Argentina, como todos los países firmantes del Acuerdo de París, deberá presentar este 2025 su Tercera Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) en el que detalle el avance de los compromisos climáticos nacionales acordados para cumplir el objetivo de limitar un aumento medio de la temperatura mundial a 1,5 ºC, adaptarse al impacto climático y garantizar una financiación suficiente para lograr estas metas.
¿Qué hará el gobierno argentino?
Lo que se sabe hasta ahora es que, pese a la furibunda retórica del presidente Javier Milei en contra del cambio climático, al menos se acordó iniciar la elaboración de dicho informe. Pero la mayoría son claroscuros: no está claro con qué fondos se contarán, ni qué políticas específicas se elaborarán, ni cómo. Por su parte, ninguno de los gobiernos provinciales cumplió con lo pactado en tiempo y forma.
Así se desprende de la respuesta del gobierno nacional a un Pedido de Acceso a la Información realizado por la ONG Ética Climática y Desarrollo, en relación a los avances del país en sus compromisos internacionales en materia de cambio climático.
La solicitud, dirigida al Jefe de Gabinete de Ministros derivó a la Vicejefatura de Gabinete del Interior. La siguiente es la síntesis de las respuestas a cada punto:
- Cumplimiento parcial de compromisos internacionales: Argentina ha demostrado intención de iniciar el proceso de elaboración de su 3° Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su siglas en inglés) para 2025, pero enfrenta desafíos significativos debido a la baja frecuencia de reuniones del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) y la falta de articulación efectiva entre dependencias. La presentación del 1er Informe Bienal de Transparencia (IBT) dentro del plazo establecido es un punto positivo, aunque la desactualización del inventario de gases de efecto invernadero plantea dudas sobre la capacidad de cumplimiento futuro.
- Debilidad institucional y falta de articulación: La estructura institucional encargada de la acción climática en Argentina muestra graves deficiencias en su funcionamiento. Si bien el GNCC ha tenido algunas reuniones, la Mesa de Puntos Focales y el Consejo Asesor Externo, fundamentales para la implementación de políticas climáticas, no han operado de manera efectiva. Además, la vacancia en la Coordinación de Adaptación al Cambio Climático afecta la capacidad de respuesta del país ante la crisis climática.
- Retroceso en política exterior climática: La decisión del Gobierno argentino de retirar su delegación oficial de la COP29 marca un punto de inflexión negativo en su histórica participación en la gobernanza climática global. Esta acción ha debilitado su capacidad de interlocución con otros países, afectando su acceso a financiamiento multilateral y dejando en evidencia una falta de compromiso con los acuerdos internacionales, lo que impacta también en la credibilidad del país en futuras negociaciones.
- Falta de avance en los Planes de Respuesta Provincial (PRP): Ninguna provincia ha logrado convalidar su PRP dentro del plazo establecido por la ley, y solo cuatro (La Pampa, Córdoba, Misiones y Jujuy) han avanzado en su proceso de pre-convalidación. Esta situación compromete la implementación de políticas climáticas adaptadas a realidades locales, afectando la efectividad de estrategias nacionales como la 3° NDC y el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación.
- Financiamiento climático sin planificación específica: Aunque Argentina ha recibido un financiamiento considerable para la acción climática (1.082 millones de dólares en 2022-2023), no existen fondos asignados específicamente para la elaboración de la 3° NDC. Además, la mayor parte de estos recursos han sido destinados a proyectos de infraestructura sin una planificación clara sobre su impacto socioambiental. La falta de informes transparentes que permitan monitorear estos fondos limita la evaluación real de su efectividad en la lucha contra el cambio climático.
Según refleja este informe, el retiro de la delegación oficial argentina de la COP29 fue interpretado como una señal de desinterés por parte del gobierno en participar activamente en las discusiones internacionales sobre el cambio climático, lo que agrava las preocupaciones sobre el compromiso real de Argentina con sus objetivos climáticos globales.
Así mismo, el gobierno optó por desvincularse del llamado «Pacto Futuro» aprobado por consenso en la Asamblea de las Naciones Unidas durante sus sesiones en 2024. Otro ejemplo es la disminución de la asignación presupuestaria a nivel nacional destinada a la investigación en materia ambiental.
A través de esta solicitud, Ética Climática y Desarrollo busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas en torno a los avances de Argentina en la lucha contra el cambio climático, especialmente en un momento en que la postura oficial parece desafiar el consenso internacional sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para mitigar los efectos del calentamiento global.
Foto: Argentina.gob
