El fiscal federal Patricio Sabadini pidió el embargo e inhibición de los bienes de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sobre distintas propiedades en Chaco que están a su nombre, autos de alta gama y millones de pesos que recibieron por parte del Estado provincial.
En su requerimiento, Sabadini también citó a declarar a los imputados, que están siendo investigados por una supuesta maniobra de lavado de activos y defraudación a la administración pública a través de la Fundación Saúl Acuña, manejada por los líderes piqueteros durante 20 años.
La investigación comenzó a partir de un allanamiento en la casa de los Sena donde la Policía secuestró 6 millones de pesos en efectivo que no pudieron justificar. Este operativo se hizo a pedido del fiscal Jorge Cáceres Olivera, por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que terminó con el arresto tanto del matrimonio, como de su hijo César Sena.
En el expediente, se reveló que el Gobierno de la provincia de Chaco les transfirió más de 900 millones de pesos en los últimos tres años de gestión. El año pasado, con Jorge Capitanich al mando, recibieron $141.953.467. Incluso, el día de la desaparición de Cecilia, la Fundación Saúl Acuña registró un ingreso de dinero que generó polémica, e hizo que la Justicia tuviera que intervenirla.
Según diversas fuentes periodísticas, la intervención termina este mes, pero espera que se prorrogue un tiempo más. Es que, a partir de esta causa, se pudo comprobar que los Sena manejaban una cantidad de dinero exuberante. No sólo eso, sino que tenían gastos millonarios por fuera de lo informado, personal a cargo sin registrar, y que tenían en su poder una gran cantidad de vehículos costosos.
Por otra parte, la investigación llevó a descubrir que los Sena eran dueños de tierras que fueron cedidas desde el Instituto de Colonización de la provincia del Chaco. En 2006, Sena pidió la adjudicación de esos terrenos a título personal y no de la Cooperativa.
En cuanto a los bienes inmuebles de Marcela Acuña, declaró que posee una sola vivienda. No obstante, del cruce de datos realizados a través del Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco se pudo constatar que Acuña compró tres inmuebles más a través de boletos de compraventa sin registrar.
Según la pesquisa, tanto Acuña como Sena estaban registrados como empleados docentes.
Tras las pruebas que pudo obtener la Justicia, se ordenó disolver la fundación y ambos quedaron imputados por los delitos de “fraude a la administración pública y lavado de activos”. No se descarta que haya más involucrados, sobre todo funcionarios públicos de Chaco.
La Justicia entiende que los Sena administraban “fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, lo que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran”.
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Imagen principal: Emerenciano Sena y Marcela Acuña. (Facebook Marcela Acuña)
