- Según el Ministerio Público Fiscal (MPF) el 85% de las solicitudes fueron realizadas por ciudadanos y el 15% por organizaciones de la sociedad civil.
En cuatro años, desde que entró en vigencia la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública en 2017, el MPF tramitó un total de 258 solicitudes de las cuales un 40% fueron realizadas en el primer año de pandemia, 2020.
Del total de solicitudes recibidas por la AAIP, 220 fueron realizadas por distintos ciudadanos: 13 correspondieron a funcionarios públicos, 24 se presentaron por periodistas, 61 por abogados de la matrícula,y la gran mayoría fue realizada por ciudadanos particulares con una suma de 74 solicitudes. Finalmente, en 48 SIP no hubo información sobre el o la solicitante.
El mismo informe arroja que 38 solicitudes del total de las ingresadas al MPF fueron formuladas por organizaciones de la sociedad civil de las cuales 29 fueron realizadas por organizaciones no gubernamentales.
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De acuerdo a los registros, los distintos tipos de delitos o temáticas jurídicas involucrados en las SIP se distinguen en: vinculadas a robo de automotores (15), criminalidad económica (13) y “género y violencia contra la mujer” (12). Luego siguen los pedidos sobre delitos vinculados a causas por “corrupción” con 11 solicitudes, y ya con 5 se encuentran los vinculados a “narcocriminalidad”, “violencia institucional”, “ciberdelitos” y “abuso sexual”, hubo tres pedidos de información vinculados a delitos en el marco de la pandemia causada por la enfermedad Covid-19.
En cuanto a la distribución de las SIP de acuerdo a las áreas del organismo involucradas se registra que la mayoría de las solicitudes ingresadas hasta junio del 2021 conforman el 67% de las vinculadas con la actividad jurisdiccional del organismo como parte del sistema de administración de justicia. Entre los datos a destacar, de este total, un 40% estuvo relacionado con la actividad de sus áreas especializadas; el 27%, con la de las fiscalías, y uno por ciento, con declaraciones juradas.
En septiembre de 2016 se sancionó la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública con el objeto de garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública de todos los poderes y organismos del Estado Argentino.
Te invitamos a conocer el índice de acceso a la información relevado por Ruido en algunas provincias:
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