En los últimos días hubo una fuerte polémica entre el diputado nacional Rodrigo de Loredo y el Gobierno de Córdoba respecto de la cantidad de personal en la administración pública provincial. Con datos oficiales y auditorías externas, Ruido investigó si alguna de las partes tiene razón.
La conclusión: ambas posturas son insostenibles. Veamos por qué:
De Loredo aseguró que “los datos oficiales” de la Caja de Jubilaciones daban cuenta de la incorporación de 4.610 empleados en el período enero-octubre de 2024. Llaryora, vía sus funcionarios, dijo que en el mismo período la planta de personal disminuyó en 2.118 agentes. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿O estamos frente a un caso en el que ninguno tiene razón?
La primera aclaración importante es que la Caja de Jubilaciones no tiene un registro de empleados de la Provincia, sino de “aportantes”; es decir, trabajadores activos (permanentes o contratados) del Estado provincial, de las municipalidades y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
Dentro del Estado provincial están incluidos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, que como mecanismo de ingreso fijan el concurso abierto con una instancia de examen, un procedimiento que administra el Tribunal Superior de Justicia y en el cual el Poder Ejecutivo no tiene incidencia al momento de ampliar la plantilla de personal o designar a los empleados.
Al hacer su cálculo, De Loredo tomó datos parciales publicados en el portal de la Caja de Jubilaciones. Sin embargo, no usó otras fuentes de información y tampoco anualizó los mismos, para darle mayor contexto al movimiento de empleados provinciales. Otras fuentes oficiales indican, como detallamos más abajo, que hubo una merma en la cantidad de empleados registrados en la administración pública provincial.
Sin embargo, hay una señal de advertencia respecto de cómo se informan los datos: mientras los publicados en el portal de la Caja (provisorios) le dan la razón a De Loredo, los que informó el Gobierno (consolidados) le dan la razón a las autoridades provinciales, pero arrojan una diferencia de 3.307 empleados entre los dos sistemas de información.
Hay que destacar que la Provincia oculta información respecto de los empleados precarizados a través de becas y/o monotributos. De hecho, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (creado por la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal) advirtió en la página 6 del dictamen 38 (correspondiente al segundo trimestre de 2024) que Córdoba “no informa contratos correspondientes a trabajadores independientes (monotributistas) ni cargos ocupados sin liquidación de haberes”.
Los datos de la Caja de Jubilaciones
En un posteo que se hizo viral, De Loredo dijo: “Los datos oficiales de la Caja de Jubilaciones de Córdoba dan cuenta que se incorporaron 4.610 empleados en el período enero-octubre 2024, es decir que en los primeros meses de la gestión Llaryora nombró 16 empleados por día”.
Luego, De Loredo publicó un gráfico en el que reunió categorías de empleados de manera arbitraria y fuera de contexto, puesto que las formas de ingreso tienen distintas leyes que las regulan.
El caso más notorio es el nucleamiento que hizo De Loredo de empleados judiciales (que pertenecen al Poder Judicial), policías (del Poder Ejecutivo, sólo con formación específica) y empleados de Epec. Tal agrupamiento (que no se corresponde con ninguna categoría legal) dio un aumento de 3.240 empleados. El grueso de ese nuevo personal de la Provincia fue a las fuerzas de seguridad: 2.923.
Así, el número que brindó De Loredo basándose en la información publicada por la Caja de Jubilaciones en su portal respecto de ese período (enero-octubre 2024) es correcto, pero lo encuadró de manera parcial. Además, en su análisis mezcló distintas categorías y mecanismos de ingreso a la administración pública, por lo que es insostenible decir que Llaryora aumentó el número de empleados públicos con aportes previsionales.
Cuando el Gobierno salió a responder utilizó otros datos. Según informó a Ruido, estos están consolidados. Explicó que la diferencia entre los provisorios y los consolidados obedeció al cambio de administración y de los nuevos funcionarios que llegaron a esas reparticiones. Los números consolidados (que surgen del balance, según las autoridades de la Caja de Jubilaciones) indican que en el período enero-octubre de 2024 hubo una merma de 1.307 aportantes en la administración provincial.
