La Municipalidad de Córdoba, la que más pagó en Argentina para publicidad en redes

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La Municipalidad de Córdoba ostenta el récord absoluto de anunciantes que pagan para posicionarse en Facebook e Instagram, según el registro histórico (últimos cuatro años) de la Biblioteca de Anunciantes de Meta, que abarca a las dos redes mencionadas.

El municipio cordobés pagó más de 540 millones de pesos desde 2019, lejísimos del segundo mayor inversor en publicidad en estas plataformas: el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con 202 millones de pesos.

En ambos casos, en la mayoría de los anuncios (en especial los publicados antes de las elecciones provincial, municipal y nacional) aparecen en primer plano los rostros y nombres de Juan Schiaretti (gobernador de Córdoba y excandidato a la presidencia), Martín Llaryora (intendente de la ciudad de Córdoba y gobernador electo) y Daniel Passerini (viceintendente de la ciudad de Córdoba e intendente electo).

El relevamiento de estos anuncios abarca el período que va del 26/09/2019 al 23/10/2023.


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Ruido publicó en mayo de 2023 un informe que ya mostraba a la Municipalidad de Córdoba como principal anunciante de Meta, pero en ese momento la Biblioteca de anuncios sólo permitía acceder a información de los últimos 90 días.

Pero recientemente eso cambió, y ya es posible analizar datos de los últimos cuatro años. Es decir, justo el período en el que el intendente y gobernador electo Martín Llaryora comenzó su gestión en la ciudad de Córdoba, así como durante el principal período de campaña para la gobernación.

Mirá el ranking completo de los anunciantes de Meta en Argentina

Otro dato curioso que surgió en aquel informe al revisar la segmentación de los avisos fue que, además de los barrios de la ciudad, el municipio cordobés también destinaba dinero a publicitar en varias localidades del interior de la provincia, como Villa Yacanto, La Carlota, Costa Sacate, San Marcos Sud o San Francisco, entre otras.

Precisamente, en junio de 2022 Llaryora fue denunciado por el partido Encuentro Vecinal, que solicitó se investigue “la contratación de pauta publicitaria en remotos lugares del interior provincial que al no ser ni percibidas por el habitante de esta Ciudad (Córdoba capital) sólo redundan en la promoción del ya lanzado precandidato a gobernador Llaryora a costa del esfuerzo enorme de los contribuyentes de la ciudad capital”, según afirma la presentación judicial.

El relevamiento de mayo reflejaba que, del 26 de enero al 25 de abril de 2023, el municipio cordobés había gastado $137.228.071, lejos de los $33.837.905 que habia pagado el entonces también segundo del ranking: el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

La estrategia para diversificar la publicidad en Instagram y Facebook

Sin embargo, la cifra invertida por la Municipalidad de Córdoba era y es aun mayor, si se tiene en cuenta lo que pagó por publicidad en estos cuatro años a través de los CPC (Centro de Participación Comunal) de barrio Jardín ($6.264.394), Ruta 20 ($8.620.258), Centro América ($2.892.480), Rancagua ($7.122.475), San Vicente ($1.678.551), Pueyrredón ($6.286.658), Colón ($3.323.606), Empalme ($2.208.588), Arguello ($3.102.652), Villa El Libertador ($1.196.664) Monseñor P. Cabrera ($1.678.551), Mercado ($1.039.990), Guiñazú ($1.979.745), Chalet San Felipe ($719.408) y Mercantil $160.000.

En mayo, la respuesta oficial de la Municipalidad de Córdoba a la consulta de Ruido fue que estas cifras se deben a que esta gestión contrata directamente con Meta, y aseguran que otros distritos lo hacen a través de agencias. Pero no fue posible saber ni encontrar qué municipios lo hacen, ni con qué agencias.

Vale recordar, como ya advirtió una investigación de Ruido, que el artículo 42 de la ley nacional de Ética Pública prohíbe que aparezcan imágenes o nombres de funcionarios en cualquier comunicación oficial, en cualquier nivel del Estado.

En relación a ese incumplimiento, se esgrime -aunque no de manera oficial- que ni la provincia ni el municipio adhirieron a esa norma, por lo que no estarían obligados a cumplirla, pese a opiniones jurídicas en contrario.

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