En 2019, Luis Alfredo Gaspar -ex asesor del entonces diputado Marcelo Nasif, del bloque “Primero Jujuy”- denunció que había sido amenazado con el despido cuando resolvió no continuar aportando de su salario a Nasif. Gaspar aportó la grabación de un encuentro con Nasif, pero el diputado sólo fue apartado del bloque mientras duró la investigación. La Justicia luego archivó la causa con el argumento de que los hechos no encuadraban en ninguna figura penal.
Este es uno de los casos del relevamiento sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, según revela la investigación de Ruido y Poder Ciudadano «Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos«.
En el caso jujeño, el dinero que se maneja como “fondo de bloque” no cuenta con un control público y no hay manera de acceder a los datos indicadores de cuánto dinero corresponde a cada bloque. Tampoco se sabe si existe una reglamentación al respecto.
En 2018, el bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores presentó un proyecto de ley para que sea derogado el “Régimen de Fondos para el Funcionamiento de Organismos Legislativos”, que se cobra desde hace aproximadamente 25 años y que se considera un sobresueldo para uso discrecional de cada diputado.El proyecto no avanzó.
Si bien en la provincia rige una ley que explica los requisitos para acceder a la permanencia laboral, esta no siempre se respeta. En muchos casos la estabilidad se consigue por fuera de esta norma a partir de una decisión discrecional, lo mismo que las recategorizaciones.
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