Luego, a través de un informe de la Caja de Jubilaciones, aseguró que la caída de personal formal en la administración pública se mantuvo y que en diciembre acumuló 948 bajas respecto de enero, situación motivada principalmente por la caída de cargos docentes (1.573). En contrapartida, aumentaron los efectivos de las fuerzas de seguridad (601) y los empleados de la Legislatura (280).
Al igual que De Loredo, el Gobierno hizo una lectura arbitraria de los datos oficiales y fuera de contexto: dijo que “la planta provincial disminuyó 2.118 agentes entre enero y octubre”, pero eso no es así: lo que disminuyó en esa cifra es la cantidad de aportantes a la Caja de Jubilaciones, algo que ocurrió por la merma de docentes y de personal de los municipios del interior, que registraron un fuerte ajuste: 1.080 cargos menos.
Análisis propio
Ruido analizó otras fuentes de información y amplió el rango de búsqueda respecto de los publicados por la Caja de Jubilaciones en su portal abierto, que fueron la base que utilizó el diputado De Loredo. De este trabajo surge que la Provincia disminuyó su personal efectivo y contratado, pero que creció en aquellas reparticiones en las cuales la política tiene mayor injerencia (como en la Legislatura) y mantiene la opacidad respecto de formas precarias de contratación (monotributos y becarios).
Al analizar los mismos datos publicados por la Caja de Jubilaciones en su portal correspondientes a 10 de diciembre de 2023 y 10 de octubre de 2024 se registra una leve caída de los aportantes en las categorías de la administración pública provincial: había 152.959 en diciembre y en octubre la plantilla fue de 152.589, es decir 370 personas menos.
La principal baja de aportantes se dio en el agrupamiento docentes: hubo 1.134 menos entre enero y octubre. En contrapartida, el mayor incremento se registró entre los empleados del Poder Ejecutivo, que sumaron en esa línea de tiempo 1.243 personas.
Es un número polémico: aunque surge de los datos provisorios de la Caja de Jubilaciones, en el Gobierno indicaron que al consolidarse, el aumento de empleados efectivos y/o temporales en el Ejecutivo fue de 15 personas. Fuentes oficiales atribuyeron el desfasaje a los cambios de estructuras de gestión.
En cambio, en el caso de la Legislatura, los datos de la Caja indican que se dio un importante ingreso de personal legalizado: sumó 292 puestos. Es un número similar al del Gobierno provincial.
Al hacer la comparación interanual entre octubre de 2023 y octubre de 2024 de los datos de la Caja de Jubilaciones, Ruido observó que la caída de aportantes de la administración pública fue de 722 personas, registrándose los principales recortes en los grupos de docentes (-963) y salud (-423). Por contrapartida, el mayor ingreso se registró en las fuerzas de seguridad (864).
Datos auditados
Otros datos consolidados también confirman que hubo un achicamiento del personal efectivo y contratado de la administración pública provincial desde que asumió Martín Llaryora. Ante el Consejo de Responsabilidad Fiscal Federal, el Gobierno de Córdoba informó oficialmente en junio de 2024 de 3.152 cargos efectivos y contratados en comparación con diciembre de 2023.
En ese período hubo un recorte de 1.803 en personal temporario (incluye suplencias e interinatos) y 1.349 puestos de personal efectivo. Generalmente, en este último caso obedece a la no cobertura de vacantes generadas por jubilaciones y/o fallecimientos.
Estos números, que corresponden a empleados efectivos y temporales, son distintos a los de la Caja de Jubilaciones (aportantes). De acuerdo a lo informado al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en junio de 2024 el Estado provincial empleaba en sus tres poderes a 130.592 personas, 3.152 menos de las que había en diciembre de 2023, cuando revestían 133.744.
De acuerdo con el dictamen 38 del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, Córdoba es la provincia con menos empleados públicos cada mil habitantes (33,1), aunque, como ya se consignó más arriba, la Provincia “no informa” los contratos de monotributistas ni aquellos “ocupados sin contrato” (becarios), por lo que no se puede sostener con la información disponible cuántas son las personas que reciben una compensación económica en la administración pública provincial.
