Las provincias que más dependen de Nación son las que tienen más empleados públicos

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  • La provincia con más dependencia es Tierra del Fuego; Caba es la que tiene menos. Lo puso en evidencia un estudio de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La Bolsa de Comercio de Córdoba publicó un informe mediante el cual da cuenta que las provincias que más dependen de Nación son las que más empleados públicos tienen.

La entidad realizó un estudio comparativo entre la cantidad de empleados públicos y los recursos que se reciben de parte de la Nación.

En promedio, las transferencias totales por habitante de Nación a las provincias cayeron 4,4% en la última década. En tanto, el nivel de empleo público cada 1000 habitantes aumentó 11%.

En este sentido, el estudio puso en evidencia que a mayor nivel de transferencias per cápita recibidas por las jurisdicciones, mayor es el nivel de empleo público.

Según los últimos datos disponibles, Tierra del Fuego “lidera el ranking de distritos con mayor nivel de transferencias per cápita y que, a la vez, cuentan con más cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes”.

Le siguen Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Jujuy, que están por encima del promedio en ambos indicadores.

Del otro lado figuran las provincias con menor dependencia de Nación y también con menos peso del empleo público. La Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Misiones encabezan esa lista.

Cada mes Nación transfiere recursos a las provincias y a Caba: la mayor parte son por coparticipación, aunque también hay envíos discrecionales por fuera de esa ley.

Ley de coparticipación que nunca se cumplió

El estudio recuerda que se cumplieron 35 años de la entrada en vigencia de la Ley 23.548, la de coparticipación que estableció, desde el 1 de enero de 1988, un régimen transitorio de distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

“Nunca se cumplió con la actualización prevista en la reforma constitucional de 1994″, indicaron desde la bolsa cordobesa.

En esa reforma plantearon que la distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre estas, se realizaría en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto y que sería “equitativa, solidaria y daría prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

“El resultado del comportamiento descripto es que el plantel de empleados públicos en las provincias está sobredimensionado en comparación con su recaudación tributaria. Por ejemplo, ninguna provincia podría cubrir todo su gasto en personal con esos recursos, mientras que el promedio de las jurisdicciones sólo llega a cubrir 45% de ese ítem. Quince jurisdicciones se encuentran por debajo de este promedio”, señala el informe.

Además, en la publicación apuntaron que la administración nacional y las provincias llevan a cabo “políticas de ingresos y gastos públicos descoordinadas, con un marco legal claramente desbordado por la realidad”.

Esto repercute negativamente en la sociedad, debido a la “elevada presión fiscal sobre el sector formal de la economía para financiar el tamaño del Estado creciente” que no logra otorgar servicios públicos eficientes.
“Este es el resultado de un desequilibrio regional en la asignación de recursos que debe ser tenido en cuenta en las discusiones para una futura modificación del esquema de Coparticipación, que amerita entre otras cosas analizar la posibilidad de aminorar la importancia de las transferencias de libre disponibilidad a las provincias en el marco de una rediscusión de las potestades fiscales de los distintos niveles de gobierno”, cierra el informe.