La opacidad, un riesgo para el interés público

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  • Los hallazgos de Ruido muestran que el de la obra pública no es un problema de personas o sectores políticos determinados, sino un dilema estructural. Cómo se configura esta institucionalidad cuyo funcionamiento cotidiano facilita enormemente la corrupción.

Por Sol Minoldo

Por un lado, por los fondos que movilizan, las obras públicas pueden tener impacto sobre las economías locales, inyectando recursos que activan la demanda de servicios y materiales, que redundan en puestos de trabajo e ingresos para la población.

Pero por otra parte, y este es su principal objetivo explícito, estas inversiones públicas permiten desarrollar infraestructuras fundamentales para el desarrollo económico y social, en ocasiones rentables a nivel comunitario y no particular, por lo que no sería de esperar que las realice el sector privado a su costo.

En palabras de Ana Castellani, investigadora de la relación entre el Estado y los grupos económicos, “en un país como éste, con un déficit de infraestructura importante, la obra pública constituye una intervención estratégica y necesaria para el desarrollo económico y para mejorar la calidad de vida de la población”.

Es por todo esto que adquiere un evidente interés público que los fondos orientados a la obra pública sean utilizados de manera eficiente y eficaz: con obras terminadas, completas; con resultados de calidad, duraderos; y con un costo acorde a lo que el mercado permite realizar con ese dinero. Si hay un malgasto, con un mismo dinero invertido, la sociedad tendrá menores/peores resultados.

El interés público de las reglas y su control

Frente a las enormes sumas de dinero involucradas, no extraña que emerjan rápidamente intereses por cooptar esos recursos. Desde contratistas, hasta proveedores e incluso funcionarios —que podrían recibir beneficios como prebendas por favorecer a unos o a otros.

Por ello, un evidente riesgo para el interés social es que la intervención y sus resultados se “desvirtúen”, como señala Castellani, “cuando esa intervención se da en un marco de interrelación entre funcionarios y empresarios proclives a la obtención de ganancias extraordinarias o de “retornos” necesarios para sostener la ‘caja grande de la política’”.

Así, a la medida del interés público que tiene la obra pública emerge la importancia social de restringir los márgenes para la malversación de fondos públicos.

Existen reglamentaciones diseñadas con miras al objetivo de maximizar los beneficios de la inversión pública: que se obtengan resultados adecuados y con costos razonables. Importa, en este sentido, la idoneidad de las reglas, que siempre pueden seguir siendo revisadas y mejoradas para que su implementación nos acerque, efectivamente, a la mejor obra pública posible.

Sin embargo, ni las mejores reglas harán diferencia si pueden ser alegremente incumplidas o burladas. Cumplir el objetivo dependerá, en última instancia, de la existencia de mecanismos de control y auditoría de la obra pública genuinamente efectivos.

La centralidad de la transparencia y de posibilitar la auditoría pública

Si en toda la cadena los actores involucrados aceptan romper las reglas, a cambio de un beneficio, las auditorías externas resultan claves para desalentar defraudaciones que —si no pueden ser detectadas y denunciadas— tendrán costo nulo para quienes las defraudan. No se trata sólo de costos judiciales: para quienes tienen interés en sostener mandatos públicos, el costo político puede ser central. Pero sin información, no hay costo político de defraudar.

En este marco, resulta clave la existencia de información de acceso público que haga posible la auditoría ciudadana.

Los datos, ¿están disponibles? ¿Qué tan accesibles son? Los resultados de la investigación de Ruido dan cuenta de que la auditoría ciudadana y periodística es impracticable hoy en día. A pesar de una ley de acceso a la información y de las facilidades que existen para publicar en la web la información de interés público, el Estado sigue siendo opaco.

Si semejante esfuerzo fue infructuoso, la opacidad es la norma.

La inflación facilitando la opacidad

En un país con inflación persistente desde hace décadas, un monto en pesos de un año y mes específico implica una cantidad de dinero real diferente a la de otro mes y año, tan diferente cuanto más alta haya sido la inflación entre ambos momentos.

Por ello, los montos de dinero en pesos, sin fecha, son un dato que no dice prácticamente nada. Asimismo, los montos en pesos que simulan dar cuenta del gasto total de una obra son frecuentemente cifras sin sentido: sumar pesos de años y meses diferentes, y por tanto con diferente valor, es equivalente a ofrecer un monto que obtuvimos de sumar diferentes sumas de euros, dólares, yuanes y rupias, sin explicar cómo participa cada moneda en el monto total.

En realidad, el valor real de un gasto acumulado por una obra dependerá del momento en que se haya realizado cada desembolso. En definitiva, la inflación hace que la información incompleta, en cuanto al detalle de los desembolsos y sus fechas, resulte confusa y en ocasiones imposible de auditar.

Sin ese registro detallado es posible que ni las propias provincias que ejecutan las obras puedan obtener la información certera acerca del dinero realmente invertido.

La opacidad estatal como problema público

Señalar faltas legales y morales, buscando individualizar culpas, puede funcionar para el sistema judicial. Sin embargo, es necesario mirar más lejos para entender el carácter social e institucional del problema que enfrentamos, así como de las soluciones que necesitamos.

Los hallazgos muestran que la opacidad no se ajusta a personas o sectores políticos determinados, sino que el problema es estructural. Nos encontramos frente a una institucionalidad cuyo funcionamiento cotidiano facilita enormemente la corrupción.

Y lo cierto es que si el adecuado uso de los fondos públicos depende de la buena voluntad y valores morales de las personas que acceden a ellos, antes que de reglas y mecanismos que lo garanticen, no debería sorprendernos si se pierden miles de millones en el camino.

Cuando se trata de la transparencia, es enorme la dispersión tanto de la reglamentación que garantiza su acceso y define los procedimientos, como de su cumplimiento efectivo.

En un contexto de incumplimiento generalizado, se producen incentivos para mantener la opacidad: paradójicamente, serán las jurisdicciones que brindan información las que paguen mayor costo político, al quedar expuestas a controles y acusaciones públicas, mientras la opacidad parecería tener menos potencial para generar escándalo.

Por ello, se hace necesario redirigir el foco: más allá de algunos datos dispersos que puedan dar cuenta de malversación, la noticia de este informe es la inmensa cantidad de datos que no tenemos.