Córdoba: Tribunal de Cuentas frena pauta oficial del gobierno de Llaryora por sospecha de uso político

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El Tribunal de Cuentas (TC) de Córdoba frenó varios expedientes del Gobierno provincial que determinan el pago de publicidad oficial, por contratación directa, a medios, consultoras, encuestadoras, periodistas y otras empresas. Lo hizo al advertir que no existen detalles de lo que se paga a cada proveedor, ni por qué tipo de servicio.

Esa cuestión, según el voto de la mayoría, no permite cerciorarse, por ejemplo, “que los fondos públicos que se pretenden disponer no vayan a ser usados con finalidad de propaganda gubernamental en desmedro de la publicidad oficial pertinente y necesaria”.

Vale recordar que el 4 de marzo pasado una investigación de Ruido detectó al menos 5 casos de empresas creadas semanas o hasta días antes de recibir millones de pesos en publicidad oficial por parte del Gobierno de Córdoba. Ninguna de esas empresas tenía sitio web o domicilio visible, ni figuraba en ninguna búsqueda.

No fue lo único llamativo: también sorprendió la cantidad de medios, agencias, periodistas y consultoras de Buenos Aires. Según el Gobierno de Córdoba, no llega al 5% de todo lo contratado.

Otro dato que surgía a simple vista eran las enormes sumas pagadas a encuestadoras que durante 2023 midieron -y publicaron- los resultados de las intenciones de voto de Juan Schiaretti y de Martín Llaryora para las elecciones presidenciales y provinciales, respectivamente. Algo que, en principio, no tiene que ver con servicios de comunicación pública oficial.

La confusa situación que ahora frena los pagos está relacionada con ese tipo de casos, y afecta también a aquellos medios que sí pueden mostrar cómo usan efectivamente los fondos oficiales recibidos.

También se relaciona con el control más estrecho que realiza ahora el TC, que por primera vez en más de 20 años quedó conformado con mayoría opositora (dos de tres integrantes), tras las elecciones provinciales de 2023.

Mirá la investigación «El Gobierno de Córdoba le dio millones a sociedades creadas poco antes de recibir los fondos».

Martín Llaryora y Juan Schiaretti.
Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

Los expedientes

Uno de los expedientes observados es el 0885-203519/2024, por $948.600.000, creados a partir de las resoluciones 26/2024 y 27/2024 del Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, del 6 de mayo de 2024.

En el voto de la mayoría, se argumenta que “no se advierte el agregado de cotizaciones por parte de los proveedores seleccionados para permitir acreditar una distribución equitativa de los presupuestos entre ellos”, y que «no se agrega detalle alguno de la/s campaña/s publicitaria/s a desarrollar con esos emolumentos”.

Otro de los expedientes es el 0885-204996/2024, por la suma de $2.506.480.000, del 11 de junio de 2024. Aquí, la mayoría del TC no observa el expediente sino que “dicta providencia”, una figura que pospone el pago hasta que los proveedores o el gobierno acerquen la documentación que, según la vocalía, es necesaria tanto por los criterios de transparencia como para acreditar qué actividad lleva a cabo cada empresa.

“No surge de ninguna otra constancia de las actuaciones analizadas los detalles específicos del objeto de los contratos, tales como la cantidad de segundos de aire o centímetros impresos dedicados a la publicidad, horarios de difusión o ediciones gráficas involucradas, además de exhibirse el precio unitario del segundo o del centímetro contratado y la forma de pago por el servicio y toda otra convención contractual relevante como, por ejemplo, la forma de acreditarse el cumplimiento de lo comprometido (..). Idéntica omisión se observa con los contratos celebrados con las Agencias, Productoras y Servicios Técnicos y de Soporte en lo que les sea aplicable. Resulta evidente que así se precisará y publicitará un precio cierto y determinado a oblar por cada servicio, circunstancia que impedirá posibles ejercicios arbitrarios tanto por parte del administrador como del administrado”, se especifica.

Desde el Gobierno de Córdoba señalaron: “Tenemos expectativas de que con la respuesta que estamos preparando todo sea aprobado y podamos comenzar a pautar normalmente. Los rechazos son con argumentos que exceden las funciones del TC. De todas maneras, hacemos el mayor esfuerzo para que se aprueben. Es un daño grande a la sociedad, que no recibe información fluida, y para el ecosistema de medios de toda la provincia”.

Y en relación a las empresas creadas semanas antes de recibir los fondos, dijeron que «la mayoría» no figura en estas resoluciones de pago.

Pauta para funcionario de Llaryora

Uno de los argumentos que acompaña el dictamen del TC en relación a este último expediente es la incompatibilidad legal que surge con la contratación de publicidad oficial a Radiodifusora Villa María por 20 millones de pesos, ya que “dicha radiodifusora pertenece al grupo Apolo, quien detenta un grupo de radios, entre ellas a Radio LV28 Villa María, cuyo titular es Bernardo Sosa Barreneche, hermano del actual Subsecretario de Pequeñas y Medianas Empresas del gobierno de Martín Llaryora, Cristian Segundo Sosa Barreneche.

El hecho también fue advertido en el informe de Ruido de marzo de 2024.


La vocalía de la mayoría del TC señala que “el mencionado funcionario tiene vinculación con el referido grupo, ya que fue representante del mismo durante 2023 en diversas audiencias legales, con el gremio de prensa (Cispren), y su director desde 2022”.

Y recuerdan el artículo 265 del Código Penal de la Nación: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo…”.

Agregan que “se pudo constatar que Cristian Segundo Sosa Barreneche es socio de la firma Giro Antenas S.A, medio de comunicación incluido en la nómina de la presente contratación”.

Al respecto, desde el Gobierno de Córdoba dijeron que están pidiendo «información adicional».