- El evento costó entre $ 140 millones y $ 156 millones.
- La producción de los recitales se asignó a una sola empresa, por $ 66 millones.
- Denuncian un mecanismo direccionado para eludir la licitación.
- La conexión entre las empresas más beneficiadas.
- El polémico uso de la imagen del intendente en el evento.
En noviembre de 2022, Ruido publicó la polémica contratación directa para los recitales de la Feria del Libro de Córdoba por casi 30 millones de pesos, más 43 millones de pesos comprometidos para el resto del evento.
En aquella ocasión, la Municipalidad de Córdoba -secretaría de Cultura, a cargo de Mariano Almada- no respondió las consultas de Ruido sobre el por qué de esas contrataciones, ni cuál había sido el monto total del gasto de la feria (sólo había contestado, fuera de término, el gasto del recital de Emir Kusturica, a partir de un pedido de acceso a la información).
Aquellas cifras y aquella polémica se quedaron cortas: Ruido -en una investigación conjunta con Perfil- accedió a 14 expedientes con gastos de la Feria por 125.769.700 pesos, dos de los cuales muestran que la contratación directa de los recitales ascendió a más de 66 millones de pesos, a una misma empresa.
El municipio sí respondió ahora: señala que los gastos fueron de 140 millones de pesos, aunque el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Córdoba registra 156 millones de pesos si incluye todas las órdenes de compromiso pendientes de pago.
Una sola beneficiada
La empresa beneficiada con la contratación directa de los recitales fue Iconosur S.A.S. Los dos expedientes muestran lo siguiente:
24.399/22. Por $ 29.800.000, para la producción y ejecución artística de los shows de Emir Kusturica, La Bomba de Tiempo, Barbi Recanati, Juan Carlos Baglieto, Lito Vitale, Marcos Bainotti, Juan Ingaramo, Lisandro Aristimuño, Frijo, Toch, Jean Carlos, Emmanuel Horvilleur e Hilda Lizarazu.
23.748/22. Por $ 36.500.000, para la logística y viáticos de los recitales mencionados anteriormente.
Ambos suman $ 66.300.000, y se realizaron de manera directa bajo el argumento “de las previsiones del art. 10 inc. 3 de la ordenanaza 12.995”, que establece esa modalidad cuando “los bienes o servicios sean de tal naturaleza que sólo puedan confiarse a profesionales, artistas o especialistas de reconocida capacidad, independientemente de la personería que revistan”.
El uso de esa excepción fue objetada tanto por el área de Contrataciones Generales del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Córdoba, como por los dos vocales de la minoría, Fernanda Leiva y Juan Testa.
Según ellos, “resulta improcedente” por varios motivos, pero en especial porque “la cifra supera en exceso el monto de contratación directa. Debieron llamar a una subasta electrónica y comparar precios. Y el argumento de la necesidad y urgencia no corre en un evento como la Feria del Libro, que se prepara con un año de antelación”, señaló la vocal Leiva.
Los pagos de todas maneras se aprobaron, con la firma de los tres vocales de la mayoría.
En total, el monto de contrataciones directas fue de $ 81.550.000, mucho más de la mitad de los gastos, así se tomen los 140 millones que dice el municipio o los 156 millones que suman las órdenes de compromiso.
Una “picardía”
Pero las “picardías”, como las nombran los vocales de la minoría en una de sus resoluciones de rechazo, no se quedan ahí: el límite a partir del cual se debe llamar a licitación (subasta pública) es actualmente de $ 6.000.000.
Seis de los llamados a concurso de precios que realizó la Secretaría de Cultura municipal (el municipio decide a quién convoca a ofertar) de entre $ 5.850.000 y $ 5.980.000 cada uno beneficiaron a la misma empresa, Tapia Multimedia.
Lo mismo sucedió con otras tres contrataciones, pero esta vez directas, de entre $ 4.450.00 y $ 5.900.000, a favor también de una única empresa: Día y noche S.A.
En este último caso, la objeción también provino del área Técnica del mismo Tribunal de Cuentas.
