La Agencia de Acceso a la Información Pública no garantiza la transparencia activa

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  • Según la AGN, no garantiza el acceso a la información pública ni a la protección de datos personales.

La Auditoría General de la Nación evaluó el trabajo de la oficina de AAIP y publicó un informe sobre la gestión del período 2018 y el primer semestre de 2019. El documento aprobado a principios de 2022 arrojó los siguientes hallazgos:

  • La Agencia no ha desarrollado herramientas tendientes a garantizar de forma eficiente el acceso a la información pública, la transparencia activa y la protección de datos personales, incumpliendo las previsiones legales determinadas en las Leyes 27.275, 25.326 y 26.951.
  • La AAIP no cuenta con Manuales de Procedimientos donde se describan los procedimientos y los controles de las tareas realizadas por la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública (DNAIP) y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP). Se constató la ausencia de plazos para la elaboración del informe final con posterioridad a la inspección realizada por la DNPDP.
  • Se verificó que la AAIP encuentra limitaciones en el ejercicio de sus funciones, no obstante haber sido creada como un ente autárquico, con autonomía funcional.
  • Se constató que la AAIP no elaboró ni implementó una metodología de control de gestión que prevea la planificación de objetivos estratégicos, la evaluación del cumplimiento de la misión definida por la ley de creación, ni de tales objetivos y metas, tanto físicas como financieras, que permita la toma decisiones fundamentada.
  • La AAIP no ha desarrollado una red de acciones presupuestarias que permita la asignación del gasto de la Agencia a los programas, actividades y metas físicas establecidas.
  • Se comprobó que se incumplen los extremos previstos en el artículo 9 –2do párrafo de la Ley 25.164 sobre el Marco de Regulación de Empleo Público Nacional– y el artículo 156 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado mediante Decreto Nº 214/06, con relación al porcentaje permitido de personal no permanente en relación a aquel de planta permanente, el cual no debe superar el 15%.
  • Las campañas de difusión realizadas por la Agencia carecen de una planificación adecuada y de mediciones de impacto; las mismas se encuentran estrictamente basadas en una estrategia de comunicación de redes sociales y folletería.
  • Se verificó que en el primer semestre de 2019 se organizó una (1) actividad de capacitación, la misma se refirió a acceso a la información pública y estuvo únicamente destinada a empleados y funcionarios de la APN. Es decir que, durante el período auditado, la Agencia implementó sólo una acción tendiente a brindar capacitación relativa al acceso a la información pública, pero ninguna sobre protección de datos personales, al objeto y alcance del Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados como así tampoco respecto del Registro Nacional “No Llame”.

Derecho a la información pública y transparencia activa

El relevamiento de las medidas implementadas por la DNAIP arrojó como resultado que las mismas no son eficientes para cumplir con el objetivo de garantizar el acceso a la información pública. Por otro lado, el relevamiento de los circuitos establecidos para dar cumplimiento a la Transparencia Activa arroja como resultado que las medidas promovidas son, asimismo, ineficientes.

  • La DNAIP al no contar con la nómina de todos los sujetos obligados ni con los informes mensuales de dichos sujetos, que contiene la cantidad de solicitudes recibidas, los plazos de respuesta y las solicitudes respondidas y las rechazadas, se ve limitada en llevar un registro completo de cuántas solicitudes de acceso a la información pública fueron realizadas y respondidas y eventualmente, si lo fueron en tiempo y forma durante el periodo auditado.
  • Del análisis de la documentación compulsada y de los circuitos implementados se constató que, si bien la auditada cumple, en tiempo y forma, con las intimaciones previstas en la Ley 27.275, no es posible realizar un seguimiento desde el inicio de la solicitud de información al sujeto obligado hasta el efectivo otorgamiento de dicha información como resultado de la intimación por parte de la Agencia, lo cual impide evaluar el impacto y el resultado de la intimación.
  • La Dirección no cuenta con la nómina de los sujetos obligados a brindar información pública, conforme lo establecido en el artículo 7 de la Ley 27.275; lo cual le impide trabajar con el universo de control a su cargo.
  • Del análisis de la documentación suministrada por el auditado, no surgen constancias que den cuenta del cumplimiento de los términos del inciso g) del artículo 31 de la Ley 27.275 por parte de los sujetos obligados, el cual se refiere al deber de elaborar informes mensuales a ser remitidos a la AAIP, que contengan la cantidad de solicitudes recibidas, los plazos de respuesta y las solicitudes respondidas y las rechazadas.

Accedé al informe completo