Avances y retos para Argentina en la lucha anticorrupción

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  • Organizaciones civiles relevaron una fuerte brecha entre el marco normativo vigente y la implementación de las políticas anticorrupción.

En el informe nacional elaborado por asociaciones civiles en el marco del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) se presentaron los resultados de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito por los Estados en el marco de la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener la lucha contra la corrupción en Latinoamérica.

Según los resultados, en el país, los ejes de “Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática” y “Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión” fueron los de posicionamiento promedio más bajo de toda la valoración general.

La revisión de la información fue realizada por ocho organizaciones de la sociedad civil (OSC) argentina, entre ellas Ruido.

Las organizaciones involucradas en el Observatorio atravesaron varios desafíos al momento de realizar el seguimiento de los compromisos. Uno de ellos fue la falta de información pública disponible sobre los actos de gobierno relacionados con el cumplimiento de compromisos internacionales.

Para el análisis y seguimiento se seleccionaron los compromisos que fueran representativos para analizar las acciones anticorrupción en los países de la región. Se valoraron en una escala de 0 a 3.

En Argentina, los promedios entre indicadores normativos e indicadores de práctica reflejan una  fuerte brecha entre el marco normativo y la implementación práctica de las políticas anticorrupción. Según el informe:

● Los ejes de “Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática” y “Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión” fueron los de posicionamiento promedio más bajo de toda la valoración general, siendo sus puntos más críticos los vinculados con la falta de independencia del sistema judicial y la falta de un marco jurídico específico que proteja a los reportantes de hechos de corrupción.

● Los ejes de “Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales” y “Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas” mostraron una mejor performance que los anteriores, vinculada con la reforma del marco normativo de 2019 en materia de transparencia y trazabilidad de los aportes apartidos y campañas electorales y a la simplificación de trámites y reducción de burocracia.

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● En el eje de “Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos”, el posicionamiento en el rango bajo de la escala está vinculada a la poca evolución de los indicadores vinculados con la falta de fortaleza del régimen de extinción de dominio.

Resultados sobre la gobernabilidad democrática

Dentro del eje “Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática” existen algunos compromisos que tuvieron un avance como las medidas de prevención de conflictos de interés en el ámbito público, los Programas de Integridad en la normativa de responsabilidad penal de las personas jurídicas para el caso de los privados o aquellas relativas a la transversalización de la perspectiva de género en las políticas anticorrupción, abordadas por la Oficina Anticorrupción (OA) y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

El compromiso peor posicionado en este mismo eje es el relativo al fortalecimiento de la autonomía e independencia judicial. Si bien Argentina cuenta con legislación que establece la autonomía e independencia de este, las intromisiones por parte de otros poderes del Estado son una constante en todas las administraciones.

Resultados sobre el eje “Transparencia, AIP, protección de denunciantes y DDHH”

Según el informe, se destacaron avances en los compromisos vinculados a la implementación de políticas de gobierno abierto y el fortalecimiento de los órganos de transparencia y acceso a la información pública.

El compromiso que obtuvo el peor puntaje fue el relativo a la protección de denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción. Según el informe, Argentina arrastra una enorme deuda respecto a este problema, ya que el marco normativo actual carece de una legislación específica que regule un sistema de protección para casos de corrupción.

Mirá el informe completo