarlas

El déficit de apertura es tal que, en diciembre de 2023, los legisladores votaron por unanimidad un aumento de su dieta sin explicitarlo: luego trascendió que el proyecto de resolución “90-PR-23” implicaba llevar el salario de cada parlamentario a $ 1,3 millón.

Durante el procedimiento administrativo que había instado Iriarte, el entonces vicegobernador y hoy gobernador Osvaldo Jaldo había contestado que la posibilidad de dar a conocer la plantilla legislativa lo excedía, puesto que él solamente se limitaba “a recibir y a dar trámite a los pedidos de designación que formulaban los bloques y los legisladores” en virtud de lo establecido en los artículos 41 y 42 del reglamento interno.

De esta respuesta se desprende que virtualmente habría tantos asesores y empleados como requieren las nueve bancadas -ocho de ellas opositoras donde cinco son “monobloques” de una persona- y los miembros del cuerpo, y que los controles de la asistencia, de disciplina y del rendimiento están supeditados a lo que los superiores dispongan. 

«Personal a elección»

El reglamento dice que los bloques tendrán personal temporario nombrado y removido en cualquier tiempo por el Presidente de la Legislatura a propuesta de la autoridad de aquellos; que el pago de este equipo se atenderá con una partida especial de gastos que se incluirá anualmente en el presupuesto y que depende “exclusivamente” de los jefes de cada sector (artículo 41). 

Por otro lado, la reglamentación prevé que cada legislador, y dentro del mismo régimen de estabilidad prevista para los bloques, será asistido “por personal a su elección” que, en virtud de su propuesta, designe el Presidente de la Legislatura. 

En 2021, la resistencia de la Presidencia a informar la nómina había llevado a Iriarte a tratar de obtener la información por medio de los parlamentarios. Tampoco funcionó. En mayo, el abogado hizo la siguiente convocatoria: “Exhorto a la Unión Cívica Radical, al Partido Justicialista, a Fuerza Republicana y al Partido de la Justicia Social, todas agrupaciones con representación en la Legislatura, a que públicamente declaren si están de acuerdo o rechazan el secretismo impuesto sobre estos temas de indudable interés institucional por parte  del vicegobernador (Jaldo). El pueblo quiere y necesita saber quién es quién en nuestra castigada provincia”.

Estimaciones impactantes: 30 mil empleados

Ante la falta de números precisos, se barajan cifras impactantes. Hay quienes calculan que el Poder Legislativo tucumano emplearía con distintas modalidades de contratación a alrededor de 30 mil personas

Otros sugieren que, por ejemplo, la institución absorbió a los 7.500 beneficiarios de la Unidad de Reconversión Laboral, un programa de “contención” creado por el Gobierno de Juan Manzur que Jaldo eliminó en noviembre del año pasado sin que hubiera manifestaciones de descontento. 

“No estamos dispuestos a seguir pagando a personas sin saber qué rol cumplen, cómo se desempeñan ni dónde trabajan. Es una cantidad importante (de personal), como, además, una erogación financiera y presupuestaria significativa», había argumentado el nuevo jefe del Poder Ejecutivo. En simultáneo, la Legislatura anunció que discontinuaba la política del Boleto Estudiantil Gratuito para alrededor de 70.000 alumnos iniciada por el ex vicegobernador Jaldo y este se había comprometido a mantenerla en el ámbito del Ejecutivo.

Si bien se desconoce con precisión cuál es el presupuesto global del Poder Legislativo, se considera que este asciende a por lo menos $ 62.500 millones en 2024 (el 3,91% del total de la Provincia) y que sigue estando entre los más altos del país

El monto de la última dieta confirmada ($ 1,3 millón por mes) indica que menos de $ 1.000 millones son destinados al pago de los 49 legisladores. 

Por otro lado, el vicegobernador Acevedo ratificó en abril de 2024 que el salario mínimo legislativo iba a ser de $ 400.000. 

Si el presupuesto disponible después de retribuir a los legisladores fuera de $ 61.500 millones y si esa masa de fondos estuviese dedicada a sueldos -cosa que desde ya no sucede porque, además de mantener la sede, la Legislatura entrega subsidios de montos tampoco difundidos a fundaciones y asociaciones civiles-, habría margen para sostener 12.000 puestos remunerados con $ 400.000 mensuales, un promedio de 244 por banca. Esa matemática no se verificaría en la realidad: hay legisladores opositores que aseguran que sus “staffs” contienen 20 colaboradores.

Todos los ejercicios relativos a cómo se usa el presupuesto legislativo en Tucumán son hipotéticos porque: a) la institución no publicita su estimación de gastos que, por disposición constitucional, no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo; b) la proyección general de erogaciones de la Provincia suele votarse sin que trasciendan detalles de las partidas ni siquiera para los representantes de la minoría obligados a emitir dictamen y c) la cuenta de inversión se aprueba de manera ficta -por el paso del tiempo previsto en la Ley de Administración Financiera- desde tiempo inmemorial. 

Esto quiere decir que nunca se debaten ni ventilan en el recinto las rendiciones de cuentas anuales que elabora el Estado tucumano con la participación del Tribunal de Cuentas.

Financiamiento espurio de la política en Tucumán

La cultura proclive a utilizar el presupuesto legislativo para financiar de manera espuria la política asomó en algunos comentarios dichos al pasar; el escándalo de los gastos sociales y a ciertas discusiones internas ocurridas en el peronismo que gobierna la Provincia desde 1999. 

Recientemente, Acevedo dijo que el personal tildado de “ñoqui” en realidad estaba haciendo “trabajo territorial” y, por eso, no se lo veía en la sede de la Legislatura. En 2007, el entonces vicegobernador Fernando Juri enfrentado con el mandatario José Alperovich amenazó con abrir la cuenta de inversión de 2005, medida que finalmente no concretó. 

El 1 de noviembre de 2015, La Gaceta publicó una serie de imágenes y reportes bancarios que sugerían la aplicación de más de $ 600 millones -el 40% del presupuesto legislativo de aquel año electoral- a gastos sociales discrecionales: el dinero en efectivo era retirado en valijas (se abrieron media docena de investigaciones a partir de ello, pero ninguna prosperó). 

En 2021, otra confrontación entre socios justicialistas, en esta oportunidad el vice Jaldo y el gobernador Manzur, derivó en que el primero resolvió cesantear a entre 1.000 y 1.500 asesores y empleados legislativos identificados con la facción afín al titular del Poder Ejecutivo. Después Manzur asumió en la Jefatura del Gabinete del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y Jaldo se hizo cargo del Gobierno: hubo reconciliación y de algún modo las partes solucionaron el recorte aplicado a la planta de personal. 

Ninguna novedad

El hermetismo legislativo lleva décadas de arraigo y se encamina a convertirse en una de las deudas más evidentes de la democracia tucumana. 

Hay quienes atribuyen la opacidad al esquema electoral de los acoples o colectoras: según esta mirada, llegar a una banca obliga después a sostener una estructura voluminosa de punteros y de aliados durante cuatro años. 

Pero hacer una reforma política requiere que el cambio de régimen provenga de los que se beneficiaron de los acoples. Parece difícil que eso ocurra. Manzur prometió en 2016 que impulsaría una ley de acceso a la información pública más amplia que la vigente en la Nación, pero ni siquiera consta que haya mandado una propuesta durante los ocho años que gobernó. 

El 1 de marzo de 2024, Jaldo asumió el mismo compromiso. La ilusión duró poco porque, a continuación, Acevedo aseguró que aún no había llegado el fin de los acoples y que sí había transparencia en Tucumán. 

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