Legislaturas secretas: San Luis, sin registros ni constancia de rendición de cuentas

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La Legislatura de San Luis tiene un sistema bicameral con 9 senadores y 43 diputados, pero una gran particularidad con relación al personal político que trabaja para los legisladores. 

Por Ley, los legisladores sanluiseños además de percibir su dieta, a valor de marzo de 2024 de $ 1.400.000, reciben el mismo monto en concepto de “módulo” en virtud de lo previsto por el articulo 7 de la Ley 1104/2023, aunque el sistema se aplicó desde 2011 a través de la Ley 0790.

Este es uno de los datos del relevamiento sobre contrataciones de personal o manejo de fondos en las legislaturas argentinas, según revela la investigación de Ruido y Poder Ciudadano, «Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos«.

En el caso de San Luis, la normativa establece que cada legislador dispone de 12 módulos anuales equivalentes a un haber bruto que percibe en su carácter de legislador para dedicarlos a “gastos de insumos, de telefonía celular, de asesoramiento, de gestoría, de servicios técnicos y profesionales, de transporte, combustible, estadía y demás gastos que su actividad como legislador le genere para el cumplimiento de su función”. Los gastos deben ser rendidos a través de comprobantes ante la secretaría legislativa de cada Cámara, pero es el Tribunal de Cuentas de la Provincia el responsable de controlar el destino de cada módulo. 

Informes sin presentar

Sin embargo, según contó la diputada Silvia Sosa Araujo, quien ocupó la presidencia de la Cámara Baja hasta el pasado 31 de marzo, “todavía hay diputados que no presentaron la documentación del año pasado”. Desde el órgano contralor de la Provincia nunca se informó públicamente sobre el manejo que los legisladores hacen de sus módulos.

En la información recibida a través de los pedidos de acceso a la información sólo se pudo conocer el listado de empleados legislativos pertenecientes a la estructura permanente de ambas Cámaras. Salvo el informe del Senado que también incluyó al personal jerárquico (secretarios y prosecretarios), no así el de Diputados. 

En definitiva, no existe registro de asesores o colaboradores de los legisladores puntanos.

De los Rodríguez Saá a Poggi

La Provincia tuvo un cambio de color político en su gobierno después de 40 años y la transición fue bastante complicada, de hecho, no existió, según denunció el actual mandatario Claudio Poggi

Meses antes de dejar el gobierno, su antecesor Alberto Rodríguez Saá impulsó una nueva Ley que reformó la 0790/2011 y creó 53 nuevos cargos políticos en la Legislatura, destinados a un “cuerpo especial de directores”; para cada una de las comisiones parlamentarias de cada Cámara y de la Comisión Bicameral. 

También se creó un cargo de Director Operativo Contable por cada Cámara. Cada uno de ellos podían ser designados por mayoría simple.

Ya vigente, sólo el Senado aprobó con mayoría rodriguezsaaísta (6 a 3) la designación de 18 funcionarios -todos vinculados con el gobierno anterior- pero apenas asumido el 10 de diciembre, el vicegobernador Ricardo Endeiza suprimió los nombramientos.

Finalmente, con los números de su lado -gracias a legisladores que dejaron de responder a Alberto Rodríguez Saá, para sumarse al nuevo oficialismo- el poggismo logró primero en octubre en Diputados y el pasado de 9 de abril en el Senado, eliminar los 53 cargos creados el año pasado. Eso sí: el sistema de módulos se mantiene inalterable.

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