Santa Cruz: El Tribunal de Cuentas multó al Consejo de Educación por ocultar información pública
El organismo de contralor lo intimó por negarse a brindar datos. Desde 2017 el ente educativo se niega a presentar informes de gastos públicos.
Santiago del Estero: allanamientos a empleados públicos que denunciaron falta de pagos
La Policía ingresó a sus domicilios, sin explicaciones. Ni la fiscal ni el Gobierno responden las consultas de Ruido.
Las empresas estatales que lideran el ránking de transparencia
Un informe de CIPPEC destacó el desempeño de Agua y Saneamientos Argentinos y de tres empresas ferroviarias nacionales.
AFIP aumentó sus gastos 49% respecto de 2021
Según el último análisis de gastos públicos elaborado por el periodista de El Despertador, Guillermo Lanfranconi, AFIP destina a Remuneraciones el 83 % de sus erogaciones.
La Agencia de Acceso a la Información Pública no garantiza la transparencia activa
Según la AGN, no garantiza el acceso a la información pública ni a la protección de datos personales.
Intiman al Gobierno de Tierra de Fuego a brindar información solicitada por Ruido
El Fiscal de Estado fueguino le pidió a la Provincia que brinde la información solicitada sobre obras públicas.
Santiago del Estero: costos secretos y cero información
No hubo forma de acceder a datos oficiales, ni respuestas a los pedidos de información. La obra del Estadio costó hasta ahora más de $ 3000 millones.
En casi 7 de cada 10 de provincias argentinas no se sabe cuánto cuesta una obra pública
Ruido relevó datos de tres obras por cada uno de los 24 distritos nacionales. En ninguno se halló el 100% de los datos solicitados y 83% NO respondió los pedidos de acceso a la información.
Las 24 obras públicas más polémicas del país
Desde la aerosilla que nunca funcionó hasta megaestadios de costos ocultos: obras públicas con críticas y/o denuncias de algún tipo en cada provincia de Argentina.
94% de los contratistas cree que hay corrupción en la obra pública
Un informe del Ministerio de Obras Públicas de la Nación revela ausencia de datos abiertos, fallas de transparencia y falta de coordinación normativa y legal con las provincias.