En Argentina el 75% de los altos rangos dentro del Poder Judicial son ocupados por varones. La falta de paridad de género y la transparencia en el acceso a los cargos son los puntos principales en el reclamo feminista para una reforma judicial.
La reforma estructural del Poder Judicial deviene del debate instalado en la agenda feminista para incorporar perspectiva de género en un organismo que refleja graves irregularidades en los fallos judiciales, demoras y falta de accesibilidad de las mujeres y disidencias a la Justicia.
Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2020 de 274 causas judiciales por femicidios, tan sólo cuatro tuvieron una sentencia firme, 32 fueron archivadas y 209 continúan en el proceso judicial.
A su vez, la reforma judicial feminista pretende que se garantice la paridad de género en la ocupación de cargos así como también la transparencia en los concursos para nuevos magistrados. Desde la última década, sólo un 25% de mujeres fueron designadas como magistradas en la Justicia Federal, según los datos de la Secretaría de Justicia de la Nación.
Esta falta de transparencia fue denunciada a principios de este año por La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Poder Ciudadano y Red Mujeres para la Justicia (conformada por juezas y funcionarias judiciales). Estas organizaciones civiles elevaron notas al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo y al Senado para señalar la irregularidad en la conformación de las ternas que excluyen mujeres. Puntualmente, denunciaron que las ternas aprobadas en cinco concursos a fines de 2020 no las incluyen, lo que también viola el reglamento del organismo, que establece que debe haber al menos una mujer entre las personas propuestas al Poder Ejecutivo como futuros jueces y juezas.
Eugenia Scarpinello, abogada, docente y escritora; especialista en Derecho Procesal Constitucional y Especialista en DDHH y Crítica Social del Derecho, en conversación con Ruido afirma: “La reforma judicial feminista busca poner énfasis en la eliminación de la injusticia por razones de género. Según el movimiento feminista esto se lograría tomando varias medidas que generen cambios radicales en el Poder Judicial como lo son: lograr paridad de género, eliminación de prácticas machistas en el interior de dicho Poder, garantización de canales de acceso rápidos y eficaces de las mujeres a la justicia, capacitaciones en materia de género para todos los empleados y funcionarios en carácter obligatorio, integración de las disidencias de género, uso de un lenguaje claro e inclusivo en las resoluciones y sentencias, entre otras. Este conjunto de medidas permitirían a su vez visibilizar las diversas violencias de género que actualmente se encuentran ocultas en la práctica”.
Capacitación a los/as magistrados/as en perspectiva de género
La Ley Micaela promulgada en el 2019 establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del estado. Sin embargo, en la práctica aún se continúa incumplimentando esta normativa.
A comienzos de este año la Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina (ABOFEM Argentina) presentó un escrito ante Consejo de la Magistratura de la Nación a través del cual impugna a 52 jueces y juezas que se postulan para ocupar dos cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital (Sala I) por carecer de capacitación en perspectiva de género, en el marco del concurso público N° 461.
La capacitación en perspectiva de género no sólo es necesaria para el personal judicial en cuanto a la implicancia a la hora de dictaminar fallos sino también al interior del mismo organismo. Scarpinello ejemplifica esto mencionando situaciones de violencia de género que son silenciadas como los casos de abuso y acoso cometidos por altos funcionarios judiciales contra su propio personal femenino.
¿Es posible lograr una reestructuración del Poder Judicial?
Respecto a la efectiva implementación de la reforma la abogada expone:
“Cuando hablamos de justicia o sistema judicial, es necesario aclarar: si la reforma en cuestión va a ser en la justicia federal y no en las provincias estaríamos ante el más grave problema ya que esta reforma sería una reforma meramente parcial.
Para entendernos mejor, en nuestro país tenemos la justicia federal y la justicia ordinaria (las provincias). Es decir, si solo se reforma la justicia federal, será una reforma necesaria pero muy pequeña.
Considero que hay una resistencia a una transformación cada vez que se habla de una reforma constitucional, pero lo cierto es que nuestra carta magna, es una ley, no un dogma, por lo que se puede reformar cumplimentando los requisitos conforme a derecho”.
“Iglesia y Estado, asunto separado”
Un pedido fuertemente aclamado por el movimiento feminista es la separación de la Iglesia y el Estado, acentuado particularmente a partir del debate sobre de la legalización del aborto pero devenido de una serie de leyes que ampliaban derechos a las mujeres y disidencias a las cuales la Iglesia se opuso.
¿Qué ocurre cuando la religión intercede en los fallos judiciales?
La abogada especialista en Derecho Procesal Constitucional y DDHH expone las implicancias de la intervención de la Iglesia en el Poder Judicial.
“La falla más nefasta es la mano negra del opus dei y de los evangélicos, que se colaron por las columnas de nuestros tribunales, desde sus albores, adormeciéndose en las togas de los magistrados.
La justicia debe ser secular, si no lo es, entonces no es justicia y mucho menos justicia feminista.
De cuando en cuando, más veces de lo que una sociedad sana, pudiera soportar, encontramos fallos donde una violación es un desahogo sexual, o donde una nena de once años debe ser obligada a parir o donde una mujer es acusada de su propia violación.
Si no se sacan las cruces de los juzgados, de manera figurada y literal, no hay justicia, solo hay una farsa religiosa disfrazada de toga.
Las religiones cercenan derechos y van contra las minorías, imponiendo dogmas, disimulados en valores que no es más que el odio más puro.
La libertad de credo existe, y debería existir siempre, pero las religiones deben ser un asunto privado, Religión y Estado asuntos separados, aún más en la Justicia.
¿Por qué un hombre evangélico debe juzgar según sus propias creencias mi vida, mis relaciones familiares, mis cuestiones civiles o la comisión de los delitos? ¿Qué siente un islámico o un budista al entrar a juzgados donde cuelgan cruces por doquier?
Con esto no quiero decir que las personas, para integrar el Poder Judicial deban ser ateos forzosamente, pero sí pretendo que ejerzan sus funciones de acuerdo a la Constitución y dejen sus libros sagrados de lado, como así también sus obtusos prejuicios”.
