Una buena en 2021: la Agencia de Acceso a la información Pública (AAIP) difundió los resultados del Informe anual de gestión. Muestran que la gente y las entidades quieren saber más.
Las solicitudes de información a los organismos públicos se elevaron 40%. A su vez, los reclamos por falta de datos y transparencia aumentaron 62%. Quienes siguen llevando la delantera en cuanto a cantidad de solicitudes realizadas son los ciudadanos particulares: el 30%. En ese mismo año, atravesado por la pandemia, el Ministerio de Salud fue el organismo que encabezó el ranking de solicitudes recibidas.
Desde el inicio del funcionamiento de AAIP se publican de manera mensual las estadísticas sobre solicitudes y reclamos de acceso a la información pública recibidos por los organismos públicos contemplados el artículo 7 de la Ley 27.275.
Según el último informe del Ministerio Público Fiscal, los ciudadanos particulares son quienes más realizaron solicitudes de acceso a la información, con el 30% del total. Siguen en el ranking: abogados (22%) y sociedades civiles (14 %). Sólo 6% de las solicitudes fueron hechas por funcionarios públicos.
Al 31 de diciembre de 2021, se contabilizaron ese año 8.414 solicitudes. Es casi 40% de aumento con respecto a 2020.
Los organismos más requeridos fueron el Ministerio de Salud, con 1.383 solicitudes; el Ministerio de Economía, que recibió 1.258; y el Ministerio del Interior, con 819 solicitudes.
El Ministerio de Transporte continúa encabezando el índice de organismos más transparentes.
Durante 2021 se presentaron ante la Agencia 531 reclamos, lo que significa 62% más que los recibidos en 2020.
Transparencia Activa
Con respecto a Transparencia Activa, obligación prevista en el artículo 32 de la Ley 27.275, en enero de 2021 se lanzó el nuevo índice creado en el marco del Cuarto Plan de Gobierno Abierto donde se llevaron adelante mediciones mensuales.
Durante los meses impares o meses “A” se relevaron de manera bimestral 25 organismos centralizados, 4 descentralizados, 6 empresas públicas y 2 universidades nacionales. En los meses pares o meses “B”, se relevaron 15 organismos descentralizados, 11 empresas públicas y 9 universidades, que varían cada bimestre (y se obtienen a través de sorteos aleatorios sin reposición).
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
Durante 2021 ingresaron a la dirección 386 denuncias por posibles vulneraciones a la Ley 25.326. Además, se iniciaron 7 investigaciones de oficio y 1 investigación de oficio con carácter reservado. Se incrementó así en casi 50% el inicio de actuaciones en el marco de la Ley 25.326.
Además, durante 2021 se tramitaron 4.192 expedientes en relación al Registro Nacional de Bases de Datos bajo el siguiente detalle: 1.389 inscripciones de responsables de bases de datos personales, 2.131 inscripciones de bases de datos privadas, 70 inscripciones de bases de datos públicas, 486 modificaciones de datos de distintas inscripciones y 116 trámites de bajas.
Registro Nacional No Llame
El Registro Nacional No Llame, Ley 26.951, tiene por objeto proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados. En consecuencia, el registro reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias.
Hasta el 31 de diciembre de 2021 ingresaron 12.664 denuncias al Registro Nacional No Llame. Asimismo, se inscribieron en el Registro 155.213 líneas, acumulando un total de 1.696.465 líneas registradas.
Se destaca que en el presente año se mantiene la tendencia de baja de denuncias recibidas.
*La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), creada mediante la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, es un ente autárquico que funciona con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional. La Agencia es el órgano de control de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y de la Ley 26.951 de creación del Registro Nacional “No llame”. Su objetivo es velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en las citadas leyes, para garantizar el derecho de acceso a la información pública, la protección de los datos personales, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.
