- No publica datos oficiales de compras.
- Los “datos sensibles” que no se muestran.
La transparencia en las cuentas públicas siempre fue una materia pendiente en Santa Cruz, provincia que no cuenta con un portal de compras on line para poder hacer seguimiento de las mismas, en tanto que el Boletín Oficial es un instrumento que sólo se publica dos veces por semana, con demoras y sin orden cronológico.
Por tal razón, la ley de Acceso a la Información, fue la herramienta para poder acceder a los datos del Estado, que fueron promovidos por el abogado Javier Stoessel, para Ruido.
Se presentaron siete pedidos de acceso a la información a los ministerios involucrados con la pandemia, de los cuales cinco fueron respondidos.
Parte de la base de datos que construyó Ruido para analizar los datos provinciales también fueron cotejadas con información oficial de la vocalía por la minoría del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Pese a que a la ley entró en vigencia hace más tres años y el protocolo indica que cada ministerio cuenta con un referente para responder los pedidos de acceso, cada cartera respondió con procedimientos diferentes: mientras algunas consignaron los instrumentos públicos a través de las que se gestionaron las compras, otras simplemente enviaron cuadros detallando las compras. Algunos ministerios fueron minuciosos en la elaboración de los informes, otros obviaron detallar el nombre de los oferentes ganadores.
En la provincia, las compras vinculadas al Covid-19 se realizaron en su gran mayoría a partir de adquisiciones directas de bienes, servicios o equipamientos amparados en el artículo 11 del decreto 273/20 que declaró el estado de Emergencia Sanitaria.
En la respuesta al pedido de acceso a la información que lleva la firma del ministro de Salud, Claudio García, algunos datos no fueron incluidos por constituir “datos sensibles” y se ampararon en el decreto que reglamenta la ley provincial.
El gobierno de Alicia Kirchner presentó a finales de 2020 un programa para la detección de riesgos potenciales de corrupción, con estándares antisoborno bajo normas ISO, que cuenta con el apoyo del CFI.
En el discurso de apertural del año legislativo, la gobernadora informó que en el año de la pandemia se invirtieron 877 millones de pesos en Salud, destinados a personal, bienes de consumo y bienes de uso y servicios no personales. De los cuales, a partir de los pedidos de acceso a la información elevados a los diferentes ministerios para la presente investigación presentados a finales de diciembre de 2020 se pudo documentar un monto total de compras COVID por 594 millones. De ese total, $563 millones fueron finalmente adjudicados.
