El juez federal Alejo Ramos Padilla le acaba de dar un golpe en el mentón al entramado de sellos electorales e imprentas creado para defraudar al Estado nacional mediante la falsa impresión de boletas para participar en las Paso: procesó a Raúl Ernesto Habra, el único socio de José Bonacci, el padre de la diputada nacional libertaria Rocío, en DWP SRL, la principal empresa del país dedicada a imprimir boletas para partidos fantasmas.
Al igual que la familia Bonacci, los Habra tejieron una red de partidos políticos sin representación, con el propósito de multiplicar las bocas de facturación para hacerse de las millonarias partidas que el Estado nacional destina cada dos años a la impresión de votos.
Junto a Habrá, Ramos Padilla involucró en estas “maniobras fraudulentas” a Sergio Jesús Medrano, socio de la esposa de Habra en otra agrupación “sin representación ni vocación política real”; a Yamil Eloy Salerno, histórico socio de Bonacci en el Frente Unite, y a Matías Mauricio Burgos, el más reciente en ingresar en el negocio.
El procesamiento de Ramos Padilla a los cuatro apoderados es la punta del iceberg de un negocio multimillonario montado con fondos públicos. Si la Justicia Federal tira del hilo que dejó la investigación del juez electoral de Buenos Aires, podría arrinconar a la estructura que en los últimos años embolsó miles de millones de pesos.
En octubre de 2023, Ruido y Connectas contaron en esta investigación cómo funciona la multimillonaria caja negra de la política argentina: sólo en las Paso del año pasado, el Estado nacional destinó 10.931 millones de pesos para imprimir en todo el país 7.487 millones de boletas, la mayoría de estas para partidos inexistentes.
Ramos Padilla detectó que en Buenos Aires el entramado más evidente de la corrupción abarcaba a cuatro partidos: Encuentro Republicano Federal, Esperanza del Pueblo, Justicia y Dignidad Patriótica y Proyecto Joven.
Votos quemados y datos falseados
Proyecto Joven es uno de los sellos que controla José Bonacci, padre de la diputada nacional por La Libertad Avanza Rocío Bonacci y socio de Trinidad Muñoz Cardinale, la esposa de Ernesto Raúl Habra. Bonacci y Habra son los dueños en partes iguales de la imprenta DWP, especializada en estampar boletas electorales. El propio Bonacci le contó a Ruido que el dinero para comprar la imprenta lo puso su socio (Habra).
Aunque Bonacci digita Proyecto Joven, no pone la cara: el apoderado es Yamil Eloy Salerno,quien junto con Bonacci fueron apoderados en 2019 del Frente Unite. Ambos le dieron a Amalia Granata la estructura electoral para llegar a la política.
En todo el país, Proyecto Joven recibió para las Paso del año pasado 1.068 millones de pesos destinados al pago de la impresión de 365 millones de boletas, aunque sólo obtuvo 74.160 votos. En el procesamiento a Salerno, Ramos Padilla consignó que el ladero de Bonacci recibió aportes públicos por 352 millones, el importe correspondiente a la impresión de la provincia de Buenos Aires.
La sospecha respecto si Proyecto Joven imprimió la totalidad de las boletas está sostenida por los protagonistas de la Paso 2023: el prestigioso escritor Mempo Giardinelli, precandidato a presidente por Proyecto Joven, contó a Ruido que las boletas que imprimió Bonacci llegaron en un camión a su casa en Resistencia el sábado anterior a las elecciones; así que ante la imposibilidad de repartirlas, las quemó.
En el caso de Justicia y Dignidad Patriótica, que sólo se presentó en provincia de Buenos Aires, recibió 124 millones de pesos para la supuesta impresión de 39 millones de votos, y sumó 8.176. Por la maniobra está procesado el apoderado del partido, Sergio Jesús Medrano, quien junto a Trinidad Muñoz Cardinale –socia de Bonacci y esposa de Habra– tiene otro sello: Partido Vocación Social.
Vocación Social no está en el procesamiento de Ramos Padilla, pero en las Paso del año pasado presentó candidatos en los tramos senadores nacionales y Parlasur, ambos por la provincia de Buenos Aires, recibió 76,6 millones de pesos, y obtuvo 13.934 votos en ambas categorías.
Además, Ramos Padilla también procesó a Matías Mauricio Burgos, el apoderado de Esperanza y Dignidad, un partido que no logró estar en las Paso porque en sus listas, como las de Encuentro Republicano Federal, aparecían como candidatos personas fallecidas o a quienes le habían falsificado los datos o la firma.
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Conexiones peronista y libertaria
El procesamiento de Ernesto Raúl Habra es un hito en la Justicia Electoral. El socio de Bonacci en la imprenta –a través de su esposa Trinidad Muñoz Cardelli– es autoridad y apoderado de diversos partidos, por lo general del mundo peronista, pero también en el esquema libertario.
Ramos Padilla lo ubica en el rol de organizador de la mayoría de las maniobras ilícitas que detectó en las Paso 2023, por lo que está procesado por “defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsedad ideológica”, en cuatro hechos.
En el expediente de Ramos Padilla, el procesamiento es por su rol de apoderado en Encuentro Republicano Federal, el partido que en los papeles preside el poderoso Miguel Ángel Pichetto, sello que fue la pata del “peronismo republicano” de Juntos por el Cambio. Habra aparece como el vicepresidente del espacio.
En las elecciones de 2023 Habra no recibió fondos porque la Justicia detectó antes de las elecciones numerosas irregularidades y le dio de baja; las listas que presentó están fraguadas, con personas que no habían dado su consentimiento para integrarlas e incluso con personas fallecidas como candidatas.
En cambio, Habra sí integró el año pasado un esquema que en la Paso 2023 recibió 876 millones de pesos para la impresión de boletas: Principios y Valores, de Guillermo Moreno; que imprimió sus votos en la empresa de Bonacci y Habra. La firma de Ernesto Habra está estampada en la plataforma electoral del lema Tierra, Techo y Trabajo, de esa agrupación en el distrito de Santiago del Estero, donde recibió 4,7 millones de pesos y logró 22 votos. Sí, veintidós.
Habra y Bonacci tienen otra marca: Partido Popular. En la franquicia de Santa Fe, la actual diputada libertaria Rocío Bonacci es la tesorera; mientras que en Santiago del Estero los apoderados son Ernesto Habra y Trinidad Muñoz Cardinale, la otra dueña de la fábrica de votos para partidos sin votantes.
Es una muestra de la larga cadena de sellos electorales que administran Bonacci y Habra, con el consiguiente negocio de imprimir sus votos con fondos públicos y colar en las listas de legisladores a miembros de sus familias.
- Investigación de Ruido y Connectas: Mirá cómo funciona la multimillonaria caja negra de la política argentina.
(*) Autor: Juan Manuel González
Imágenes de votos y de Mempo Giardinelli: gentileza La Voz del Interior
