El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri fue detenido por orden de la Cámara de Casación de la provincia en la causa en la que está condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
La justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
El caso de Uribarri fue descrito en la investigación de Ruido “Pubicidad oficial: la mitad de los gobernadores argentinos no respeta la ley de Ética Pública”, publicado el 11 de julio de 2022.
Junto con el exgobernador fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Aguilera es el cuñado de Urribarri y se lo condenó por haber actuado contra la administración pública, ya que era dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero estatal y, al mismo tiempo, funcionario. Según la condena, fue parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso abrir la feria para tratar la petición del Urribarri y de Aguilera para que se revise durante enero su impugnación extraordinaria contra la resolución de la Cámara de Casación Penal, que el 19 de noviembre de 2024 los envió a la Unidad Penal, con prisión preventiva hasta que la condena recaída sobre ambos en el megajuicio adquiera firmeza.
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Fotografía: Sergio Urribarri. La Nación