Qué respondió el municipio: que “cada contratación contempló la provisión de un objeto diferente y se realizó en la forma prevista por el art. 9 de la ordenanza 12.995 –concurso de precios y en el límite que contempla el art. 11 del citado cuerpo legal-, habiéndose respetado la participación de oferentes y encontrándose visadas por el Tribunal de Cuentas las diferentes contrataciones”.
Las contrataciones finalmente se realizaron porque la mayoría tiene tres votos, sobre los dos de la minoría.
“Lo que mencionamos como ‘picardía’ en realidad implica irresponsabilidad, intención maliciosa y restricción de derechos, pues por este medio o práctica llevada a cabo por los funcionarios intervinientes, se omite la participación que por derecho les corresponde a quienes pueden competir en una subasta pública”, indica la resolución del rechazo de la minoría.
¿Mismo domicilio, misma empresa?
Otra curiosidad para destacar: las dos empresas más beneficiadas (Iconocur S.A.S y Tapia Multimedia) tienen el mismo domicilio. Está registrado en Mendoza: Joaquín V. González 830 (Coronel Dorrego, Guaymallén).
Es más: en el expediente 24.399, al adjuntar la documentación sobre la empresa Iconosur, figuran Facundo Tapia y Sergio Calderón como los dueños, con sus respectivos mails. Y ambos correos electrónicos tienen la misma extensión «…@tapiamultimedia.com».
En el sitio web de Tapia aparece la emisora radial Pulxo 95.1 como parte integrante de dicho grupo empresarial. Uno de los dueños de esa radio es Hernán Domínguez, amigo y excolaborador del intendente Martín Llaryora.
Ambas empresas (con el mismo domicilio registrado, mismos socios) se quedaron con $ 101.840.000, más del 80% de los gastos de la Feria. De ese monto, $66.300.000 corresponden a las mencionadas contrataciones directas de los recitales.
Polémica imagen
El domingo 2 de octubre, en la Feria del Libro se realizó la mesa “¿Para qué sirve el periodismo?”, que reunió a los periodistas Hugo Alconada Mon, Norma Morandini, Paula Moreno y Julio Perotti.
Al comienzo de la charla, gente del público se quejó porque en las pantallas del escenario, detrás de los disertantes, se emitía de manera permanente la imagen del intendente de Córdoba, Martín Llaryora, y la frase “Gestión Llaryora”.
Tras intentar que alguien de la organización quitara esas imágenes, y cansado de que eso no sucediera, el reconocido escritor y periodista Alconada Mon se paró y desenchufó él mismo las pantallas.
El incidente ilustra la polémica que se generó con el uso de la imagen de Llaryora en todo el evento, tanto con panelistas como con asistentes.
Al ser consultada por este tema, la Municipalidad respondió que “las imágenes que se difundieron en algunos dispositivos durante la Feria del Libro tuvieron un contenido institucional e información de gestión en general, con la presencia de vecinos, funcionarios del gabinete y del intendente”.
Tal práctica ya había sido señalada en el informe de Ruido sobre el uso de publicidad oficial por parte de gobernadores e intendentes de capitales argentinas.
El artículo 42 de la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188) señala que “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”.
Muchos gobernadores e intendentes se escudan en la no adhesión provincial a esa norma nacional como argumento para no respetarla.
La investigación de Ruido mostró que más de la mitad de los funcionarios relevados utilizan su imagen y nombre como promoción personal en la publicidad oficial.
El argumento del turismo
En sus respuestas a Ruido, el municipio brinda una larga cantidad de cifras y cálculos para demostrar que la Feria del Libro convocó a mucha gente que deja su dinero en hotelería, gastronomía, movilidad, etc.
En este caso, señala que hubo 650 mil visitantes que dejaron, en materia gastronómica y movilidad, $ 800 millones en la ciudad de Córdoba. Y que se vendieron 27 mil libros por $ 47 millones.
El mismo argumento es el que se utilizó para el fallido recital de Ulises -que iba a costar 43 millones de pesos-, o para eventos como la polémica maratón local, que costó entre 60 y 77 millones de pesos.
