Legislaturas secretas: en Santa Cruz denuncian al ex vicegobernador por $32 millones sin rendir

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Una planta de personal sobredimensionada, una denuncia penal por el manejo de gastos protocolares sin rendir por más de 32 millones de pesos, la falta de información organizada y personal que fue despedido por no presentarse a trabajar es lo que se detectó tras 32 años de gobiernos kirchneristas en la Legislatura de Santa Cruz. 

Ese es el cuadro de situación del órgano parlamentario provincial. Los datos del estado de la planta de personal surgen del pedido de Acceso a la Información realizado en el marco de la investigación de Ruido y Poder Ciudadano en todo el país, «Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos«.

Los datos sobre los gastos protocolares, en tanto, provienen de la auditoría encarada en los últimos meses por la gestión del actual vicegobernador Fabián Leguizamón, quien, el último día de mayo denunció penalmente a su antecesor Eugenio Quiroga por transferir fondos públicos a sus cuentas bancarias sin presentar las rendiciones correspondientes por una suma que asciende a más de $32 millones sólo durante 2023. 

Millonarios gastos en la Legislatura de Santa Cruz

La denuncia fue presentada por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Leguizamón, de extracción radical, llegó a la vicegobernación como parte de un frente electoral encabezado por el actual gobernador Claudio Vidal y denunció que el vicegobernador de Alicia Kirchner no rindió fondos para gastos protocolares, antes llamados fondos reservados.

Desde 2022, los fondos cambiaron de nombre por Protocolares y deben ser rendidos o devueltos, según el caso, por los vicegobernadores.

La denuncia corresponde a los 35 movimientos de fondos que el vicegobernador había ordenado para que se transfieran a sus cuentas entre febrero y noviembre del 2023. La última, realizada a días de cesar en el cargo de acuerdo a la reconstrucción de datos registrados en el sistema de administración financiera y presupuestaria de la legislatura provincial.

Entre febrero y noviembre de 2023, Quiroga recibió de las cuentas bancarias de la Legislatura provincial 32.626.799 pesos, sin rendir cuenta de los fondos transferidos según la actual gestión de Leguizamón y que integra la denuncia presentada en la justicia de Río Gallegos.

De los 35 retiros de fondos, el monto más abultado corresponde a julio, cuando realizó cuatro retiros que suman más de 8,8 millones de pesos, en coincidencia con el receso invernal. 

Otro dato llamativo: entr septiembre y octubre de 2023, meses en los que Quiroga fue candidato a intendente de Caleta Olivia, retiró $ 7.100.000, en tanto que el último mes de gestión y a pocos días de dejar el cargo realizó retiros según la denuncia por $ 4.492.000.

Reducción de la planta en la Legislatura de Santa Cruz

En noviembre pasado, desde la legislatura santacruceña se pagaron 814 sueldos. En marzo de 2024, de la misma caja se abonaron 561 salarios. Es decir que, en tres meses, se redujo el 32% de los empleados, en su mayoría cargos políticos. 

Al asumir la vicegobernación, Leguizamón aplicó lo que había adelantado en la campaña: bajar al mínimo los gastos del poder legislativo.

Entre diciembre y febrero se registraron en total 390 cargos, de los cuales 350 correspondían a bajas de cargos políticos, 19 personas fueron dejadas cesantes, 13 renunciaron, a 4 se les finalizó cumplió el contrato y 4 se jubilaron.

Reducción de 32% en la Legislatura de Santa Cruz

Aun nombrando los nuevos cargos políticos determinados por organigrama, la actual planta de la legislatura santacruceña redujo 32% el personal que tenía hasta noviembre, bajo la vicepresidencia de Quiroga.

Las 19 personas que fueron dejadas cesantes era personal que cobraba sueldos pero que nunca se presentaron a trabajar. Algunos vivían en el interior de la provincia o incluso en otras provincias. “Era gente que cobraba acá y directamente nunca se había presentado a trabajar, y tampoco lo hicieron cuando asumieron las nuevas autoridades”, explicaron a Ruido desde el área de Recursos Humanos.

Una de las mayores dificultades con las que se encontraron las nuevas autoridades es que el reloj para marcar tarjeta en la entrada del edificio estaba roto, con lo cual no había un registro de asistencia.

Empleados sin saber a qué oficina ir

En la primera semana de diciembre, las nuevas autoridades debieron enviar carta documento a quienes no se presentaron a trabajar. Algunos no concurrieron y otros no sabían a qué oficina debían asistir, ya que nunca habían trabajado allí. Otros no respondieron el reclamo y hasta ahora sólo una persona decidió litigar en la justicia para seguir trabajando.

Registro de asistencia. Sólo encontraron una lista escrita a mano de quien entraba o salía del edificio, ya sea que trabajara o no en el lugar. Sobre las afectaciones de personal de una dependencia a otra tampoco se encontraron instrumentos legales.

Cargos políticos. La baja de cargos políticos, que llegaron a 350, fue uno de los aspectos que generó mayor malestar cuando llegó la nueva gestión. 

La decisión de las nuevas autoridades fue dar de baja todos los cargos; sólo fueron reincorporados aquellos nombrados expresamente dentro del cupo asignado a cada diputado.

La orgánica establece que cada diputado podrá nombrar a 4 personas: 1 asesor, 1 auxiliar de primera, 1 auxiliar de segunda y 1 auxiliar de tercera, en tanto que cada bloque político podrá contar con un secretario y un prosecretario. 

La Cámara de Diputados cuenta con 24 diputados (10 diputados provinciales y 14 por pueblo), con lo cual los cargos políticos deberán ser 94, y un cupo reservado para la presidencia.

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