Legislaturas secretas: en Formosa, 1.500 empleados sin registro 

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Según el presupuesto 2023 prorrogado para el 2024 por decreto del gobernador, Gildo Insfrán, en el Poder Legislativo la cantidad de trabajadores permanentes y transitorios no coincide con la cantidad que cumple funciones con los legisladores.

Algo similar ocurre en casi 9 de cada 10 provincias argentinas, donde se ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, según revela la investigación de Ruido y Poder Ciudadano, «Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos«.

El gobierno de la provincia de Formosa no está adherido a la Ley 27.275 que permite el acceso a la información pública y no contesta ningún pedido de informes, salvo aquellos que agoten la vía judicial llegando hasta el Superior Tribunal de Justicia en la provincia, pero con los tiempos absolutamente superados respecto de la necesidad del acceso a las fuentes y con los costos que el trámite demanda.

No es algo privativo del Poder Ejecutivo: tanto el Legislativo y hasta el Judicial siguen la misma conducta, por lo que salvo fuentes reservadas, es imposible conseguir datos oficiales que el gobierno de la provincia no desee compartir.

Esto se reitera con en el último pedido de acceso a la información presentado en la Legislatura Provincial en una nota dirigida al Presidente del cuerpo, vicegobernador Eber Solís, respecto del personal que allí se desempeña.

Los datos obtenidos se desprenden del último presupuesto que fue prorrogado por decreto del gobernador de 2023 y que rige en 2024, que refiere al personal de planta permanente y transitoria, donde se prevén 1802 empleados. Sin embargo, a un promedio de 8-10 personas que trabajan para cada uno de los 30 legisladores, solamente 300 empleados tienen real y efectivo cumplimiento de una tarea en el recinto legislativo: hay más de 1000 empleados que no pueden ser individualizados respecto de su función.

De la misma manera tampoco tienen acceso a estos datos ni los legisladores opositores ni los oficialistas, y se desprende que la discrecionalidad para el manejo de estos empleados está bajo la órbita del vicegobernador, Eber Solís.

Más cupo y salarios mínimos

En abril 2024, el salario promedio de bolsillo aumentó a 350 mil pesos, que es lo que percibe la mayor parte del personal, puesto que para optimizar los 8-10 cupos para contratar, los legisladores llevan al mínimo oficial el salario promedio de sus empleados.

Los cupos en la Legislatura se utilizan como moneda de cambio para negociaciones entre legisladores pero inexorablemente el presidente nato, vicegobernador Eber Solís o en su defecto el presidente provisional, el diputado Armando Felipe Cabrera (PJ), son quienes disponen las contrataciones transitorias o permanentes.

Al cuerpo lo componen 30 legisladores, donde 20 son oficialistas y 10 de la oposición. Los proyectos de ley sólo son presentados por el Poder Ejecutivo y tienen trámite automático por parte de los legisladores gildistas. Los proyectos presentados por la oposición son sistemáticamente rechazados por la mayoría y enviados a archivo sin siquiera ser tratados.

Hay 11 comisiones legislativas y todas también tienen mayoría del oficialismo. Los proyectos que se presentan no superan ninguna de ellas y si se presentan “sobre tablas” también corren la misma suerte.

En los últimos meses la diputada provincial del espacio Nuevo Pais presentó una denuncia contra el vicegobernador, Eber Solis, en su carácter de presidente del cuerpo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al cortarle la  palabra en todas las sesiones de los jueves a legisladores de la oposición. Es decir, no les permiten el uso de la palabra.

También hay presentaciones en la justicia por violencia de género, que involucran a los diputados oficialistas, Armando Felipe Cabrera (PJ), Agustín Samaniego (PJ) por agredir verbalmente a varias diputadas de la oposición e interrumpirles el uso de la palabra.

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